U. San Martín desvió al exterior casi un billón de pesos para no pagar obligaciones
 

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El dinero, proveniente de matrículas y otros ingresos, fue desviado al exterior por los directivos para evitar pagar las obligaciones adquiridas del centro educativo.

Durante la audiencia de imputación de cargos realizada en la casona en la que vive el fundador de la Universidad San Martín, Mariano Alvear, debido a su estado de salud, el fiscal del caso señaló que se vincula a las directivas penalmente por 14 fraudes procesales, 14 falsedades materiales, 17 fraudes a resolución judicial, estafa en la modalidad de delito masa, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

En la diligencia estuvieron Alvear, en una cama de hospital, Juan Carlos Mahecha Cárdenas y Ricardo Caballero Calderón, todos exfuncionarios de la entidad educativa. La Fiscalía les imputó cargos por fraude procesal, fraude a resolución judicial, estafa en la modalidad de delito masa, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir y falsedad en documento público. Ninguno de los tres aceptó cargos.

Los fraudes a resolución judicial los cometieron en los casos denunciados por personas que ganaron contra el centro educativo procesos laborales por el no pago de muchas de las obligaciones surgidas en el contrato de trabajo.

Además, jamás hicieron pagos ordenados en las sentencias de los jueces laborales de todo el país.

En cuanto a los fraudes procesales, la Fiscalía explicó que estas personas presentaron documentos falsos para levantar los embargos que bloqueaban las posibilidades de vender bienes en diversas ciudades del país y de esta manera afectar a quienes ya eran sus acreedores.

Más tarde, esos bienes eran negociados a través de fiducias, como datos y otras figuras del derecho civil y comercial. De esta manera, volvían al control de los directivos de la entidad.

Al lado de ellas, se presentaban las falsedades materiales porque presentaban documentos que nunca expidieron entidades como el IDU, la Alcaldía de Bogotá y otras, para hacer incurrir en error a los funcionarios de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, entre otros.

La estafa en la modalidad de delito masa se habría presentado cuando ofrecieron carreras que no podían presentar ante el público porque no tenían la autorización respectiva.

El monto total de lo que recaudaron por esta actividad fue de 3.143 millones 146.014 pesos. En esencia, explicó el fiscal del caso, indujeron en error a las personas porque no estaban facultados para tal fin.

Ligado a esto, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, aparece inseparable el delito de enriquecimiento ilícito.

Precisamente, el rastreo de bienes que hizo la Fiscalía General de la Nación estableció que era a través de transferencias bancarias usando más de diez entidades financieras.

El dinero de los estudiantes y de la universidad ha sido detectado en países como México, las Islas Cayman, Estados Unidos, India, Luxemburgo, Taiwan, Alemania, Corea del Norte y Rusia.

A estos países llegaron los 943.551 millones 742.555 pesos surgidos del dinero de las matrículas, préstamos bancarios, el no pago de acreencias laborales y de compromisos tributarios con la ciudad de Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación solicitó que se les imponga medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario a Juan Carlos Mahecha y Ricardo Caballero Calderón. Para Mariano Alvear se pidió detención domiciliaria.