DeNunCianDo - Máximos jefes de las Farc no podrán ser elegidos

Máximos jefes de las Farc no podrán ser elegidos

EL TIEMPO

Responsables de narcotráfico o reclutamiento de menores podrían hacer política tras pagar condena.

Condenados por delitos 'menores' sí puedan intervenir en política, según la ponencia aprobada.
Por seis votos a tres, la Corte Constitucional acogió la ponencia que declara exequible el Marco Jurídico para la Paz en lo que tiene que ver con participación en política de desmovilizados de grupos insurgentes.

La ponencia aprobada fue la de la magistrada Martha Sáchica que le da un no rotundo a la posibilidad de que los culpables por crímenes de lesa humanidad y genocidio puedan hacer política.

La Corte dejó a salvo la facultad del Congreso para establecer cuáles son los delitos conexos al político, y por lo tanto para definir quiénes podrían llegar a un cargo de elección popular a pesar de estar condenados.

Esto se debe hacer en una ley estatutaria que sólo podrá presentarse una vez se haya firmado la paz y que en ningún caso podrá incluir delitos como el genocidio y los de lesa humanidad. Sin embargo, podría darse el escenario de que el Congreso les dé esos beneficios a culpables de delitos de guerra como reclutamiento de menores, terrorismo, utilización de armas no convencionales y narcotráfico, que no están en el grupo de los delitos excluidos en la aprobación del Marco Jurídico para la Paz en el 2012.

En todo caso, dice la Corte, será necesario haber pagado la condena impuesta por la justicia para poder aspirar a un cargo de elección.

Este jueves el presidente de la Corte, Luis Ernesto Vargas, aseguró que ninguno de los tratados internacionales suscritos por el país impone restricciones para la participación en política y que en ese orden de ideas lo que se aplica es lo aprobado en el Marco Jurídico.

¿Por qué máximos jefes de Farc no podrían llegar al Congreso?

A pesar de que la Corte le abrió un amplio espectro al Congreso para dar beneficios de participación en política, actualmente los máximos jefes de las Farc tienen condenas por conductas que corresponden a la definición de delitos de lesa humanidad, como el secuestro, homicidios fuera de combate y desaparición forzada, entre otros.

El artículo demandado le da al Congreso la facultad de expedir una ley estatutaria que regulará “cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política. No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos.”

La ley Estatutaria tendrá control previo de la Corte Constitucional, que al declarar exequible el Marco Jurídico para la Paz hace unos meses estableció fuertes restricciones para evitar la impunidad.

La demanda, interpuesta por el ex viceministro Rafael Guarín, pretendía que se declarara inconstitucional esta ley al señalar que la limitación también debería extenderse a quienes han cometido acciones terroristas, de narcotráfico y crímenes de guerra.

El argumento principal era que con dicho acto se estaba sustituyendo el pilar fundamental de la Constitución, según el cual "el Estado tiene la obligación de investigar, juzgar y condenar todas las graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo aquellas que sean el resultado de actos de terrorismo o delitos transnacionales".

Uno de los puntos más álgidos de este debate se dio hace un mes cuando se conoció el proyecto sobre el tema de manos del entonces magistrado Alberto Rojas Ríos.

La polémica surgió porque este proponía que podrían participar en política todos los actores del conflicto (paramilitares, agentes del Estado y narcotráficantes) y no solo quienes hayan cometido delitos políticos, con fundamento en una justicia transicional incluyente basada en el principio de igualdad.

Además, planteaba la eliminación constitucional de la restricción absoluta de participación en política para quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o genocidio, a condición de que previamente se haya realizado un juicio y se les haya impuesto a los máximos responsables las condenas a que haya lugar.

Según esa propuesta, solo se podría participar en política cuando los actores del conflicto, sea cual sea su carácter, estén “a paz y salvo” con la justicia penal y hayan respondido por sus crímenes.

Los artículos demandados

Los artículos demandados específicamente eran el artículo primero y tercero del Marco Jurídico para la Paz. El artículo primero crea un nuevo artículo transitorio en la Constitución, el 66, que indica que "una ley estatutaria podrá autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, se dé un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación con su participación en el mismo".

Guarín también había demandado el artículo tercero que crea en la Constitución el artículo transitorio 67. Este dice que "una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política".

De otro lado, también establece que "no podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos".