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¿Cuáles víctimas?

Por Rafael Guarín -SEMANA-

Siempre que se hace una crítica al alcance del Marco Jurídico para la Paz el gobierno Santos replica que su aplicación, a partir del proceso de La Habana, se basa en una estrategia integral que busca satisfacer los derechos de las víctimas. Aún más, se suele afirmar que las víctimas están en el “centro del proceso”.

Y en efecto, las víctimas están en el centro… pero de la burla del proceso. En la declaración de principios que guía el debate de ese punto de la agenda, por ejemplo, los “plenipotenciarios” del gobierno y de las FARC convinieron en que las víctimas son del “conflicto armado”, es decir, de nadie.

Es la forma de evadir que el Secretariado tenga que aceptar su condición de victimario y de trasladar su responsabilidad a un concepto abstracto del que se deriva que la violencia es responsabilidad de todos, no de quienes la ejecutan.

Las FARC insisten en que son víctimas y más de un “académico”, “político” y “opinador” está dedicado a expandir esa especie. No es gratuito, pues al serlo, tenían y tienen el legítimo derecho a la “rebelión” armada. Esa falacia es la piedra sobre la que se edifica una narrativa legitimadora de la barbarie desplegada en nombre de la revolución.

Todo indica que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, cuya satisfacción es un imperativo de humanidad, quedarán en pura propaganda.

¿Cuál verdad? ¿La de que las FARC no son victimarios? ¿Qué las masacres no las ordenó la cúpula fariana, sino que son simple responsabilidad del conflicto? ¿Qué el grupo no perpetró acciones terroristas? ¿O que las FARC no tienen nada que ver con crímenes de lesa humanidad y de guerra? ¿O con el genocidio de Esperanza, Paz y Libertad? ¿O que el Partido Comunista y la Unión Patriótica no jugaron un papel en la estrategia de guerra irregular con las FARC? ¡Cuál verdad! ¡La que quieren imponer en La Habana y que comienza con exorcizar a la guerrilla de su condición de victimario!

¡Verdad! ¿La que se quiere escribir en una Comisión de Revisión Histórica impuesta por las FARC con el fin de justificar su existencia y legitimar sus crímenes? La que esconde en los problemas relacionados con la violencia histórica y el campo que esa guerrilla existe solo por una razón: la decisión de un partido de tomarse el poder combinando la acción política y violenta. ¿O la verdad que presenta al Estado y a la fuerza pública como brazo de un “Estado terrorista”? Puras mentiras disfrazadas con artificio.

¿Justicia? ¿Cuál justicia? ¿La que con generosidad busca que asesinos consagrados de cientos de miles de colombianos no cumplan pena alguna diferente a hacer trabajo social o pedir excusas públicas? ¿La impunidad que pretende justificarse con la amenaza de que si no se concede habrá nuevas víctimas? ¿O la versión de abogados de oficio de las FARC en el sentido de que exigir cárcel ante los crímenes atroces es parte de una visión arcaica del derecho?

Y ¿la reparación? ¿Cuál reparación? ¡Ni una sola palabra de las FARC de arrepetimiento y de pedido de perdón a las víctimas! Lo contrario. Timochenko y compañía reivindican cada una de las atrocidades. No hay mención en el acuerdo sobre narcotráfico y cultivos ilícitos a la entrega de la inmensa riqueza acumulada con la coca para reparar las víctimas, en cambio, si se eleva ese delito a la categoría de político. Tampoco en el punto sobre la “reforma agraria integral” aparece el compromiso de devolver las tierras despojadas por el grupo, a pesar que el propio Presidente denunció, en febrero de 2013 en San Vicente de El Caguán, que las acumuladas ilegalmente por esa organización superaban en un cálculo inicial las 500.000 hectáreas. ¿Cuáles son, camarada Márquez?

Se revictimiza al pretender utilizar groseramente a las víctimas con el propósito de legitimar indirectamente a las FARC y deslegitimar directamente al Estado, que es lo que está ocurriendo.

El lamentable cuadro se completa con las palabras del presidente Santos que tienen la deplorable consecuencia de validar el asesinato de soldados y policías. ¡La guerra es entre “combatientes”!, afirmó. Me dirán que es así porque es un conflicto armado no internacional y que en estricto sentido no hay lugar a reproche si en la muerte en combate se respeta a cabalidad el derecho internacional humanitario DIH; pero olvidan que parágrafos y encisos no pueden justificar que se siga matando a los integrantes de la fuerza pública y que la sociedad colombiana está unida en repudiar tales asesinatos. Es lo que pasa cuando una categoría jurídica se emplea en el marco de una guerra irregular para legitimar “la guerra”, que no es otra cosa que el crimen.

Ahora la guerrilla se da el lujo de vetar como víctimas a los militares y policías. Para la guerrilla y sus asesores, así hayan sido objeto de graves infracciones al DIH los integrantes de la fuerza pública no son víctimas, pero sí victimarios. Todo es preludio de lo que se viene con la paz así concebida. Y luego se indignan porque se diga que las FARC van ganando.

Nota: Atender en serio los derechos de las víctimas podría ser la base de un acuerdo entre los sectores críticos del proceso de paz y el gobierno Santos.