DeNunCianDo - ¿Al fin quién miente en caso de las ‘chuzadas’?

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El general Jorge Zuluaga, jefe de inteligencia Técnica del Ejército, y el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre.

Foto: SEMANA

Los lectores de la edición impresa del diario El Tiempo se sorprendieron en la mañana de este martes al abrir su periódico. En la página 6 hay dos títulos del mismo tema, pero diametralmente opuestos. “‘En sala Andrómeda no se podía interceptar’: General” dice a lado de la izquierda. A la derecha, por el contrario, se afirma: “Fiscalía halla cinco correos ‘hackeados’ desde fachada militar”. ¿Al fin qué? ¿Quién miente en el caso de las interceptaciones?

El primer titular corresponde a una afirmación del general Jorge Zuluaga, jefe de inteligencia Técnica del Ejército, quien en una entrevista con La W afirmó que no se podían interceptar correos electrónicos desde la sala de inteligencia Andrómeda, que funcionaba en un café internet en el barrio Galerías de Bogotá. El segundo artículo corresponde a los hallazgos que hasta ahora han encontrado los peritos de la Fiscalía General de la Nación en los equipos que fueron decomisados en ese local.

Es decir, mientras el alto oficial, relevado de su cargo durante el tiempo que dure la investigación, insiste que allá no se cometió un delito, la Fiscalía empieza a mostrar resultados contrarios. En la entrevista con La W, recogida por El Tiempo, el exjefe de Inteligencia militar reitera que en la fachada se hizo “todo legal y con transparencia” y que todos sus subalternos pasaron por el polígrafo.

“Nunca hallarán (en esos computadores) un nombre con una actividad ilícita”, aseguró el general Zuluaga, quien fue enfático al afirmar en que “no era misión de Andrómeda interceptar”. El alto oficial incluso reviste lo ocurrido allí con un cierto aire de nobleza. En efecto, el general aseguró que uno de los propósitos de crear esa fachada fue “acercarnos a la comunidad de hackers, conocerla, conocer de ella, aprender y traer conocimiento”.

Otra cosa bien distinta la informa el mismo periódico sobre lo que ha hecho hasta ahora la Fiscalía. Cinco correos electrónicos ‘hackeados’ encontró el ente acusador, dice el rotativo, en el primero de los computadores abierto y procesado por peritos del CTI que investigan las presuntas irregularidades en la fachada militar del café internet Buggly Hacker.

Aunque El Tiempo aclara que fuentes oficiales señalaron que los correos corresponden a mujeres jóvenes que no tienen nada que ver con actividades políticas o públicas, dice que la Fiscalía citará a entrevista a estas personas para preguntarles si ellas autorizaron un “hackeo ético” de sus correos para establecer qué nivel de seguridad tenían, o si, por el contrario, no sabían que sus cuentas habían sido interceptadas.

Pero si ellas no autorizaron el ‘hackeo’, según voceros de la Fiscalía, ya se configuraría un delito que podría poner a responder ante los jueces a los encargados de la fachada. El diario agrega que cerca de 40 investigadores trabajan en turnos dobles para acceder a la información de los computadores antes de mes y medio. Cada PC tenía claves de seguridad complejas y los peritos del CTI han tardado hasta cinco horas para superar cada acceso restringido.

Dos de los equipos no se han podido abrir y, por sospechas de que contienen información de seguridad nacional, se examina si se compra la tecnología para acceder a ellos.

En la entrevista con la emisora, el general Zuluaga negó que hayan chuzado al presidente Juan Manuel Santos. “Estamos para proteger el Estado, y más al comandante en jefe de las Fuerzas Militares (...)”, aseguró a La W.

En la otra orilla, el ente acusador amplía la investigación. Según El Tiempo, la Fiscalía ordenó que un equipo de investigadores se traslade a México para entrevistar al pintor Fernando Botero y a su hijo, el exministro Fernando Botero, y establecer cómo fueron interceptados los mensajes que este último intercambió con el presidente Santos.

Igualmente, se verifica si esos seguimientos tienen alguna relación con la investigación a Buggly Hacker. Los investigadores también examinan la suplantación de la que fue víctima María Antonia Santos, hija del presidente, a quien le llegó una factura de una empresa de telefonía por 114.000, cuando ella no firmó ningún contrato.