Ecuador sufrió el pasado 31 de mayo uno de los derrames más graves de petróleo cuando se vertieron el equivalente a 11.480 barriles de crudo a los ríos Coca y Napo, que podrían llegar hasta Perú, y que afecta a 32 comunidades indígenas.


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A mediodía del pasado 31 de mayo se registró una alerta en el Ministerio del Ambiente de Ecuador, en la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y en la sede de la empresa estatal Petroecuador. Tras una serie de llamadas telefónicas, comenzaron a desplegarse mapas de la zona nororiental ecuatoriana sobre la mesa de trabajo de técnicos de ambientales y responsables políticos. El punto señalado es la pequeña población amazónica de Reventador, en el kilómetro 82 de la carretera que une Quito con el Lago Agrio, la capital petrolera del país.

El despliegue fue rápido. En las siguientes dos horas aparecieron varios vehículos oficiales y camiones militares en la zona del siniestro. Los vecinos de Reventador, una localidad con algo más de 1.500 habitantes de los cuales aproximadamente el 70% son pobres, repitieron una y otra vez su narración de los hechos al ser preguntados.
Contaminación del agua de los ríos

Unos y otros comentaron que sobre las 9,30 h de la mañana, tras dos días de fuertes lluvias en la zona, “se produjo un fuerte deslave en una loma situada a pocos metros de la entrada a la población” y el desprendimiento de tierras ocasionó la ruptura del oleoducto que recorre el lugar. “Sonó 'durísimo', así como cuando explotó el Reventador”, afirmaron algunos vecinos señalando al volcán que da nombre al pueblo y que tuvo su última erupción en noviembre de 2002. El talud ocasionó la ruptura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), una red de tuberías conocida como la “serpiente metálica” que atraviesa gran parte de la Amazonia ecuatoriana hasta llegar a la ciudad costera de Esmeraldas –donde el crudo es embarcado hacia otros países–, cruzando previamente la Cordillera de los Andes. Algunos pobladores han denunciado que sus animales han enfermado tras la ingestión del agua del río y, aproximadamente, unas 60.000 personas han quedado desabastecidas.
Automáticamente, el Gobierno ecuatoriano puso en marcha una flota de camiones que se desplazaron desde Quito y suministraron agua embotellada a los afectados, de igual manera, también se enviaron camiones-tanque con agua potable desde Lago Agrio y Shushufindi y la empresa Petroecuador construyó un acueducto de dos kilómetros para transportar agua desde el río Payaminoa, la planta de tratamiento de agua del río Coca, desde donde se abastece a toda la capital de la provincia de Orellana.

Además, se hizo público un comunicado oficial indicando que “la emergencia no afectaría a las exportaciones de crudo ni al abastecimiento de las refinerías”. Por su parte, técnicos de la empresa estatal de crudo manifestaron que: “Tenemos suficiente crudo almacenado tanto en Lago Agrio como en Esmeraldas para que no se vean afectadas ni las refinerías del país ni nuestras exportaciones”.

Técnicos de varios ministerios recorrieron las poblaciones donde se repartieron documentos informativos con frases como: “Ahora sí el petróleo es para la Amazonía”, “Estamos construyendo la sociedad del Buen Vivir”, “Nuestros recursos naturales son la base de nuestro desarrollo” o “Ecuador ama la vida”.
Un vertido de 11.840 barriles de petróleo

Sin embargo, según las informaciones oficiales, la ruptura de la tubería ha provocado un derrame de unos 11.480 barriles de petróleo, provocando contaminación en los ríos Coca y Napo. La reparación del oleoducto fue rápida y en apenas tres días el oleoducto SOTE reanudó el bombeo de crudo, a la vez que ya se trabajaba en el plan de 'reparación' ambiental. Según los dirigentes de Petroecuador la intervención del Estado ha sido un éxito. Este mensaje junto al de que Ecuador es el país con la Constitución “más verde del planeta”es repetido de manera continuada por diversas autoridades en los actos oficiales que se enmarcan en la Semana del Medio Ambiente, que, irónicamente tuvo lugar tres días después del derrame.

Sin embargo, y a pesar de la propaganda oficial, no todo es perfecto. El informe de la compañía estadounidense OilSpill Response Limited, contratada por Petroecuador para la evaluar las zonas afectadas, señala que el derrame afectó a 400 kilómetros a lo largo de las riberas del río Coca y Napo, desde Reventador hasta la entrada de la laguna Añangucocha en Perú.
Según manifestaron algunos de los 300 trabajadores que han sido contratados para la 'reparación' ambiental, los daños no se subsanarán hasta dentro de seis meses debido a la gran extensión de terreno dañada en la que se ha esparcido el petróleo. Mientras, los portavoces de las organizaciones ambientalistas y dirigentes indígenas señalan que un río afectado por un derrame de petróleo pierde su flora y fauna, muchas de las sustancias que contiene el crudo se depositan en los sedimentos, no desaparecen y son bioacumulables. Se calcula que metales pesados como el vanadio puede permanecer en los ríos durante al menos diez años. Además, el derrame puede afectar a unas 32 comunidades indígenas cuya vida se desarrolla alrededor de los ríos Coca y Napo.
Para el biólogo Diego Mosquera, director de la Estación de Biodiversidad de Tiputini del Parque Nacional Yasuní: "En los últimos 30 años, por las operaciones petroleras en la Amazonía, se han derramado algo más de 20 millones de galones [un galón son 4,5 litros] de petróleo". Los datos del Ministerio del Ambiente constatan la magnitud del problema: "La media de accidentes entre 2000 y 2011 fue de casi 50 al año". Pero nadie parece tenerlo tan claro como Lizbeth Wachapa, una joven estudiante de la ciudad de Coca que afirma: “Mientras en la Amazonía se siga viendo el verde de los dólares por delante del verde de nuestros árboles, se perpetuará la devastación y contaminación de nuestro entorno”.