DeNunCianDo - TRAIDOR: Asesor de Cancillería es suegro de consultor de empresa que construirá canal en Nicaragua

Rafael Nieto Navia es suegro de uno de los consultores de la empresa china que construirá el canal en Nicaragua.

http://www.semana.com/upload/images/...9_202913_1.jpgEn diálogo con Semana.com Rafael Nieto Navia aseguró que no conoce de los negocios de la empresa para la que labora su yerno y su hijo.

Foto: SEMANA.

Un hecho que seguro causará polémica rodea a la estrategia de defensa de Colombia para interponer el recurso de revisión al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que le despojó su soberanía en cerca de 75.000 kilómetros de mar territorial en el archipiélago de San Andrés.

Se trata de un presunto conflicto de interés en el que habría incurrido uno de los seis expertos contratados por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos para asesorar al país en la defensa en este litigio.

El abogado en cuestión es el experto internacionalista Rafael Nieto Navia, quien es suegro de Stephen C. Donehoo, socio gerente de la firma McLarty Associates, una de las cuatro consultoras internacionales de la empresa del enigmático empresario chino Wan Jin para la construcción del canal interoceánico.

La participación de esta firma, como lo comprobó Semana.com, quedó en evidencia un día después de que el Congreso de Nicaragua aprobara el acuerdo para la construcción del canal interoceánico. El 14 de junio el presidente Daniel Ortega presentó entusiasmado a quienes participarán de la construcción del controvertido proyecto.

Se trata de la prestigiosa firma McLarty Associates, propiedad de Mack McLarty quien fuera jefe del gabinete del presidente Bill Clinton durante su primer gobierno.

Quien representó a McLarty Associates en el acuerdo para la construcción del canal fue el gerente de la firma, Stephen C. Donehoo, quien además es el responsable de la empresa en México, América Central y los países andinos. El propio Daniel Ortega lo saludó en el acto público como lo demuestra la fotografía que publica Semana.com.

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En el centro Stephen C. Donehoo, socio gerente de la firma McLarty Associates y yerno de Rafael Nieto Loaiza. A la derecha el presidente de Nicaragua Rafael Ortega.

Donehoo, militar retirado de los Estados Unidos, se casó con María Teresa Nieto en el año 2009, ver lista de regalos del matrimonio y además la empresa de la cual es gerente cuenta con la participación del otro hijo de Rafael Nieto Navia, el exministro Rafael Nieto Loaiza, quien hace parte del grupo de asesores de la firma en Suramérica, tal como se puede comprobar en la página web de la compañía

Donehoo además confirmó la participación de la consultora en el proyecto del canal interoceánico en declaraciones que concedió al periodista Andrés Oppenheimer del Nuevo Herald (ver nota), en las que asegura que el empresario Wan Jin nada tiene que ver con el gobierno chino. “Antes de aceptar este contrato de asesoría, hicimos nuestros estudios para asegurarnos de que podíamos estar convencidos de que Wang no es un testaferro del gobierno chino, y determinamos que no lo es. Se trata de un emprendedor que ve una oportunidad, y está arriesgando su propio dinero para hacer los estudios de factibilidad y ver si el proyecto funciona”, explicó al reconocido periodista.

Pero lo particular de este hecho es que Rafael Nieto Navia fue uno de los que controvirtió la tesis de que tras el fallo de La Haya “habría estado influenciado” por un negocio multimillonario entre China y Nicaragua.

Esa tesis, fue defendida públicamente por la exministra Noemí Sanín quien aseguró en un artículo publicado en SEMANA, que para llevar a cabo ese proyecto Nicaragua “necesitaba hacer suyas” las aguas del sur del archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el Caribe.

Dicha tesis se ha fortalecido luego de que el Gobierno de Daniel Ortega firmara el acuerdo para la construcción del canal con el chino Wan Jin, presidente de la empresa HKND (HK Nicaragua Canal Development Investment Company) y de quien se afirma que sería el eslabón para demostrar la participación del gobierno chino en la construcción del canal en Nicaragua.

Los que defienden esta tesis aseguran que Xue Hanqin, la juez china que participó de la decisión de La Haya, debió declararse impedida por los presuntos intereses de su gobierno en la construcción de dicho canal interoceánico y debía poner en conocimiento de la CIJ esa información para que los demás jueces la tuvieran en cuenta a la hora de adoptar su decisión definitiva.

Ese ha sido uno de los argumentos que varios sectores políticos le han pedido al gobierno colombiano “incluir” dentro del recurso de revisión al que tiene derecho, con el propósito de revertir por la vía jurídica la decisión del tribunal de La Haya, y con el argumento que es un hecho sobreviniente y que no estuvo al alcance de los jueces a la hora de proferir el fallo.

Pero Nieto Navia controvirtió sus argumentos públicamente y desestimó la tesis. En declaraciones concedidas al diario El Espectador, el pasado 8 de mayo, afirmó que “la relación de China y Nicaragua viene de tiempo atrás y que no tienen relación con las eventuales demandas de Colombia de interpretación o revisión al fallo”.

Sin embargo, hay quienes creen que Nieto Navia ha debido poner en conocimiento del Gobierno colombiano la participación de su yerno como consultor en el proyecto del canal interoceánico de Nicaragua antes de aceptar el contrato como asesor del gobierno en la revisión del fallo de La Haya.

En diálogo con Semana.com Nieto Navia aseguró que no conoce de los negocios de la empresa para la que labora su yerno y su hijo y que hasta hoy se enteró de que McLarty Associates hace parte de los consultores de la empresa china que se encargará de la construcción del canal interoceánico. “El Gobierno me contrató en noviembre y el contrato ya terminó, no tenía motivos para declararme impedido”. Un argumento que quienes conocen la minucia del caso, ponen en duda.

Nieto tampoco se pronunció si acogió la tesis de la exministra Sanín pues aseguró que el concepto es confidencial y ya está en manos del Gobierno.