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'Militares me vetaron': abogado que iba a asumir el caso del Palacio
Por: REDACCIÓN JUSTICIA | 20 de Febrero del 2013

Jorge Enrique Ibáñez le dijo a EL TIEMPO que hubo "desconfianza" por parte de altos mandos.

El abogado Jorge Enrique Ibáñez Najar, que fue llamado para asumir la defensa de Colombia por el caso del Palacio de Justicia, dijo que fue vetado por los militares para llevar el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos humanos.

Según Ibáñez, fue llamado por la Cancillería para asumir la defensa del país, que su nombre fue avalado por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y que se alcanzó a notificar a Ia Corte Interamericana. (Lea también: Colombia reconocerá a dos desaparecidos en caso de Palacio de Justicia)

Sin embargo, el abogado dijo que a pesar de conocer el tema y haber escrito algunos documentos sobre la mejor defensa para el país, no alcanzó a formalizar su propuesta ante la oposición de los militares.

“Funcionarios del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Militares, lo mismo que respetables oficiales retirados manifestaron su desacuerdo. Por tal razón, enterado extraoficialmente de tal situación, formalmente solicité que procedieran a escoger a otro agente para este caso”, dice Ibáñez en una carta a la Agencia de Defensa Jurídica conocida por este diario.

Agregó que en noviembre del año pasado altos funcionarios del gobierno le insistieron para que asumiera la defensa, por lo que reinició el trámite y el estudio del caso.

En esta ocasión recibió el apoyo del Ministro de Defensa pero se mantuvo la desaprobación de los militares.

“El problema insalvable radicó en la falta de confianza expresada por el alto mando y por oficiales retirados de la Fuerza Pública”, indicó tras señalar que el mismo comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, le hizo saber la posición de los uniformados sobre su posible nombramiento.

El abogado enfatizó que no alcanzó siquiera a firmar el contrato con el Estado, porque los militares tenían claro que el defensor debía ser Rafael Nieto.

“Yo tenía claro que mi trabajo y mi obligación era defender al Estado y no los intereses de particulares. Aquí lo que estaba en juego era la institucionalidad del país y no lo que querían algunas personas”, indicó Ibáñez.

Agregó que en marzo de 2010 ya había actuado como asesor de la Cancillería ante la Comisión Interamericana y en esa ocasión había reconocido que había investigaciones en curso sobre la presunta responsabilidad de militares en el delito de desaparición forzada.

“De pronto eso fue lo que no les gustó, pero era una realidad que en ese momento no se podía desconocer y que ahora tampoco se puede dejar de lado”, indicó.

Fuente El Tiempo