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Injurias, calumnias y punk
Por: Catalina Ruiz-Navarro

Las chicas Pussy Riot fueron condenadas a dos años de cárcel por pedirle públicamente a la Virgen que sacara a Putin de Rusia. Los ofendieron a todos (esa era la idea): a la Iglesia y al Gobierno que, amangualados, tomaron represalias contundentes para dejarles a todos en claro que las escopetas son las que les tiran a los pájaros.

En Colombia, Cecilia Orozco Tascón y María Jimena Duzán recibieron una fugaz amenaza de denuncia penal por injuria y calumnia, pues las agudas críticas de sus columnas ofendieron a la Corte Suprema de Justicia: un Goliat que retrocedió apenas vio que se alborotaba la indignación en los medios. En su segundo comunicado, la Corte Suprema dice que se retracta en su denuncia para “contribuir al clima de ponderación y mesura que tanto necesita el país”, un gesto que parece magnánimo pero que en realidad es fútil, pues si querían contribuir a un mejor clima nunca debieron amenazar con la denuncia en primer lugar, y es altanero porque ese tipo de amenazas son un despliegue de poder intimidante y una ligereza con el sistema penal.

En la misma línea está la demanda de la procuradora Ilva Myriam Hoyos contra Mónica Roa, un suceso que ya ha sido caso de estudio en esta columna y que tiene el agravante de que pone en vilo al mecanismo de la tutela. Usar el derecho penal, que debería ser el último recurso, para ejercer presión sobre los ciudadanos es abonar la peligrosa censura típica de los regímenes totalitarios. Esto es aún más grave cuando quienes hacen uso de este ‘matoneo’ son aquellos cuyo trabajo es garantizar la justicia en la sociedad o liderar un país.

Los tres casos son ejemplos de funcionarios públicos poderosos que denuncian o amenazan con denunciar por injuria y calumnia a ciudadanos que los critican fuertemente; son abusos de poder y comparten la amarga ironía de que quien tiene la sartén por el mango se apropie del discurso de las víctimas.

Por definición, la sección de opinión de un medio no es objetiva. Ese es su propósito: que puntos de vista subjetivos se debatan en un espacio no violento para construir el discurso que rige a una sociedad. Esto es extensivo a otros espacios, como la música y las manifestaciones artísticas, que son campos abstractos donde las verdades factuales son irrelevantes. La exigencia de objetividad, que ya de entrada es una ilusión, recae sobre los funcionarios públicos más que sobre los columnistas o sobre los grupos de punk. El periodismo de opinión, el rock, el performance, el grafiti, son todos espacios estéticos que, además de poderosos, son un importante termómetro de la robustez de un Estado de derecho y espacios que debemos guardar con celo pues el ejercicio estético-crítico es uno de los principales síntomas de nuestra humanidad.

Human Rights Watch dijo, con respecto al caso de Pussy Riot, que “para balancear correctamente el derecho a la libre expresión y a la opinión política, y el derecho de los demás, solamente una conducta capaz de incitar a la violencia inminente, la discriminación o la hostilidad contra un individuo o un grupo de personas claramente definido puede ser clasificada como crimen de odio”. A esto habría que añadir que, en una democracia, un funcionario público no está en una posición de poder para mandar sino para servir, y por eso debe llevar su cargo con humildad, no con despotismo. Defender la libertad de expresión es, finalmente, un deber básico de cualquier ciudadano que quiera llamarse “libre”, pues sin opinión no hay arte y sin arte no hay democracia.

Fuente El Espectador