¿quién es ferando londoño hoyos?
 

Fue ministro del Interior y de Justicia durante los dos primeros años del primer mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez, hasta que presentó su renuncia al verse vinculado en un caso de corrupción2 , siendo destituido e inhabilitado por abuso de autoridad y conflicto de intereses por 15 años .

Caso Invercolsa
Londoño presentó su carta de renuncia como ministro del Interior luego que la Superintendencia de Sociedades le impusiera una sanción por adquirir indebidamente 145 millones de acciones de la firma Invercolsa por un monto 9.000 millones de pesos en mayo de 1997,4 acciones que luego aparecieron a nombre de una compañía panameña llamada Afib y de la que aún no se conocen sus dueños.5
En febrero de 2007 el Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá ordenó a Londoño restituir las acciones de Invercolsa adquiridas ilegalmente, ya que la Procuradaría General de la Nación afirmó que el ex ministro presentó una certificación falsa que aseguraba que él había sido empleado de la compañía. Por ello, el Juzgado determinó que Fernando Londoño Hoyos no adquirió ni fue poseedor de buena fe de los 145 millones de acciones de Invercolsa S.A. y ordenó que en término de 5 días el ex ministro Londoño debía restituir a Ecopetrol, South American Gulf Oil Company y Explotaciones Cóndor S.A los dividendos recibidos de Invercolsa por cada uno de los períodos en que los percibió.6 Decisión que fue apelada por el ex ministro y en 2005 una sala de conjueces del Consejo de Estado dejó sin efectos la sentencia, ante lo cual Ecopetrol y la Procuraduría siguieron insistiendo. Finalmente la Corte Constitucional les dio la razón, si bien las acciones no han sido devuelta

Caso Recchi
El 12 de noviembre de 2004 Fernando Londoño Hoyos fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por 15 años ya que la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Edgardo Maya Villazón, encontró que Londoño hizo uso indebido de su cargo como Ministro del Interior y de Justicia al hacer gestiones que favorecieron los intereses del consorcio italiano Recchi, del que había sido su apoderado judicial. En el fallo la Procuraduría concluyó que: "el ex ministro incurrió en conflicto de intereses y usó abusivamente su autoridad como segundo hombre más importante de la República después del Presidente".3 Londoño habría usado su cargo para intervenir ante el Invías y ante el Ministro de Transporte para presionar el pago de una deuda que tenía la Nación con el consorcio Recchi del cual había sido apoderado en 1997, (en aquel entonces Londoño había recibido 74 millones de pesos como honorarios),3 debido a un conflicto en un contrato que el consorcio tenía con la Nación para la construcción de un tramo de la vía Bogotá - Villavicencio, conflicto que terminó condenando a la Nación a pagar 13.958 millones de pesos, según informe de la Procuraduría del año 2004.3 El pago de la deuda había sido postergado por la Nación debido a falta de recursos intentando un acuerdo con los abogados de la firma italiana. En agosto de 2003, Londoño, para entonces Ministro del Interior hizo uso de su cargo para lograr la cancelación del pago de la deuda, la prueba fue una carta enviada al embajador en Italia donde Londoño preguntaba sobre el caso. Londoño alegó haber estado actuando en "defensa judicial de la Nación", la Procuraduría consideró que actuó "pero para salvaguardar los intereses del Consorcio Ricchi". La procuraduría a su vez compulsó copias del caso a la Fiscalía para que investigue a Londoño Hoyos por el delito de abuso de autoridad

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+ fdo londoño hoyos
 

Fue ministro del Interior y de Justicia durante los dos primeros años del primer mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez, hasta que presentó su renuncia al verse vinculado en un caso de corrupción2 , siendo destituido e inhabilitado por abuso de autoridad y conflicto de intereses por 15 años .


Caso Invercolsa
Londoño presentó su carta de renuncia como ministro del Interior luego que la Superintendencia de Sociedades le impusiera una sanción por adquirir indebidamente 145 millones de acciones de la firma Invercolsa por un monto 9.000 millones de pesos en mayo de 1997,4 acciones que luego aparecieron a nombre de una compañía panameña llamada Afib y de la que aún no se conocen sus dueños.5
En febrero de 2007 el Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá ordenó a Londoño restituir las acciones de Invercolsa adquiridas ilegalmente, ya que la Procuradaría General de la Nación afirmó que el ex ministro presentó una certificación falsa que aseguraba que él había sido empleado de la compañía. Por ello, el Juzgado determinó que Fernando Londoño Hoyos no adquirió ni fue poseedor de buena fe de los 145 millones de acciones de Invercolsa S.A. y ordenó que en término de 5 días el ex ministro Londoño debía restituir a Ecopetrol, South American Gulf Oil Company y Explotaciones Cóndor S.A los dividendos recibidos de Invercolsa por cada uno de los períodos en que los percibió.6 Decisión que fue apelada por el ex ministro y en 2005 una sala de conjueces del Consejo de Estado dejó sin efectos la sentencia, ante lo cual Ecopetrol y la Procuraduría siguieron insistiendo. Finalmente la Corte Constitucional les dio la razón, si bien las acciones no han sido devuelta
Para 1997 Londoño era asesor de la firma Invercolsa. Por ese paso profesional sigue con un caso pendiente en la justicia. Se le acusa de que, haciéndose pasar como trabajador de la empresa –con un certificado falso-, adquirió de forma ilegal 145 millones de acciones, por $9 mil millones. El litigio originado por esta actuación llevó a que hace dos años se ordenara la entrega de las acciones y de sus dividendos, además de que la Superintendencia de Sociedades le impusiera una sanción.

Este caso, que no se había vuelto a mover, tuvo un giro la semana pasada, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó la orden del Tribunal Superior de Bogotá de desembargar las acciones que tenía valoradas en 3.012 millones de pesos.

Caso Recchi
El 12 de noviembre de 2004 Fernando Londoño Hoyos fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por 15 años ya que la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Edgardo Maya Villazón, encontró que Londoño hizo uso indebido de su cargo como Ministro del Interior y de Justicia al hacer gestiones que favorecieron los intereses del consorcio italiano Recchi, del que había sido su apoderado judicial. En el fallo la Procuraduría concluyó que: "el ex ministro incurrió en conflicto de intereses y usó abusivamente su autoridad como segundo hombre más importante de la República después del Presidente".3 Londoño habría usado su cargo para intervenir ante el Invías y ante el Ministro de Transporte para presionar el pago de una deuda que tenía la Nación con el consorcio Recchi del cual había sido apoderado en 1997, (en aquel entonces Londoño había recibido 74 millones de pesos como honorarios),3 debido a un conflicto en un contrato que el consorcio tenía con la Nación para la construcción de un tramo de la vía Bogotá - Villavicencio, conflicto que terminó condenando a la Nación a pagar 13.958 millones de pesos, según informe de la Procuraduría del año 2004.3 El pago de la deuda había sido postergado por la Nación debido a falta de recursos intentando un acuerdo con los abogados de la firma italiana. En agosto de 2003, Londoño, para entonces Ministro del Interior hizo uso de su cargo para lograr la cancelación del pago de la deuda, la prueba fue una carta enviada al embajador en Italia donde Londoño preguntaba sobre el caso. Londoño alegó haber estado actuando en "defensa judicial de la Nación", la Procuraduría consideró que actuó "pero para salvaguardar los intereses del Consorcio Ricchi". La procuraduría a su vez compulsó copias del caso a la Fiscalía para que investigue a Londoño Hoyos por el delito de abuso de autoridad
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Más líos

En otro caso, la Procuraduría General de la Nación, el 14 de septiembre de 2004, lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos durante un periodo de 12 años, por injuria y calumnia, debido a las críticas que profirió siendo ministro del Interior contra el juez de ejecución de penas de Tunja Pedro José Suárez Vacca, luego de que este dejara en libertad al narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela.

Londoño, en esa oportunidad, dijo que "las actuaciones del Juez Suárez Vacca estaban muy bien orquestadas y muy de acuerdo con la familia Rodríguez Orejuela" y que el juez prestó sus servicios en el pasado "como miembro obsecuente de un bufete de abogados (supuestamente cercano a los narcotraficantes)”. Ante su declaración se presentaron denuncias que llevaron a la citada investigación.

No fue su única sanción. Apenas dos meses después, el 16 de noviembre de 2004, la Procuraduría lo volvió a destituir y amplió la inhabilidad a 15 años, por abuso de autoridad y conflicto de intereses, por haber utilizado su poder como ministro a favor del consorcio italiano Recchi, del que había sido apoderado judicial en 1994.

En esa oportunidad se encontró que Londoño terció ante de la cartera del Transporte y ante el Invías para que cancelaran una deuda generada por la ejecución de un contrato de construcción de parte de la vía Bogota-Villavicencio.
http://www.dinero.com/upload/images/...41_16157_1.jpg

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Bueno, pero si está inhabilitado no puede ser presidente, cierto?

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Atentado fallido??

...vista la popularidad, hoy en dia, de quien en su momento era percibido no como un mártir sino como un exministro corrupto, pienso que el atentado logro exactamente lo que se proponía

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Por eso dije: Mejor se lo hubieran lambido las FARC :). Por lo menos le pegaron su buen susto... Jajajaaaa como lo sacaron de ese atentado, parecía un títere de trapo chamuzcado.

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Tierraaaaa dereechaaaa!!!!!

Vivir con el terror
Por: FERNANDO LONDOñO HOYOS | 6:00 p.m. | 11 de Julio del 2012


Fernando Londoño Hoyos

En esta hora solemne, cualquier omisión es cobarde y cualquier silencio es cómplice. Una señal del Presidente bastaría para unir el país.

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Toribío ha quedado destrozado por las bombas. Entre ellas, una cayó sobre la escuela y tres niños fueron víctimas; tres policías asesinados en Cupiagua y otros tres heridos, mientras guardaban las instalaciones petroleras; cinco soldados caídos en trampa mortal dispuesta en una canoa bomba, cerca de la frontera con Venezuela; contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se han descubierto tres intentos para darle muerte. Este es, seguramente incompleto, el menú terrorista de las últimas 48 horas, que estará trágicamente obsoleto cuando puedan ver la luz estas líneas. Y parecida a esta, y a veces peor, ha sido la ración sangrienta que nos ha regalado el terrorismo este año y el pasado.
Algo debemos hacer, porque el asunto nos concierne a todos, dicho sea en respuesta a los despistados mensajeros del Gobierno, que nos manda la razón de que el asunto es solo suyo porque al Presidente le compete la guarda del orden público. Buena idea. Cuando la Patria se desangra, la crítica social que se dedique a los desfiles de moda o a los realities de la televisión. Y la política, al próximo reparto burocrático de la próxima porción de mermelada. Los temas de competencia constitucional del Presidente están vetados para el conocimiento y el debate de los ciudadanos. ¿A quién se le ocurriría esa gloriosa idea?
Entendiendo que el terrorismo es problema de todos, y que los campesinos y los niños de Toribío, los policías de Cupiagua, los soldados de El Tarra o la suerte del Alcalde de Bogotá no nos son indiferentes, empezamos, solo con eso, a remontar la corriente que nos arrastra.
Nos han declarado una guerra que estamos perdiendo. Los terroristas tienen la iniciativa y nuestras fuerzas están metidas en sus trincheras, cuando no los sacan de ellas los indígenas en vergonzoso desahucio. Pues hay que recuperar la iniciativa. Hay que derrotar el enemigo y para derrotarlo hay que atacarlo.
Las Fuerzas Militares, y sobre todo el Ejército, están confundidas, atónitas, paralizadas por la guerra jurídica desatada en su contra. Si no hacen nada, como ahora, pierden la guerra. Pero si combaten, meten sus hombres a la cárcel. La Justicia Penal Militar y la Defensa Judicial de nuestros hombres de tropa no son asunto de mañana. El Gobierno lo aplazó dos años, sin que nadie garantice que gane la partida. Revocar la detestable carta de Ospina-Iguarán y sacar la Fiscalía del resultado de cualquier combate es cuestión de vida o muerte.
A los terroristas no se les puede mantener el halago de una rendición incondicional de la sociedad que atacan, que a eso equivale el famoso marco para la paz o ley de Roy Barreras. Al contrario, el Presidente debe hacerles saber que cada acto terrorista aleja irreparablemente cualquier perdón y cualquier mesa de negociaciones.
El terrorismo golpea el centro nervioso de nuestra economía. Hay que destruir el suyo. La droga no es un tema policivo. Tiene que ser el primero de los objetivos de la acción militar. Desde que la guerra es guerra, el primer tema es destruir las líneas de abastecimiento del enemigo. Y, por supuesto, a los socios que las mantienen. Hay que recoger de inmediato la peregrina tesis de que las 'bacrim' son problema policiaco.
Despejar el Cauca es arriar las banderas y entregarles el Cauca y la nación entera a los terroristas. Llenar ese departamento de comunidades de paz, inspiradas y comandadas por el cura Giraldo y por Baltasar Garzón, es el principio del fin.
En esta hora solemne, cualquier omisión es cobarde y cualquier silencio es cómplice. Una señal del Presidente bastaría para unir el país. Su deserción ante el deber más sagrado entre todos los que juró cumplir valdría una catástrofe. Salve la Patria, presidente Santos.