La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, envió al Senado un proyecto de ley de expropiación del 51% de las acciones de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), declarándolas de interés público.

Con esta medida, Argentina se quedará con el 26% del paquete accionario que está en manos de la familia argentina Eskenazi, mientras que la española Repsol perderá algo más del 24% reduciéndose su participación al 33% del capital.

El Gobierno argentino prevé que el Estado se quede con poco más de la mitad de lo nacionalizado y que el resto vaya para las provincias.

"Somos el único país de América y casi del mundo que no maneja sus recursos naturales, pero hubo motivos más fuertes para tomar esta decisión", afirmó Fernández de Kirchner durante un acto en la Casa Rosada.

"Tras la desnacionalización de YPF (en 1998), el país acabó convirtiéndose en importador neto de gas y petróleo con un déficit comercial para el país de 3.029 millones de dólares (…) siendo uno de nuestros grandes problemas”, agregó.

Según la mandataria, el proyecto entrará este mismo día a la Cámara Alta del Congreso para ser votado en las próximas semanas.

La petrolera, participada por Repsol en un 57,43%, es el primer contribuyente al fisco argentino, el mayor productor de hidrocarburos del país y uno de los principales empleadores, con una plantilla de 13.500 trabajadores y miles de empleos indirectos.

El Gobierno de Cristina Fernández responsabiliza a la compañía por la bajada en la producción por falta de inversión, aunque YPF sostiene que en 2011 realizó inversiones récord por 3.022,7 millones de dólares, un 50 % más que en 2010, y pagó impuestos por 28.000 millones de pesos (6.363,6 millones de dólares), también una marca histórica.

Tras conocerse esta noticia en la bolsa de valores Wall Street de Nueva York, las acciones de YPF han caído hasta un 19%, hasta quedar a un precio de 17 dólares.

La Unión Europea a la defensa de YPF

Entre tanto, la Comisión Europea advirtió al Gobierno argentino de que la expropiación del 51% del capital social de YPF enviaría una señal "muy negativa" a los inversores y podría dañar seriamente el clima de negocio en el país.