A través de empresas de chatarra una "organización criminal' logró consolidar el millonario fraude al Estado que ha permitido la captura de doce personas.
Según los investigadores, la red utilizó la sociedad Consultores y Asesores R & B SAS para realizar los trámites con los que justificaban falsas exportaciones y luego conseguían la devolución del IVA.
Dentro de la investigación aparecen al menos once empresas, entre las que sobresalen, por la gran cantidad de devoluciones, la Comercializadora El Guajiro, Comercializadora de Metales Jovanny y la comercializadora de Metales Tato.
En dos años esas empresas triplicaron sus transacciones internacionales con las que hacían los cobros a la Dian.
En la red dirigida por Jazmín Becerra, y de la cual también hacían parte su madre María Delia Segura y su esposo Guillemo León Rodríguez, de acuerdo a la información recaudada por la Fiscalía y la Policía presentaba como proveedores de la chatarra que supuestamente era exportada a 9 empresas cuyas facturas eran parte de los documentos que hacen parte del proceso.
En el expediente que tienen las autoridades hay una gran cantidad de comprobantes de las empresas Aluminiun y Metales Valencia, Metals And Recycling. Aluminios y desperdicios Muñoz, Internacional de Merales Arboleda, Aluminiun y Metales Valencia, Comercializadora internacional C.I Fundicol Ltda. Comercializadora Pacific Metal Internacional y la comercializadora Negocios de Colombia.
"Estas empresas se encargaban de expedir el certificado al proveedor y/o supuesto certificado de exportación para hacer efectiva la devolución del IVA, actividad que les permitió defraudar al Estado", dice el expediente del caso.
Todos esos nombres fueron suministrados por la Dian a los investigadores y hoy se verifica su existencia.
Los investigadores señalaron que la red utilizaba proveedores de chatarra inexistentes para legalizar sus operaciones de exportación, utilizando como centro de operaciones una oficina ubicada en el segundo piso de un edificio ubicado en la calle 82 del norte de Bogotá en donde ofrecían sus "servicios especializados de asesoría y manejo de paquetes contables, tributarios, legales y fiscales".
En la investigación se han ubicado al menos 20 apartamentos, 30 vehículos y 11 cuentas corrientes con millonarios movimientos mensuales y a través de las cuales se intentaba legalizar el dinero obtenido irregularmente.
La red había acumulado tal cantidad de utilidades que su jefa, Jazmín Becerra, quien había trabajado una década en la Dian con un sueldo de dos millones de pesos, se movilizaba en una camioneta Porsche Cayenne acompañada por tres escoltas.
