DeNunCianDo - El costo de un craso error

El caso
El costo de un craso error
Por: Redacción Judicial

De cómo Fernando Barberi terminó involucrado en el mismo caso del almirante Arango Bacci por las placas de un carro que nunca usó.

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Foto: Daniel Gómez-El Espectador
José Fernando Barberi Forero.

A pesar de que durante 17 años, sin un solo llamado de atención o investigación en su contra, José Fernando Barberi Forero fue un destacado oficial del Ejército que llegó a acumular diez condecoraciones y 94 cartas de felicitación, siempre añoró pertenecer a la Armada. Sin embargo, cuando lo logró en febrero de 2006, nunca imaginó que dos años después iba a ser llamado a calificar servicios por un error en un reporte de inteligencia que no ha sido reparado, pero que ya examina la justicia administrativa.

El caso del mayor (r) Barberi comenzó en febrero de 2006, cuando en virtud de una ley y un decreto reglamentario, el Ministerio de Defensa aceptó que cambiara de fuerza y arma, pasando a ser capitán de corbeta de la Infantería de Marina con sede en Coveñas, Sucre. Atrás quedó una exitosa trayectoria como oficial del Ejército, experto en instrucción militar, con cursos de paracaidismo, inteligencia y combate, y una carrera profesional como administrador de empresas con varios diplomados.

Esa misma dedicación la demostró en la Armada, al punto que en diciembre de 2007 fue notificado de su selección para el curso de Estado Mayor de 2008, con la perspectiva de ascender al grado de teniente coronel o capitán de fragata. Barberi Forero se presentó en la Escuela Superior de Guerra junto a 52 oficiales de la Armada y obtuvo uno de los máximos puestos en los exámenes. Luego fue sometido al polígrafo sin novedad alguna. Su proceso de selección terminó satisfactoriamente.

Es más, a mediados de diciembre, el entonces director de la Escuela, mayor general Édgar Ceballos, le informó que quedaba en vacaciones y debía iniciar curso el 8 de enero. Entre los compañeros de promoción trascendió que ocho oficiales de la Armada no habían aprobado y que incluso algunos no habían pasado la prueba de polígrafo. Él, en cambio, sacó excelente puntaje y de inmediato empezó a cumplir los requisitos para iniciar formalmente su curso de ascenso.

Todo iba bien, pero seis días después de enterarse de la buena noticia, recibió una llamada telefónica para que se presentara en la oficina de recursos humanos de la Armada. Así lo hizo, y cuando accedió a esta dependencia, recibió en sus manos la resolución 5818 del 20 de diciembre de 2007, a través de la cual se ordenó su retiro temporal del servicio con pase a la reserva por llamamiento a calificar servicios. En otras palabras, por decisión de altos mandos militares fue retirado del servicio activo.

Desconcertado por la decisión, Barberi empezó a averiguar qué había pasado, pero lo único que supo fue que su sorpresivo retiro no había estado precedido de un concepto concreto, lo cual podía darle opción de pelear jurídicamente. No obstante, antes decidió agotar una opción mayor. Habló personalmente con el entonces comandante de la Armada, almirante Guillermo Barrera, quien inicialmente le dijo que no se preocupara, pero dos días después le expresó que no podía ayudarlo y que su caso obedecía a necesidades de la fuerza.

Sin resignarse del todo, Barberi empezó a presentar derechos de petición buscando información más convincente, pero no obtuvo respuesta que lo dejara satisfecho. Cuando estaba a punto de desistir, se presentaron dos circunstancias que agravaron su caso. Primero, le negaron la posibilidad de seguir contando con los servicios del Club Militar y otras dependencias similares; y después se enteró de que la Embajada de Estados Unidos les revocó las visas tanto a él como a su esposa y sus dos hijos.

Barberi intuyó que algo más complejo estaba sucediendo, pero antes de desenredar el ovillo presentó una acción de tutela en el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, por presunta violación al debido proceso en su súbito retiro. La perdió porque el único camino en su caso era una demanda de nulidad y restablecimiento de derechos ante la justicia administrativa. El exoficial apeló y el Consejo de la Judicatura confirmó la negativa, pero dos magistrados salvaron su voto, manifestando que pudo existir una falsa motivación.

Ante la doble negativa, a Barberi Forero no le quedó otra opción que llevar su caso ante un juez administrativo de Bogotá, pero en febrero de 2010, otra vez la justicia falló en su contra, respetando el fuero de decisión de los altos mandos militares y argumentando además que no hubo ni desviación de poder ni extralimitación de funciones. En otras palabras, su caso parecía cerrado. Aún así, el mayor (r) Barberi apeló y hoy su caso está en estudio en la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Hasta aquí, era un caso más de un oficial llamado a calificar servicios descontento. Pero sorpresivamente, un oficial que lo conocía lo abordó un día y le dijo: “Yo sé por qué lo sacaron”, y le entregó una indagatoria después de decirle que guardara el anonimato de su nombre. El documento era la indagatoria que rindió el exoficial de la Armada Jorge Luis Ahumada en el escándalo por la venta de cartas de navegación para el narcotráfico, en el cual fue procesado y absuelto el almirante Gabriel Arango Bacci.

En la indagatoria a Ahumada le preguntaron si conocía a José Fernando Barberi y contestó que no. Entonces Barberi empezó a investigar el porqué de esa pregunta y halló la razón. En el informe de inteligencia que dio lugar a la investigación judicial se incluyó que uno de los vehículos utilizados por la organización ilegal era la camioneta de placas MOA-568, presuntamente asignada al mayor Barberi. Incluso su nombre y su fotografía fueron incluidos en un organigrama de los supuestos delincuentes.

Barberi encontró el error. El vehículo que siempre utilizó fue el de matrícula QVT-015. El que fue incluido en el informe de inteligencia nunca estuvo en manos de Barberi. Ante el hallazgo, el mayor (r) volvió a los derechos de petición para aclarar el caso de la camioneta e incluso habló personalmente con el capitán de navío Luis Tovar Neira, exdirector de Contrainteligencia de la Armada y promotor de la investigación, quien admitió que seguramente le transmitieron mal la información del vehículo.

Pero igual, Barberi ya no pertenece a la Armada, desde hace cuatro años ejerce como coordinador de seguridad en compañías de vigilancia y su descubrimiento no hace parte de las pruebas que examina el Tribunal de Cundinamarca. Por eso, no le quedó otra opción que alzar la voz para que la sociedad conozca su caso. Ya le escribió al presidente Juan Manuel Santos y al embajador de Estados Unidos, Michael McKinley, al igual que a los altos mandos. Hoy espera que alguien le responda por qué un craso error acabó con su carrera militar.

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