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Obligatorio izar banderas
Por: Juan Gabriel Vásquez

EL PROYECTO ES SÓLO UN PROYECto, y por eso el asunto no es grave: es simplemente preocupante.

Hablo del proyecto de ley por el cual se expide, es decir que se reforma, el Código Nacional de Policía. Germán Vargas Lleras y Rodrigo Rivera lo radicaron la semana pasada, como lo cuenta El Espectador en su editorial del martes; y, como lo cuenta El Espectador en su editorial del martes, hay en el proyecto más de un artículo que revisar. Yo aproveché el editorial para leer entero el texto, y lo confirmo: este proyecto no puede, no debería, ser aprobado como está. Necesita una corrección urgente. Y no me refiero al estilo.

Bueno, sí: me refiero también al estilo. A mí, que tanto tiempo pasé leyendo el Código Civil de Andrés Bello, me cuesta mucho encajar sin anestesia la prosa grosera, la redacción escolar y las torpezas gramaticales de los que ahora redactan las leyes en Colombia. No creo que sea exagerado pedir que una ley de la República conozca la diferencia entre “sólo” y “solo”; no creo que sea pedante pedir que distinga entre “poner” y “colocar” (un artículo de este código prohíbe que se “coloquen obstáculos” que impidan el acceso a las zonas peatonales). El futuro Código de Policía establece como obligación policial impedir en ciertos lugares el ingreso de sustancias “psicotrópicas, alucinógenas, tóxicas o farmacodependientes”. No creo que sea pretencioso aclarar a los preclaros redactores que hablar de sustancias farmacodependientes es como hablar de aguardientes dipsómanos.

Aunque la verdad es que eso no debería importarnos. No debería importarnos la tendencia que tiene el futuro Código de Policía a poner comas antes de los verbos: “El director general de la Policía Nacional, determinará…”. “El Gobierno Nacional, expedirá…”. O bien podríamos preocuparnos por las comas, pero sólo después de habernos preocupado por la moral, palabrita que, según mis cuentas, aparece en el futuro Código doce veces. Una cifra incómoda: si esta mezcla de policía con moral, si este otorgamiento a los agentes del orden público de facultades para decidir sobre la moralidad de mis comportamientos me preocupa tanto, es sin duda por la tendencia que han tenido los poderes a meterse en la vida de los ciudadanos (desde su vida sexual hasta su vida telefónica) durante los años de Uribe.

Tal vez exagero, sí. Lo que no me parece exagerado, en cambio, es rechazar las disposiciones del artículo 103, que obliga a asistir a programas pedagógicos a ciudadanos que cometan “faltas de policía”, y eso con el fin de “fortalecer la disciplina social”. A mí lo de “disciplina social” me huele más bien feo; luego me entero de que entre los violadores de esta disciplina están quienes “usen indebidamente la bandera” o no icen “el pabellón nacional en las fiestas patrias”. Dejemos de lado ese adverbio terrible, indebidamente, que transmite a la Policía el derecho de decidir cuál es el uso debido de una bandera. Estamos ante un Código que consagra el sentimiento patriótico como obligación, y eso sí es grave. Las sanciones contra los que no lo muestran (o no lo sienten) no son de recibo. Los derechos individuales —y entre ellos el de no izar banderas si a uno no se le da la gana— no pueden seguir siendo malversados por estos poderes que no distinguen mucho la protección del allanamiento.

Juan Gabriel Vásquez

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