Preso por decirle fea a Boliviana

arabajal
LA NACION

Un ladrón que fue condenado a cinco años de cárcel por asaltar una verdulería en Pilar, armado con un cuchillo, deberá pasar tres años más en prisión, porque durante el robo actuó con xenofobia al discriminar a la víctima por ser boliviana.

La decisión de elevar un tercio la pena impuesta al acusado del robo con armas registra escasos antecedentes en la justicia bonaerense. La resolución fue dictada por el Tribunal Oral Criminal N° 7 de San Isidro y se fundó en la ley 23.592. Esa norma introdujo la figura agravante cuando un delito fue cometido por persecución, odio a una raza, religión o, como ocurrió en este caso, en que el ladrón ejerció violencia por la nacionalidad boliviana de la víctima.

“Dame la plata o te mato, boliviana de m… Mirá, si me denunciás te juro que te mato, extranjera sucia. Yo soy reincidente en la cárcel y todo me importa nada, especialmente la policía. Soy bien pesado, así que pobre de vos si me denuncias”, le gritó el ladrón a Lidia Bertha Choquevilca,- mientras le pegaba puntapiés en el pecho y le cortaba el brazo con un cuchillo de carnicero.

Luego de escuchar el testimonio de la víctima en el juicio, el tribunal integrado por los jueces Mónica Tisato, María Coelho y Eduardo Lavenia, consideró que el acusado, identificado por fuentes judiciales como Emilio Javier Otero, de 33 años, fue culpable de robo calificado por el uso de armas en concurso con amenazas, agravadas por el odio por la nacionalidad.

“El insulto es un acto, una acción y no un mero enunciado de ideas, expresión u opinión y, en este caso, los insultos se produjeron en condiciones concretas, que son las que hicieron justamente a la discriminación y por lo tanto es aplicable la agravante introducida por el artículo 2 de la ley 23.592″, expresó la jueza Tisato en los fundamentos de la resolución.

Hace un año y medio, Otero entró en la verdulería situada en Santa Fe y Santa Lucía, de la localidad de Villa Astolfi, en el partido de Pilar y, según relataron los testigos durante el juicio oral, amenazó con un cuchillo similar al que usan los carniceros a Choquevilca, la dueña del comercio.

Luego de apoderarse de los 500 pesos que la mujer había recaudado por las ventas del día, el ladrón huyó, pero fue atrapado a una cuadra del local por los comerciantes que salieron a perseguirlo, alertados por los gritos de Choquevilca.

Después de una persecución de casi dos cuadras, el sospechoso fue detenido por los policías que siguieron al imputado cuando escucharon los gritos de los vecinos.

En el momento en que fue capturado, Otero no llevaba encima ni los 500 pesos que le había robado a la dueña de la verdulería ni el cuchillo que utilizó en el asalto.

A pesar de haber sido reconocido por la propietaria de la verdulería, durante el juicio, Otero sostuvo que, en realidad, fue víctima de una causa armada por dos policías de la comisaría de Villa Astolfi.

“Me quisieron culpar de algo que yo no hice. Regresaba a mi casa después de ver a Yuli, un travesti de la zona, cuando los policías me empujaron. Como los insulté me llevaron a la comisaría y después trajeron a la verdulera para que me culpe. Los policías me tienen bronca y debido a los antecedentes que tengo, siempre me molestan”, expresó Otero en su defensa.

Pero los magistrados rechazaron los argumentos del acusado y sostuvieron que los fundamentos de la defensa no coincidían con lo que dijeron los testigos en el juicio.

Choquevilca llegó a la Argentina hace 18 años e integra una comunidad boliviana que posee una serie de quintas en la zona de Villa Astolfi y que, además, posee la verdulería, a media cuadra de la comisaría.

“Las expresiones del acusado contra la denunciante se concretaron con el evidente ánimo de insultar y ofender la nacionalidad boliviana de la señora Choquevilca, que trasuntan odio hacia su nacionalidad y utilizar ello como criterio para ofenderla, como ocurrió en el presente caso, resulta un acto claramente discriminatorio, pues nadie tiene el derecho de maltratar a otro por tener otra nacionalidad”, sostuvo la jueza Tisato.

Al momento de la sentencia, los magistrados aceptaron el pedido del fiscal Diego Molina Pico, quien había solicitado que se aplicara la norma que castiga los actos discriminatorios, sancionada en agosto de 1988.

“Tanto el acusado como su abogado no pudieron eliminar el carácter discriminatorio de las expresiones del imputado en las que había afirmaciones sobre la subvaloración de la nacionalidad boliviana de la mujer asaltada”, concluyó la jueza Tisato.

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