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Ingrid Betancourt dice que se arreptiente de haber presentado la conciliación al Mindefensa

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La ex candidata presidencial y ex secuestrada Ingrid Betancourt les salió al paso a las críticas por una conciliación superior a los $15.000 millones que presentó al Ministerio de Defensa por los perjuicios causados a ella y a su familia durante seis años que duró su secuestro.

Según dijo a Darío Arizmedi, director de 6 AM de Caracol Radio, "aquí no hay ninguna demanda o ataque contra el Gobierno que me liberó -al presidente Uribe le debo muchísimo- que me sacó junto a las FF.MM. de las garras de las Farc. Los únicos responsables de mi secuestro son las Farc".
Señaló que la suma que pidió ella y su familia a través de sus abogados es simbólica, pues ninguna cifra puede representar el sufrimiento de ella y su familia.

Luego de que a través de redes sociales se desatara una ola de críticas por sus pretenciones y se crearan grupos de rechazo en Facebook, Betancourt aseguró que sus compañeros de cautiverio le solicitaron entrar en este proceso para que se contemple la indemnización a las víctimas del secuestro. Es una solidaridad con mis compañeros, enfatizó.

"Me parece importante que los ciudadanos podamos expresarle nuestras inquietudes al Estado en sus funciones de servicio, yo sólo quiero que se conozca la verdad, porque después de mi secuestro se dijeron muchas cosas negativas. Yo lo único que busco es que ésto no vuelva a suceder", insitió tras reconocer que la pretención económica presentada es "astronómica y absurda, pero simbólica".

Fue hecha por el afán de apoyar a las familias de los secuestrados... sabíamos que esa suma económica no representa sino en dolor de todas las víctimas. Es la aspiración de darle legitimidad a las indemnización de las víctimas del terrorismo", enfatizó.

Posteriormente, en una entrevista transmitida por radio y televisión, a través de Caracol Radio y el Canal Caracol, Betancourt explicó las condiciones en que se dio su cuestionado viaje a San Vicente del Caguán (Hasta ese momento zona de distensión con las Farc) a pesar de las advertencias sobre el peligro que corría al emprender esa ruta.

Dijo que su viaje no fue de improvisto, que fue planeado y que, posteriormente, no pudo viajar en avión, que luego le ofrecieron un helicóptero y que, en tercer lugar, le quitaron los escoltas que la acompañaban. Y que en el peaje en el que las autoridades aseguran que fue advertida nunca le dijeron que había una novedad y que la dejaron continuar sin advertencia alguna.

"El jefe de mis escoltas dijo que no me podían acompañar y tuve que reflexionar; veía el compromiso con la gente de San Vicente del Caguán y el hecho de que yo aceptaba que el Gobierno me controlara mi campaña, porque cada vez que quiera ir a un lugar, el Gobierno me quite los escoltas. Entonces me dieron un vehículo del DAS... llegamos a un retén donde nos verificaron la identidad, allá me dijeron que no había novedad", relató.

La ex secuestrada aseguró no recordar que firmó un documento, que según se dice tienen las autoridades, en el que escribió que seguiría su campaña hasta San Vicente del Caguán bajo su propia responsabilidad y su riesgo.

"A mi me quitaron mis escoltas y cuando pasé el retén me preguntaron si iba a San Vicente del Caguán y dije que sí y sencillamente me dieron paso. El General Arsecio Barrera me dijo que podía viajar por carretera porque no había un helicóptero para movilizarme... El único documento que firmé con Clara Rojas fue el de un seguro del vehículo que era propiedad del Estado", insistió.

Yo no fui irresponsable y no lo soy, señaló en la entrevista con el periodista Darío Arizmendi, la decisión que tomé fue por la información que recibí. Nunca quise que me secuestraran, me quitaron los escoltas, me dejaron desprotegida.

"Me demoré dos años en exponer estos hechos, buscando un espacio prudente, con testimonios y ayuda de mis abogados. Quiero que los colombianos entiendan la manipulación del Gobierno que me quitaron los escoltas", resaltó, para luego decir que se arrepiente de haber presentado esa conciliación por más de $15.000 millones y que nunca ha buscado demandar al Estado colombiano.