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La emergencia social, el precio de los medicamentos y los tratados comerciales Por: Recalca, Bogotá, mayo 3 de 2010 Los tratados comerciales que ha venido firmando Colombia profundizarán la ya diagnosticada crisis del sistema de salud en nuestro país. En diciembre del 2009 el gobierno colombiano expidió el decreto 4975 por el cual se declaró, ante la crisis en el sistema de salud, en estado de emergencia social. En enero del presente año fueron expedidos diez decretos que evidenciaron que la crisis estaba relacionada con los principios mismos que debía defender el sistema: eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación. La Corte Constitucional declaró inexequible dicha emergencia reconociendo la existencia de la crisis, pero aclarando que esta es de carácter estructural y no proveniente de causas inesperadas o extraordinarias, como lo había presentado la declaratoria de emergencia. Sin embargo, esta situación sirvió, entre otros, para evidenciar una cadena de abusos y de corrupción a costa de las finanzas del sistema de salud. Uno de los ejemplos más indicativos es el de los medicamentos. Entre las razones expuestas por el gobierno para la declaratoria de emergencia se encuentra el alto precio de los medicamentos que el sistema continúa pagando, a través del FOSYGA y de los entes territoriales. En medicamentos de alto costo, el laboratorio fabricante cobra en Colombia hasta tres veces el precio que cobra en los países vecinos, el distribuidor por su intermediación cobra márgenes hasta del 200% y las EPS cobran al estado hasta siete veces el precio de compra del medicamento y además ¡lo cobra varias veces! Además de los evidentes problemas de falta de vigilancia y control tanto al precio como a las practicas corruptas, existe una característica común a la mayoría de medicamentos con mayor impacto sobre las finanzas del sistema: 17 de los 20 medicamentos mas recobrados al FOSYGA son producidos por un único fabricante y no existen competidores porque la gran mayoría de productos tienen protección con medidas de propiedad intelectual: patentes o protección a los datos que prueban la seguridad y eficacia de los medicamentos; las mismas medidas que la industria farmacéutica ha querido fortalecer por medio de tratados comerciales y que han sido rechazadas por varios gobiernos (Ecuador y Bolivia, entre ellos) y por toda la sociedad civil que defiende el acceso a los medicamentos en el mundo. Los tratados comerciales firmados por Colombia con: Estados Unidos, los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, AELC, y la Unión Europea contienen un capitulo de propiedad intelectual que incluye medidas que fortalecen el poder de las transnacionales farmacéuticas, ocasionando gastos adicionales a los ya existentes, estimados en mas de 1500 millones de dólares, cerca de 3 billones de pesos, es decir mas de lo que actualmente se estima como déficit de todo el sistema de salud que podría estar cercano a los 2,2 billones de pesos anuales. La pregunta es: El dinero que con desesperación el gobierno esta buscando para cubrir el déficit del sistema, ¿estará enfocado a ampliar la cobertura y calidad en la atención en salud para los colombianos, o estará destinado a cubrir la ineficiencia y corrupción de varios actores del sistema y los compromisos que el gobierno ha adquirido con la industria farmacéutica trasnacional en los mas recientes tratados comerciales? |
Respuesta: La emergencia social, el precio de los medicamentos y los tratados comerciales Carta al Parlamento canadiense sobre el TLC Bogotá, mayo 5 de 2010 Señores PARLAMENTO DE LA REPUBLICA DE CANADÁ Fax: 00916139924793 Ottawa El gobierno canadiense está intentando aprobar el TLC que negoció con Colombia. Algunos sectores en ese país han manifestado su preocupación por la violación de los derechos humanos en Colombia y otros han recomendado un estudio independiente sobre los derechos humanos o han sugerido que el gobierno colombiano debe hacer su propia evaluación o comprometerse en las negociaciones a hacer evaluaciones de esos derechos con periodicidad después de la ratificación del mismo. Al respecto queremos recordarles que organismos internacionales independientes de diversos niveles, han elaborado en los últimos meses informes detallados en los cuales se establece con toda claridad que estas violaciones no son fenómenos aislados sino que obedecen a un patrón sistemático y que tienen causas estructurales. El asesinato de civiles por parte de militares, para presentarlos como guerrilleros, ha afectado a miles de jóvenes. El gobierno defendió a los militares acusados, les suministró ayuda jurídica y económica y los defendió ante la opinión pública, mientras que a las víctimas se les ha perseguido y silenciado, Además, la fiscalía, que depende del gobierno, dejó vencer los términos para dictar sentencia con lo cual la mayoría de los militares inculpados en estos viles asesinatos tuvieron que ser dejados en libertad. El DAS, organismo de seguridad dirigido por la presidencia de la República, vigiló, amenazó y hostigó a centenares de opositores al gobierno durante años, asedió a la Corte Suprema de justicia que valerosamente ha emprendido las investigaciones de la parapolítica y ha condenado a muchos parlamentarios amigos del gobierno, diseñó una siniestra conspiración que incluía desde labores de espionaje hasta amenazas de muerte y siembra de falsas pruebas para inculpar en allanamientos a ONGs de derechos Humanos. La situación es tan grave que hasta el el propio Departamento Estado de Estados Unidos le retiro en días pasados toda ayuda económica. La labor de directivos de esa institución, varios de los cuales están en la cárcel, fue defendida por el gobierno a lo largo de los últimos 8 años. Los grupos paramilitares mantienen su influencia en extensas regiones, realizan las mismas labores criminales de siempre e influyen sobre las administraciones municipales y tuvieron una activa labor en las recientes elecciones en las cuales se ha constatado un fraude gigantesco y la elección de muchos congresistas vinculados a estos grupos. Los asesinatos de sindicalistas son apenas la expresión de una campaña de desprestigio contra los sindicatos, del deterioro de la legislación laboral y de la degradación de las condiciones de trabajo, ante lo cual se ha procurado por todos los medios debilitar o destruir el movimiento sindical. Solamente en el 2009, 45 sindicalistas fueron asesinados. La situación de desplazamiento de comunidades se mantiene y millones de colombianos fueron desterrados de sus lugares de habitación, sufren en los suburbios de las principales ciudades y el gobierno no ha recuperado la tierra que fue monopolizada por terratenientes, mafiosos y políticos regionales y mucho menos la ha devuelto a sus dueños. Estas tierras, por demás, fueron las beneficiadas por los escandalosos auxilios del gobierno bajo el programa “Agro Ingreso Seguro” que estimula ante todo las plantaciones de palma africana destinadas a los biocombustibles. Todos estos hechos han sido constatados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y casos relacionados con ellos han sido aceptador por la Corte Interamericana de derechos Humanos, los dos organismos de la OEA para vigilar la aplicación de los convenios en esta materia. El reporte anual de 2009 del Departamento de Estado de EEUU, informa y describe detalladamente estos hechos. La comisionada especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de las Naciones Unidas, Margaret Senaka, abunda en detalles sobre los mismos. El informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos también lo constata. Todos estos hechos han ocurrido durante la negociación del TLC y no hay ninguna razón para pensar que el pedido de evaluaciones futuras, realizadas cada año, ya con un TLC vigente vaya a modificar esta situación. Si bien el TLC por su contenido puede ser devastador para la producción agrícola e industrial de Colombia, al no tener en cuenta las asimetrías evidentes entre la economía colombiana y la canadiense y con ello acentuar la inequidad que está en la base de las variadas expresiones de la violencia en Colombia, una razón adicional e importante para que no se ratifique es que la aprobación constituiría una forma de respaldar a un gobierno que está terminando su mandato, no solo con graves acusaciones a nivel internacional en esta materia sino con gravísimas y comprobadas acusaciones de corrupción, manipulación de las elecciones y restricciones a la libertad de expresión. Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio, Recalca Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC |
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