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HRW denuncia graves violaciones por "herederos de paramilitares" en Colombia

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció graves violaciones de derechos humanos por parte de grupos "herederos de los paramilitares" en Colombia y consideró que hubo "fraude" en su desmovilización, unas acusaciones tildadas de falsas por el gobierno.

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció graves violaciones de derechos humanos por parte de grupos "herederos de los paramilitares" en Colombia y consideró que hubo "fraude" en su desmovilización, unas acusaciones tildadas de falsas por el gobierno.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, sostuvo que "a partir del mismo minuto" en que se desmovilizaron los grupos paramilitares en Colombia, en un proceso que se extendió entre 2003 y 2006, surgieron las nuevas organizaciones "que los reemplazaron".
"Estos grupos tienen gran incidencia en la situación de derechos humanos en regiones rurales alejadas, pero también en zonas urbanas", dijo Vivanco en una rueda de prensa en la que citó en particular el caso de Medellín (noroeste), segunda ciudad del país en la que los homicidios se han duplicado en el último año.
De acuerdo con el informe "Herederos de los paramilitares. La nueva cara de la violencia en Colombia", estos grupos tienen presencia en 24 de los 32 departamentos (provincias) de Colombia y son los principales responsables de "abusos graves y generalizados" contra la población civil, los defensores de derechos humanos y los dirigentes sindicales.
Human Rights Watch refirió que, según la policía colombiana, estos grupos reúnen a unas 4.000 personas en ocho organizaciones diferentes. El informe fue rechazado por el gobierno colombiano. El ministro de Defensa, Gabriel Silva, aseveró que "no se basa en la realidad".
"No tiene información sino especulaciones, son generalidades que cuando uno las confronta con los hechos nunca son capaces de demostrarlo. Es una mentira", dijo Silva a periodistas.
"Yo lamento las declaraciones del ministro de Defensa. Le pediría que mirara con más cuidado el informe. Creería que no lo ha mirado y creo que no le hace un buen servicio a su país al reaccionar de esta manera", dijo Vivanco, quien en la tarde se reunió con el ministro del Interior, Fabio Valencia.
Al término del encuentro entre Vivanco y Valencia, el ministerio expidió un comunicado en el que reiteró la descalificación al informe: "Es sesgado y denota falta de información, objetividad y conocimiento del funcionamiento y trabajo conjunto de las instituciones del Estado colombiano", dijo.
Al mismo tiempo, el canciller Jaime Bermúdez añadió: "Si bien reconocemos las dificultades también deliberamos y controvertimos cuando consideramos que hay informes sesgados, como éste. Pero para mejorar hay que trabajar juntos y no echarse el agua sucia".
Durante la presentación del informe, Vivanco recordó al gobierno de Alvaro Uribe "que tiene obligaciones para enfrentar a esos grupos y proteger a la población civil". "Creemos que hay una actitud pasiva y un discurso dirigido a minimizar la importancia de este problema", dijo.
El informe citó entre los abusos las "masacres, ejecuciones, violaciones sexuales, amenazas y extorsión", estas últimas especialmente en contra de sindicalistas.
Además, HRW registró un incremento del desplazamiento forzado de personas entre 2004 y 2007 "que coincide con la desmovilización de las AUC y el surgimiento de estos nuevos grupos", indicó Vivanco.
HRW pidió al gobierno de Estados Unidos "supeditar no sólo la ayuda militar sino también policial al juzgamiento de los miembros de las fuerzas de seguridad pública que colaboran con los grupos sucesores".
Además, solicitó "continuar postergando la ratificación del Tratado de Libre Comercio hasta que el gobierno colombiano cumpla los requisitos sobre derechos humanos".
Vivanco destacó que solamente cuatro fiscales y doce investigadores están asignados a tiempo completo para abordar el tema de los grupos sucesores.
"El gobierno colombiano ha invertido anualmente un millón de dólares en propaganda en Washington en un esfuerzo fracasado de conseguir la ratificación del TLC. Me pregunto cuántos fiscales se pudo haber contratado con esos recursos", dijo.