Zarpazo a la salud y a finanzas de los usuarios
 

Bogotá D.C., Enero. 27 – Agencia de Noticias Universidad Nacional de Colombia


Con los decretos de la emergencia social se intenta radicalizar el Sistema de Salud, afirmó el ex docente de la UN Saúl Franco. Dice, que medidas como las que obligan al ciudadano a cubrir lo que está fuera del POS son un zarpazo a las finanzas y a la salud de las personas.


Esto es lo que llamó el profesor César Abadía de la Universidad Nacional , un sistema en contravía, con mecanismos antihumanos, pues la persona, además de estar enferma, debe preocuparse porque la atienda un especialista. "La salud no puede pensarse en un listado de medicamentos contenidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) es imposible que la gente prevea de qué va a enfermarse", señaló refiriéndose a la restricción que se le impone a los médicos de formular solo lo incluido en el POS.

Por su parte, Román Vega, ex secretario distrital de salud afirma que el propósito regulador de las EPS, en función de reducir costos, se está extendiendo al Estado. "Hay una pretensión de que el acto médico sea únicamente científico, cuando hay muchos factores que convergen en la atención a un paciente", dijo Vega, quien agregó que la emergencia social responde a dos objetivos: reducir el gasto público en salud y los costos para los aseguradores.

Con este panorama, el profesor Franco fue claro en sostener que el Estado se está alejando de su responsabilidad en el tema de la salud y que, así mismo, está jugando incluso con el patrimonio de las personas, al obligarlas casi a garantizar la "rentabilidad del sistema", con las llamadas Prestaciones Excepcionales de Salud, PES.

Añadió que aún no está claro cómo quedará diseñado el POS, pero que lo más seguro es que se nivele por lo bajo, lo que resultaría afectando enormemente a los usuarios. De la mano, los profesionales de la salud resultan perdiendo su autonomía e incluso entra en juego la ética bajo presión de los decretos.

Por tanto, instó al Congreso y a la Corte Constitucional a frenar estas medidas que resultan contraproducentes para la prestación adecuada de los servicios de salud en el país.

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MEDIDAS DEL GOBIERNO NO SOLUCIONARÁN PROBLEMA DE SALUD


Bogotá D.C., Ene. 28 – Agencia de Noticias UN– "El problema de la salud en Colombia no se solucionará con las medidas tomadas por el Gobierno al amparo de la emergencia social", aseguró el director del Grupo de Protección Social del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia, Óscar Rodríguez.


El investigador advierte que en realidad la emergencia social se trata de un mecanismo para enfrentar el déficit fiscal del Estado y no para solucionar los problemas estructurales del sistema de salud colombiano, como lo ha planteado el ministro de la Protección Social, Diego Palacio.

"Desde hace varios años el Gobierno mantiene un déficit fiscal insostenible que, por efecto de la crisis, se agudiza y se dispara. Lo más preocupante es que para tratar de superar la crisis fiscal el Gobierno decide congelar los salarios de los empleados estatales (incremento solo del 2 por ciento) y proteger los ingresos del Fosyga, los cuales están representados en TES y en manos de los bancos que hacen un gran negocio" afirma Rodríguez.

El investigador recuerda que la crisis del sistema de salud es consecuencia de dos reformas a las transferencias (Ley 725 de 2002 y la reforma constitucional del 2007) que recortaron los recursos que debían recibir los hospitales y el sistema de salud, todo para mantener el equilibrio fiscal.

"Esta crisis explotó por la iliquidez de los hospitales, que puso de presente las fallas estructurales" , agrega el investigador del CID de la Universidad Nacional.

Para Rodríguez, los decretos expedidos en la emergencia social, según los cuales se plantea un cofinanciamiento de las enfermedades de alto costo, llevarán necesariamente a un empobrecimiento de la mayoría de la población.

"No es equitativo que una persona que ha cotizado durante varios años al sistema y que no ha hecho uso permanente de servicio de salud por su edad y su perfil epidemiológico, a medida que va envejeciendo y requiera de los servicios de salud le digan que los pague y los cofinancie haciendo uso de sus cesantías, de su ahorro pensional o solicitando créditos bancarios. Como efecto inmediato, en un régimen de bajos salarios como el colombiano, un incremento en los gastos es regresivo y lleva al empobrecimiento" , concluyó el investigador del CID.

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NI LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA NI LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS NI LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE HOSPITALES Y CLÍNICAS ASISTIRÁN A LA CONVOCATORIA HECHA POR EL PRESIDENTE PARA ANALIZAR EL CONTENIDO DE LOS DECRETOS.


Sociedades Científicas le envió esta tarde una misiva al Presidente Álvaro Uríbe, en la que le solicitan una reunión con el propósito de exponerle a él, directamente, sus puntos de vista y el resultado del análisis que en este momento están haciendo de las normas:


"Dado que el Gobierno expidió dichos decretos, y el Ministerio de la Protección Social inició una reglamentació n acelerada, sin contar con nuestra participación sobre aquellos puntos que consideramos vitales para la salud de nuestros pacientes y para nuestro ejercicio profesional, estamos entregados a la tarea de hacer un análisis profundo de estas medidas, en lo jurídico, técnico y operativo", señalan en el texto.


En entrevista con Yamid Amat, publicada hoy por EL TIEMPO, Roberto Esguerra, presidente de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, calificó los decretos de 'monstruosidad' y pidió su revocatoria urgente.


"El Gobierno tiene que hacer algo para derogar esas normas, porque son perjudiciales para la sociedad, especialmente para las personas más enfermas y las más pobres, y significan, además, una agresión sin precedentes a una profesión como la médica", dijo Esguerra.


El viernes pasado, la Academia Nacional de Medicina expidió también una comunicación en la que hace un enérgico rechazo a las normas, porque vulneran la autonomía médica y el derecho de los pacientes: "Es preocupante que, más allá de la atención primaria, la atención de mayor complejidad se califique como prestación excepcional. Ello significa abolir el propósito primordial del aseguramiento, que es precisamente atender los cuadros clínicos de mayor complejidad.


Desde el punto de vista social, es inconcebible que se decrete que los costos de las prestaciones calificadas como excepcionales en salud, los afiliados deban cubrirlos con préstamos bancarios o, lo que es peor, con sus cesantías".


La Academia pidió, también, la derogatoria de los decretos.