A Finagro, ¿quién lo ronda?
 

Un contrato para cobro de cartera tiene enrarecido el ambiente en el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, adscrito al Ministerio de Agricultura. Se trata de un acuerdo firmado por el organismo con la abogada María del Carmen Valencia Vargas, para presentar 600 demandas ejecutivas contra productores agropecuarios beneficiarios del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria, Pran.

El Programa fue creado en 2000 como salvavidas para pequeños y medianos agricultores enfrentados a millonarias deudas que estaban en mora con los bancos. Finagro adquirió 120.000 obligaciones, de las cuales el 80 por ciento eran de cafeteros por entre dos y 15 millones de pesos. "El Pran nació para darles un impulso a agricultores que estaban arruinados, pero en el camino ha cambiado el rumbo y ahora lo que busca Finagro es ahorcarlos más", asegura un abogado que conoce el caso.
El contrato de Finagro con la abogada Valencia, firmado el 26 de noviembre de 2008 con fecha de terminación el 22 de enero de 2009, le reconocía ingresos por 140 millones de pesos para "la presentación de 600 demandas ejecutivas derivadas de obligaciones de los denominados programas Pran en nombre de Finagro ante los juzgados administrativos del circuito, en distintas ciudades del país".

Los funcionarios de la oficina jurídica subieron la guardia. No entendían por qué si había 29 abogados al servicio de Finagro, incluidos los de prestación de servicios, el organismo firmaba un contrato con una abogada para hacer el dispendioso oficio en cientos de municipios, con todo lo que eso implica, en solo 58 días calendario -40 días hábiles-, y en medio del receso judicial de fin de año.

Tampoco entendieron por qué la entidad firmaba un contrato con la abogada Valencia un día después de que el Gobierno, en cabeza del entonces ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, expidiera el Decreto 4430 que concedía un nuevo periodo de gracia de un año sin intereses a los agricultores en mora, y que ponía como condición que en los casos ya iniciados o por iniciar, "el deudor deberá acreditar (...) el pago de gastos judiciales y honorarios del abogado".

Como las 600 demandas a cargo de Valencia empezaron al día siguiente de expedido el decreto, la movida le habría significado -según cálculos de funcionarios de Finagro- otros 300 millones de pesos más, pues para acogerse al beneficio legal los deudores debieron pagar el 15 por ciento de su deuda a la abogada por concepto de honorarios. Y un deudor en problemas hace lo que esté a su alcance con tal de ganar un año de gracia para pagar sus deudas. "Es un verdadero atropello fraguado desde el Estado", le dijo a CAMBIO un funcionario de Finagro.

¿'Gato encerrado'?
Lo sorprendente es que mientras todo esto era propiciado desde el Ejecutivo, en el Congreso cursaba el proyecto de reforma financiera que en el artículo 93 establecía que Finagro, o el acreedor de las obligaciones de los programas Pran, debía abstenerse de adelantar cobro judicial contra un deudor por el término de un año contado a partir de la vigencia de la ley, que finalmente fue sancionada en julio de 2009.
Según expertos en derecho administrativo consultados por CAMBIO, Finagro firmó un contrato millonario con una abogada en condiciones atípicas por la vigencia, el objeto y el valor, y cuando estaba de por medio un decreto que ampliaba los plazos de pago a los deudores y una ley que suspendía los procesos legales. "No hay que ser muy astuto para descubrir que hubo 'gato encerrado' -dice otro funcionario de Finagro-. La intención era beneficiar a una persona en detrimento de pequeños productores del campo".


Pero las cosas no terminaron ahí. El 30 de abril, Finagro firmó otro contrato con la abogada Valencia para que llevara el proceso de 1.900 obligaciones más, todas de pequeños y medianos agricultores. Por cada una de ellas, la abogada cobra 300.000 pesos a Finagro. Además, los productores morosos le tienen que pagar el 15 por ciento del valor de su deuda por concepto de honorarios, si quieren recibir los beneficios contemplados en las normas. Esto le podría significar a la abogada Valencia, según estimativos de funcionarios de Finagro, otros 600 millones de pesos más.

Y para cerrar, este mes el nombre de la abogada María del Carmen Valencia aparece en otro proceso de contratación. Ahora se trata de un contrato cuyo monto no está establecido, pero que tiene una paradoja: retirar las demandas que ella misma interpuso en distintos juzgados del país contra pequeños agricultores.
Algo no está claro en Finagro. A juicio de abogados podría tratarse de celebración indebida de contratos, falsa motivación o favorecimiento a un particular. Los órganos de control tienen la palabra.

"Actué de manera responsable"
Luis Fernando Criales,
presidente de Finagro.
¿Por qué contratar a una abogada para demandar a pequeños productores morosos cuando había 29 abogados en Finagro que podían hacer esa labor?
Porque ellos no se dedican al cobro de cartera, sino a otras materias. Además, había varios pagarés que se iban a vencer y no podía dejarlos prescribir. Era necesario entonces adelantar las demandas con urgencia porque de lo contrario podría incurrir en detrimento patrimonial. Por eso actué de manera responsable.

No le parece curioso que usted contrató a la abogada Valencia un día después de un decreto que señala que los deudores deben pagar los honorarios de abogado para recibir los nuevos beneficios...
No sé si esto aplicó a los 600 deudores que ella tenía. Lo que sí es claro es que necesitábamos instaurar las demandas antes de que se vencieran las obligaciones.

En ese momento también cursaba en el Congreso un proyecto que frenaba todos los cobros judiciales contra pequeños deudores del Pran, que son la gran mayoría. ¿Finagro no sabía de esto?
En ese momento estaba en proceso el proyecto, pero no había garantía de la ley, que fue sancionada en julio. Entonces yo actué con base en las normas que en ese momento estaban para evitar que las obligaciones prescribieran.

No es paradójico que ahora la abogada Valencia tenga un nuevo contrato para retirar las demandas que ella misma interpuso... Puede sonar así, pero hoy la ley nos obliga a retirar las demandas contra esos pequeños deudores y nosotros tenemos que cumplir la ley. Si no lo hiciéramos, estaríamos cometiendo un delito.

Respuesta: A Finagro, ¿quién lo ronda?
 

lo mas molesto es que siempre se hacen los santicos,,,que todo lo han hecho conforme a la ley, y el problema es q por culpa de este pelagato de funcionario,,,hay que pagarle una millonada a esta abogada,,que nunca fue necesaria............que rosca....