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El fin de Ser Pilo Paga: ¿y ahora qué?

Expertos analizan cómo debería ser la nueva propuesta del presidente Iván Duque.

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La última cohorte evidencia que 79 por ciento de los beneficiarios están en universidades privadas y 21 por ciento restante, en instituciones públicas.

Desde su puesta en marcha en el 2015, Ser Pilo Paga (SPP) fue uno de los programas más debatidos del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos por parte de la opinión pública.

Los principales argumentos para desacreditarlo se centraron en su escaso impacto en la población beneficiaria –jóvenes de escasos recursos pero con los mejores puntajes en las pruebas Saber– y en la forma como se invertían los recursos, que favorecían mayoritariamente a las universidades privadas en detrimento de las públicas.

Después de cuatro ediciones y cerca de 40.000 pilos matriculados en instituciones de educación superior del país, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunció el jueves pasado que su continuidad tal y como está concebido es inviable. El parte de tranquilidad es que se mantendrá la financiación de las cuatro generaciones de estudiantes que todavía hacen parte del programa.

La idea ahora es reemplazarlo por otro modelo que fortalezca la educación pública y que reconozca los méritos estudiantiles, indicó Angulo, quien no dio más detalles de la nueva propuesta.

Para Fabio Sánchez, profesor de la facultad de Economía de la Universidad de los Andes y experto en análisis de políticas educativas, la decisión de terminar con Ser Pilo Paga es un error.

"El programa tiene unos efectos muy importantes en cuanto a acceso de grupos vulnerables y de alto mérito académico que antes no estaban accediendo a la educación superior, dadas las restricciones financieras. Son casi 40.000 jóvenes que la educación no estaba captando", explica a EL TIEMPO. Según Sánchez, las razones que plantea el Gobierno para su desmantelamiento, "como la de decir que son muchos recursos para tan poca gente", no se justifican.

"Si uno mira el costo de un pilo versus el de un estudiante en una universidad pública de alta calidad, estos últimos le generan un mayor esfuerzo monetario al Estado y, además, son de estratos más altos que los de SPP. En cuanto al beneficio social del programa, hay un mayor retorno en términos de equidad", dice.

Julián de Zubiría, pedagogo y director del Instituto Merani, en cambio, aplaude la medida de la ministra por "aceptar que Ser Pilo es un programa costoso que no mejora la calidad, que no consolida el derecho a la educación y que agrava la iniquidad". Para él, se trata de una política pública que solo beneficia al dos por ciento de los egresados de la educación media. En otras palabras, "con SPP, Colombia tardaría cinco décadas en garantizar el derecho de todos los estudiantes a recibir educación superior", cuenta a este periódico.

Ante la pregunta de cómo debería ser el nuevo plan que implemente el ministerio para reemplazar el programa, Sánchez recomienda un modelo que recoja la esencia de Ser Pilo Paga pero que introduzca un fondo que lo haga sostenible y autosuficiente en el tiempo.

Así, los estudiantes, una vez se graduaran, devolverían el 50 % de lo que costó su educación universitaria al Estado e irían generando una bolsa de recursos para financiar la matrícula de los nuevos pilos. "Llegaría un momento que no se necesitaría capital público, pero esto toma un tiempo. La idea es que la ayuda estatal funcione como un crédito puente hasta que el programa sea sostenible", explica.

"Llegaría un momento que no se necesitaría capital público, pero esto toma un tiempo. La idea es que la ayuda estatal funcione como un crédito puente hasta que el programa sea sostenible".

La segunda propuesta del profesor es aumentar la oferta de universidades públicas de calidad, sobre todo en las regiones, lo que pasa por destinar más recursos a la educación superior pública. De la misma opinión es Zubiría, para quien en vez de seleccionar estudiantes pilos, habría que seleccionar universidades pilas, oficiales y regionales, y fortalecerlas a nivel económico, académico y pedagógico.

"Con los mismos recursos, se puede pasar a beneficiar a cincuenta mil estudiantes cada año. La política pública no puede dedicarse a favorecer a un pequeño número de estudiantes y universidades privadas. En una democracia hay que hacer todo lo posible por universalizar los derechos", añade.

Por su parte, Francisco Cajiao, consultor de Naciones Unidas y exrector de las universidades Distrital y Pedagógica, cree que, además de fortalecer las instituciones de educación superior públicas, se debe estimular la labor del Icetex y sacarlo del déficit en el que está sumido, que ascenderá a 780.000 millones de pesos en el 2019, de acuerdo con las predicciones de la ministra Angulo.

"El instituto es una oportunidad y una alternativa de crédito real para los jóvenes con menos recursos que no encuentran cupo en las universidades públicas"

"El instituto es una oportunidad y una alternativa de crédito real para los jóvenes con menos recursos que no encuentran cupo en las universidades públicas. Lo deseable sería aumentar esos cupos, pero eso no se logra de un día para otro", dice.

Todo apunta a que las instituciones privadas serán las grandes perjudicadas con el nuevo plan de María Victoria Angulo. Obdulio Velásquez, rector de la Universidad de La Sabana, que actualmente cuenta con 1.600 pilos, indica: "Eso va a terminar ocurriendo: que se destinen menos recursos a las privadas y más a las públicas".

Asegura que están abiertos a explorar alternativas con el Gobierno para que los estudiantes con menos recursos sigan accediendo a las mejores universidades privadas y que uno de los puntos que habrá que contemplar en este replanteamiento de SPP es el de destinar mayores esfuerzos estatales al acompañamientos de estos jóvenes.

"El estudiante requiere cosas básicas como material de estudio, alimentación, transporte, no solo ayuda con la matrícula", concluye.

‘La nueva versión se va a dar a conocer en octubre’: Mineducación

Luego de la confirmación de que el programa Ser pilo Paga será reemplazado, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, dio un parte de tranquilidad a sus cerca de 40.000 beneficiarios, asegurando que se les garantizarán sus estudios hasta que se gradúen.

La jefa de la cartera, sin embargo, reconoció que el programa tiene un déficit de 2 billones de pesos y que están buscando, junto con el Ministerio de Hacienda, los caminos para obtener ese dinero.

La ministra habló con EL TIEMPO y aseguró que la nueva versión de Ser Pilo Paga tiene como objetivo integrar a más jóvenes y fortalecer la educación pública, pues, según las cifras de la última cohorte, el 79 por ciento de los pilos están ubicados en universidades privadas.

Sin embargo, todavía no están claros cuáles serán los lineamientos que tendrá el nuevo formato de Ser Pilo Paga.

¿Ser Pilo Paga se acaba?

Honraremos los compromisos de los 40.000 estudiantes que hacen parte del programa. Esto implica un esfuerzo grande del Ministerio de Hacienda, la cartera de Educación y del presidente Duque, porque faltan 2 billones de pesos para garantizar hasta el 2023 los estudios de los beneficiarios. Con esto queremos dar un parte de tranquilidad a los jóvenes y familias.

No solo analizamos los costos, también las realidades del sector de la educación superior en Colombia. Es claro que se mantendrán las características de mérito, pero también queremos impactar en la equidad y el fortalecimiento de la educación pública.

El 20 de octubre, los estudiantes recibirán los resultados de las Pruebas Saber 11, y para esa época ya tendremos lista y sustentada la nueva apuesta del presidente Duque.

¿Por qué el enfoque en la educación pública?

En un país como el nuestro, donde las vías de desarrollo tienen tantos retos en materia de equidad, no nos podemos olvidar de la educación pública. Queremos que más jóvenes se beneficien de esta iniciativa.

Como estaba planteado el esquema, para ayudar a solo 40.000 estudiantes se destinaba el 50 por ciento de los recursos. Si se mira el modelo, resultados y prioridades, nos damos cuenta de que es necesario un cambio.

¿Cuántos pilos van a la educación pública?

La última cohorte evidencia que 79 por ciento de los beneficiarios están en universidades privadas y 21 por ciento restante, en instituciones públicas.

¿Cómo evidenciaron el déficit de 2 billones de pesos?

Como lo ha dicho el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en la transición de la administración pasada a hoy, el presupuesto del año 2019 está desfinanciado, y eso no es distinto en el sector educación. Los 2 billones se refieren a los recursos que esta administración tiene que asignar para honrarles el compromiso a los 40.000 estudiantes, recursos que van hasta el 2023.

¿Por qué hubo este déficit?

Se da por la misma metodología y asignación del programa. Se seleccionaban los beneficiarios y al mismo tiempo se asignaban los recursos anuales. No como en otro momento, cuando se guardaban los recursos de la cohorte por estudiante. Así las cosas, por el momento se han distribuido los recursos de los años anteriores, y nos queda por terminar de asignar hasta que cada uno de los estudiantes se gradúe.

¿Alguna idea de cómo se llamará el nuevo programa?

No, lo estamos trabajando.

¿La apuesta también es por la equidad?

La educación tiene que dar respuesta sin importar el estrato socioeconómico. Los programas de acceso tienen que estar orientados a darles la oportunidad a quienes han estado en situación de vulnerabilidad, para que la educación les cambie la vida. Ese será el espíritu del nuevo programa.

El déficit de las públicas

El próximo martes, las universidades oficiales marcharán por diferentes ciudades del país para exigir al Gobierno más recursos para la educación superior pública.

La convocatoria está liderada por profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia que, desde el lunes, se declararon en asamblea permanente en rechazo a la situación de desfinanciación que vive la institución.

En las últimas semanas, la Nacional también comunicó que presenta déficit financiero para terminar de funcionar en lo que queda del 2018. La directiva habla de un monto de 60.000 millones de pesos.

FUENTE: eltiempo.com