Es claro el intento de quitar los pesos y contrapesos de la Constitución del 91 en detrimento del equilibrio de los tres poderes, fortaleciendo aún más el sistema presidencialista.

Cuando se estaba discutiendo la creación de la fiscalía se examinó el modelo estadounidense de que ésta quedara bajo la órbita del ejecutivo, pero se desechó por el peligro que representaba para la democracia colombiana darle tanto poder al ejecutivo, lo que al final propiciaría el autoritarismo. De ahí que se prefiriera dejarla en la Rama Judicial, con su elección involucrando tanto a la Rama Judicial como al presidente.

De igual manera, y siguiendo el ejemplo europeo, se prefirió darle independencia a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, creando la Corte Constitucional la que, a diferencia de la Suprema y el Consejo de Estado, su nombramiento involucraría a los tres poderes. Con los naturales sobresaltos por la injerencia de la clase política, en general la Corte Constitucional ha cumplido con brillantez la misión encomendada.

Crear un Tribunal Supremo, siguiendo el ejemplo de EEUU, cuyos miembros sean elegidos por el presidente en una democracia frágil como la colombiana, cooptada por el autoritarismo y el clientelismo, es poner a la justicia al servicio del presidente. Fiscal y Tribunal Supremo en sus manos, aparte del congreso, es instaurar unos poderes de bolsillo al servicio del ejecutivo.

Aterra la propuesta pues de hecho instaura una dictadura presidencial, cabeza de un Estado policial en el que se instaurará el unanimismo si se quiere sobrevivir. Algo parecido a lo que hoy vive Venezuela.

Increíble, aparte del nido de ratas que reunió en torno suyo a todos los corruptos de este país, resultó peor Duque que Petro. Y eso es ya mucho decir.