La tutela: ¿bloquea el debate electoral o lo depura?

La admiro por su valor enfrentando a los corruptos, pero qué desagradable es su gritería constante, reemplazando los argumentos por los epítetos. Bienvenida la tutela para civilizar el debate electoral.

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La tutela: ¿bloquea el debate electoral o lo depura? Por JUANITA LEÓN · 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 Hasta hoy tiene Claudia López plazo para acatar el último fallo de tutela que le exige recoger sus palabras, esta vez contra Cambio Radical, basada en la defensa al buen nombre. Es la cuarta rectificación que le toca hacer en cuatro meses a la candidata presidencial que ha llevado la voz cantante en la lucha anticorrupción. ¿Es una forma de callarla o de depurar el debate público? El fallo El fallo más reciente es de la Corte Suprema de Justicia y obliga a la Senadora a rectificar en las próximas horas esta frase que dijo en una entrevista que le hizo Yolanda Ruiz en RCN Radio el 16 de agosto: “Cambio Radical, que en mi opinión, es un concierto para delinquir con personería jurídica”. En esa misma entrevista, ella justificó su opinión diciendo que el partido de su rival Germán Vargas tenía “el mayor número de parapolíticos condenados” y que incluso había avalado al ex gobernador de la Guajira –un asesino-. La sala de casación penal de la Corte Suprema dijo que si bien López tenía el derecho a criticar la forma cómo el partido ha otorgado los avales a sus miembros, no puede decir que “es una agrupación establecida con el fin de cometer delitos” porque no existe ninguna prueba que vincule al partido con crímenes. La Corte basa todo su fallo en el derecho al buen nombre que tienen las personas, incluidas las jurídicas como Cambio Radical. En el mismo sentido falló otra tutela contra la candidata Verde hace menos de diez días la sala de casación civil de la misma Corte al tumbar un fallo del tribunal. La Corte obligó a López a rectificar un trino del 14 de agosto en el que decía: “Mentirosos y corruptos del Centro Democrático liderados por el hijo del parapolítico Ciro Ramírez difamando a Carlos. Además de corruptos, cínicos”. Lo había hecho a raíz de unos cuestionamientos por parte de miembros del partido uribista a la contratación del gobernador Verde de Boyacá y aliado de López Carlos Andrés Amaya. La Corte alegó que el buen nombre es un derecho fundamental que debe ser protegido e incluso rechazó que Claudia haya mencionado que un representante a la Cámara fuera “hijo de parapolítico” a pesar de que su papá sí había sido juzgado por ese delito. “El estigma familiar no puede tenerse como argumento válido para una razonable contienda política”, dijo la Corte. Los otros dos fallos fueron uno a favor del Fiscal General, sobre quién Claudia trinó “queda claro por qué Bustos y Néstor Humberto hundieron el tribunal de aforados, sabían que terminarían presos si se descubría la venta de fallos”. Y el otro a favor del ex exministro de Vivienda Luis Felipe Henao. El debate El caso de las tutelas contra Claudia López abre un debate vital en vísperas de la contienda electoral por la Presidencia en el 2018 y es si vía tutela se está judicializando el debate político para callar las críticas más incómodas al establecimiento político; o si, por el contrario, al obligar a los contendores a ser precisos en sus afirmaciones, la tutela evita que la ‘posverdad’ y el populismo infecten el debate público con falacias y exageraciones. Después de Galán, la Senadora verde ha sido quizá la política más efectiva en la denuncia de la corrupción (desde la parapolítica). Incluso más que el senador Jorge Enrique Robledo porque no se ha enfocado en el Gobierno y el modelo político-económico, sino en atacar a políticos poderosos con nombre propio. Como dijo una fuente “lleva más de un año demoliendo la autoridad moral de Uribe y Vargas, deslegitimándolos”; no dejó que Uribe tomara la anticorrupción como bandera como lo intentó inicialmente cuando logró asimilar al Gobierno de Santos y los partidos de la Unidad Nacional con corrupción vía la figura de la ‘mermelada’ y ha logrado graduar a Vargas Lleras de clientelista corrupto, algo que antes se ‘repartía’ entre todos los políticos. La efectividad de su discurso es tal que logró que la Registraduría le avalara 3,1 millones de firmas de ciudadanos pidiendo al Congreso que convoque una consulta popular anticorrupción, una decisión que tienen que tomar este mes. Parte del éxito que ha logrado López en tan corto tiempo es porque ella dice lo que muchos ciudadanos piensan sobre los políticos, sin usar eufemismos y con todos los medios a su disposición. Con lo cual ha derribado muchas fronteras (comenzando por haber destapado toda la parapolítica) y ha puesto el tema de la corrupción en el centro de la campaña para el 2018. Un tema que es crucial para este país y que nunca pasaba de una discusión generalista. Pero, al mismo tiempo, López ha acusado de corruptas a varias personas sin ofrecer ninguna prueba para ello y en gran parte amparada en la inviolabilidad de sus opiniones como parlamentaria. El caso más notorio es el del ex Ministro de Vivienda de Santos, Luis Felipe Henao, a quien Claudia tildó de ser “el ministro de la corrupción” a pesar de que no hay ni siquiera ruidos alrededor de él en ese sentido. Y por lo cual tuvo que rectificarse. O la grave acusación de que la Fiscalía era una policía política al servicio de Vargas Lleras, algo que más de un político dice en los corrillos e incluso han dicho después en los micrófonos Gustavo Petro y Armando Benedetti, pero que no está soportado en los datos, como lo mostró La Silla. Cita: Dice William Davies en el New York Times, los “hechos ocupaban un lugar sagrado en las democracias liberales”. Pero ahora, dice él refiriéndose al fenómeno de Donald Trump en Estados Unidos, “los hechos son una de las principales armas retóricas” en el debate político. “Cómo podemos todavía hablar de “hechos” cuando ya no nos ofrecen una realidad sobre la que todos podamos estar de acuerdo?”, se pregunta el columnista. En esa línea de proteger a las audiencias de informaciones inexactas o erradas es que está pensado el derecho de rectificación. Por eso, hay muy pocas dudas sobre el fallo a favor del ex ministro Henao pues en su caso Claudia hizo lo que los abogados llaman “imputaciones fácticas” al decir que él era “el ministro de la corrupción”. El caso de Cambio Radical, por el contrario, es muy polémico porque ella la formuló explícitamente como una opinión. “En este caso se está judicializando el debate público en opiniones”, dice Pedro Vacca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa y experto en temas de libertad de expresión. “Las opiniones no son rectificables”. Tanto la Corte Constitucional como la Corte Interamericana han dicho que cuando hay dos derechos encontrados como en este caso entre el buen nombre y la libertad de expresión, debe haber una “presunción” a favor de la expresión si se trata de un tema de interés público, y si involucra funcionarios públicos que deben ser más tolerantes a la crítica que los que escogieron llevar una vida privada. Además, hay una jurisprudencia consolidada en el sentido de que en una campaña política el estándar de protección del buen nombre de los otros políticos se flexibiliza aún más porque la misma contienda tiende a estimular las exageraciones y lo clave es no inhibir el debate público para que los ciudadanos puedan formarse su criterio con base en una gama amplia de opiniones. Sin ir más lejos, en el caso de la tutela que ganó el hijo de Ciro Ramírez, los dos magistrados que salvaron su voto critican que la Corte no hubiera sopesado el derecho al honor versus la libertad de expresión “relacionados con el valor institucional que se le confiere en el sistema democrático a un debate robusto sobre asuntos de gobierno”. Al final, esta discusión llegará más temprano que tarde a la Corte Constitucional. El problema es que se resuelva después de las elecciones cuando ya los jueces hayan definido a punta de tutela los contornos de lo que se puede decir.

Fuente: La Silla Vacía