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Francisco Ricaurte, del cielo al infierno

El exmagistrado de la Corte Suprema era un todopoderoso de la justicia. Pero ahora, por cuenta de la investigación contra Gustavo Moreno, está a punto de que le imputen cuatro cargos, como tráfico de influencias y cohecho.

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En un hecho sin antecedentes en la historia judicial del país, este miércoles fue capturado dentro del búnker de la Fiscalía el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte Gómez, envuelto en el escándalo de corrupción que se inició el pasado 27 de junio con la captura del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. De acuerdo con las revelaciones del escándalo, el exmagistrado resultó involucrado en maniobras ilícitas para direccionar expedientes de personas investigadas por el alto tribunal, a cambio de millonarias sumas de dinero.

Este jueves, a Ricaurte la Fiscalía le imputará cuatro cargos: concierto para delinquir agravado, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada, todo en relación con hechos ocurridos después de su salida del Consejo Superior de la Judicatura en 2014. Por eso es la Fiscalía la que indaga su posible responsabilidad en esta red de corrupción, a diferencia del caso del exmagistrado José Leonidas Bustos, manejado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

El miércoles, Ricaurte, quien había expresado a través de su abogado que estaba a disposición de las autoridades, estuvo en la Comisión de Acusación, que le había abierto una indagación preliminar por solicitud de la Corte Suprema de Justicia. Después de salir del edificio, el representante Edward Rodríguez confirmó públicamente que Ricaurte sería investigado por la Fiscalía y no por ellos. Al final de la tarde, Ricaurte se dirigió al búnker de la Fiscalía con el propósito de constatar que no tenía orden de captura en su contra, como insistían los medios. Justo mientras esperaba que un fiscal lo atendiera, a las 7:20 p.m., fue arrestado.

El que ahora se conoce como el escándalo del “cartel de la toga” comenzó cuando la vicefiscal María Paulina Riveros anunció en una inesperada intervención pública la captura del entonces jefe anticorrupción de la Fiscalía, realizada en su propia oficina. La alta funcionaria informó que Moreno le había pedido dinero al procesado exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para entorpecer las pesquisas en su contra. Luego la DEA confirmó esta versión y señaló que Moreno le había solicitado a Lyons más de $500 millones.

Con el correr de los días, en la medida en que se conoció parte de los contenidos de las grabaciones de la DEA sobre las conversaciones entre Moreno, su socio Leonardo Pinilla —también capturado el 27 de junio— y Alejandro Lyons, inicialmente salieron a relucir los nombres de los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. El primero, expresidente de la Sala Penal en 2012 y 2013, y expresidente de la Corte en 2015.

Francisco Ricaurte es abogado de la Universidad de Cartagena y se inició como citador en un juzgado de esa ciudad. En 1990 ya oficiaba como juez superior, y se mantuvo en la Rama Judicial hasta el año 2004, cuando respaldado por el magistrado Carlos Isaac Náder accedió a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Cuatro años después llegó a la presidencia del alto tribunal, en momentos en que el gobierno Uribe libraba una agria disputa pública con la Corte Suprema de Justicia.

A pesar de que la confrontación entre Uribe y la Corte Suprema llegó a extremos, como la instalación de micrófonos en la sala plena del alto tribunal por parte de una funcionaria del DAS, y fueron ilegalmente interceptadas las comunicaciones de varios magistrados, Francisco Ricaurte se alineó más con quienes tenían una postura menos enfrentada con el Ejecutivo. En medio de sus habilidades para moverse también en los mundos político y judicial, cuando terminó su magistratura, ya tenía listo su nuevo paso.

En un procedimiento encuadrado en lo que coloquialmente se llamó el “tú me eliges, yo te elijo”, Ricaurte logró hacerse nombrar como magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que, entre otras funciones, integra las listas de elegibles para distintos cargos en la Rama Judicial. Sin embargo, varios ciudadanos se unieron para demandar su elección ante el Consejo de Estado, argumentando que Ricaurte había ganado con los votos de quienes él había ayudado a elegir.

Por esta razón, en noviembre de 2014, el Consejo de Estado anuló su llegada a la Judicatura. Ricaurte interpuso varios recursos para tratar de revertir la decisión, pero ninguno prosperó. Este año, una vez más, quiso regresar a la justicia y se postuló como magistrado para el Tribunal Especial de Paz, argumentando que lo hacía ante el “déficit de derechos y también de justicia en el país”. Sus pasos desde que dejó la Judicatura en 2014 son los que ahora investiga la Fiscalía, en relación con sus nexos con Moreno.

Está documentado que el exfiscal anticorrupción y Ricaurte mantenían una sólida amistad personal y profesional. No sólo Moreno lo visitó en múltiples ocasiones en la Corte Suprema y en la Judicatura, sino que solían encontrarse en sitios públicos, sobre todo en una oficina en el norte de Bogotá, donde también acudía el exmagistrado Bustos. Ricaurte fue invitado de honor de Moreno cuando éste lanzó su libro El falso testimonio en Bogotá y en Cartagena, en 2014. Pero Moreno y Ricaurte ya no están en un pedestal. Ahora ocupan un lugar en el banquillo de los acusados.