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TIRA Y AFLOJE EN TORNO A LA JEP

Pronto serán elegidos los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Antes de que esta empiece a funcionar, se mueven intereses y mensajes en torno a sus competencias.

Cuatro temas alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada en los acuerdos de La Habana por las Farc y el Gobierno Nacional, han puesto de nuevo en la agenda los dilemas aún sin resolver y las definiciones que habrán de adoptarse para asegurar su cabal funcionamiento.

En primer lugar, algunas declaraciones del fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dieron pie a que se interpretara como una posición de la Fiscalía contra la JEP. Pero si se va más allá de los titulares y se examina lo que ha dicho el fiscal, se ve que no hay tal oposición. Hay, sí, advertencias que tienen mucho sentido, como la necesidad de definir de una vez por todas la competencia exclusiva que la JEP tiene sobre los delitos cometidos en relación con el conflicto armado por parte de cualquiera de sus actores. Esto, por cuanto hay sectores que siguen exigiendo que a los miembros de las Fuerzas Armadas procesados se les apliquen las máximas penas y sean juzgados por la jurisdicción ordinaria. Llama la atención, eso sí, que haya tanta inquietud en determinados colectivos y entre las mismas Farc cuando el fiscal Martínez pide una y otra vez que no haya impunidad al amparo de la JEP.

El segundo aspecto en torno a la JEP es la intolerancia de los cabecillas de las Farc frente a cualquier discusión o planteamiento que algún funcionario haga sobre la JEP y que no se alinee con sus propios intereses. Ya no es solo el consabido etiquetamiento como “enemigo de la paz” a quien haga interrogantes o manifieste dudas, sino que acusan directamente al fiscal y al procurador General de obstaculizar la aplicación de los acuerdos de paz. Los funcionarios aludidos, por cierto, caen en la trampa y se sienten forzados a ofrecerles explicaciones y a aclarar que son fervorosos partidarios de los acuerdos. Pero más que excusándose, les irá mejor ejerciendo sus competencias y aplicando las normas constitucionales.

El tercer punto tiene que ver con los mensajes que envía el presidente Juan Manuel Santos. Si al dar posesión a la magistrada de la Corte Constitucional, Diana Fajardo, dijo que esa corte debería apurar las decisiones sobre la implementación de los acuerdos con las Farc recordando de forma sutil que era deber de los magistrados apoyar el proceso de paz, también ha enviado mensajes al fiscal general. Le dijo esta semana que “no hay mayor justicia que aquella que sirve a la paz”. Los presidentes suelen considerar justicia la que se amolda a sus finalidades políticas, y unido a que el presidente Santos ha definido la paz como aquella que se identifica con el acuerdo con las Farc, la frase dirigida al fiscal tiene tácita finalidad conminatoria.

Finalmente, el cuarto asunto es que ya comenzará el proceso de elección de magistrados de la JEP por parte del Comité designado para ello, del cual se descolgó el Vaticano. La JEP será lo que esos magistrados decidan que sea. Sus normas tendrán el sentido y alcance que ellos definan. Podrá ser un tribunal de justicia transicional o un tribunal de depuración por motivos ideológicos. En una época en la que a los colombianos se les pide confianza y credulidad –a la vez que los líderes hacen todo por contrariarlas–, no les queda sino aguardar que a la JEP llegarán juristas de impecable talla moral. ¿Podremos confiar que así será?.