Madres comunitarias se quedaron sin trabajo estable: presidente objetó la ley

Ah, pero en campaña...

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La ley que buscaba garantías laborales para las madres comunitarias del país, encargadas de los cuidados de casi 750 mil niños de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad, no será una realidad. El presidente Juan Manuel Santos objetó esta iniciativa al considerar que era inconveniente en su totalidad porque resulta contraria a la Constitución y porque “genera un impacto fiscal de enormes proporciones”.

Según explica el concepto de la presidencia, la posibilidad de dar subsidio a la vejez y educación gratuita a las madres comunitarias “afecta seriamente la estabilidad de las finanzas públicas, el equilibrio macroeconómico y el principio constitucional de sostenibilidad fiscal”. Es decir, no hay plata con qué cumplir con esa promesa.

La polémica explicación de la presidencia también se refiere a la posibilidad de que las más de 50.000 madres comunitarias tuvieran un contrato a término indefinido con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al respecto señala que se ampliaría la planta laboral de 6.000 personas a 61.000.

En síntesis, los beneficios que se buscaban para las madres comunitarias quedaron en letra muerta y una de las justificaciones que plantea el Gobierno es que, desde 2014, las madres comunitarias gozan de protección laboral mediante su vinculación con las entidades administradoras del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar. Es decir, continuarán bajo la figura de la tercerización laboral. (Lea: El calvario de las madres comunitarias)

Hace casi un año, las madres comunitarias del país se ubicaron frente de la sede del ICBF en Bogotá durante 11 días, precisamente para protestar por las precarias condiciones laborales. En ese momento, hubo un duro debate en el Congreso, realizado por el senador del Polo Democrático Alexander López contra la directora del ICBF, Cristina Plazas, en el que desnudó irregularidades como la informalidad de las madres comunitarias, la pésima y mal balanceada alimentación de los menores y los contratos millonarios a entidades que eran, finalmente, las encargadas de subcontratar el cuidado de los niños.

Por ese motivo, el mismo senador López inicio el trámite de esta ley que fue objetada de un plumazo. En su articulado planteaba que entre otros temas: vinculación laboral formal con trato preferencial a madres cabeza de hogar; capacitación y vinculación educativa; para quienes hayan trabajado durante más de 10 años tendrán acceso a pensión, siempre y cuando tengan más de 57 años. Además, planteaba que la alimentación de los menores fuera entregada con contenidos nutricionales adecuados y acorde a las costumbres gastronómicas de la región.

Así las cosas, con la objeción de la ley, más de 50.000 madres comunitarias seguirán pendientes de la contratación que se realice a través de terceros, que establecen convenios interinstitucionales con el ICBF. Lo que podría ir en contravía de una sentencia de la Corte Constitucional que dejó claro que las madres comunitarias tienen derecho a todas las garantías laborales.

No obstante, según el concepto de la objeción presidencial, el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, a través de contratos laborales, genera las garantías mínimas previstas en la legislación laboral colombiana, contenidas de manera especial en el Código Sustantivo del Trabajo.

El Espectador habló con el senador Alexander López, autor de la ley que objetó el presidente Santos y fue radicalmente crítico “El gobierno no puede ser miserable con las madres comunitarias. ¿A quien le dieron el premio Nobel de Paz? Al que tiene la mano tendida para los violentos a los que les van a dar salarios y seguridad social y hace lo contrario con más de 50.000 señoras que cuidan a niños en condición de vulnerabilidad”.

López agregó que “es mentira el argumento de que la contratación de las madres comunitarias generaría un gran impacto fiscal. Esa plata ya se la están dando a fundaciones que además reciben beneficios tributarios, lo que pretendíamos era eliminar esa intermediación y que fuera el estado directamente el que le garantizara el trabajo a las madres”.