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Transmilenio, a pagar una indemnización de $52.200 millones

Por demorarse casi nueve años en poner a funcionar la troncal hasta Soacha, un tribunal de arbitramento le ordenó a la empresa del Distrito que les pague esa suma a dos operadores privados del sistema. El fallo podría generar más reclamos multimillonarios.

Transmilenio recibió un nuevo golpe contra sus quebradas finanzas. Por orden de un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá tendrá que pagarles $52.200 millones a los operadores Transmasivo S.A. y Somos K, encargados de poner a circular buses por las troncales de las avenidas Américas, Suba y NQS.

Con esa suma, el ente gestor del transporte público en Bogotá tendrá que indemnizar a esos concesionarios por haberse demorado casi nueve años en la implementación del sistema en el corredor vial que va hasta Soacha.

La decisión preocupa porque abre la puerta para que otros operadores hagan similares reclamos multimillonarios ante el retraso en la construcción de troncales. Y esto, de hecho, ya está ocurriendo, según conoció El Espectador, lo que puede derivar en un nuevo golpe contra una entidad que tiene un hueco financiero que ronda los $800.000 millones anuales.

En el laudo arbitral emitido el pasado 21 de diciembre, los árbitros concluyeron que Transmilenio debe pagar $28.800 millones a Transmasivo y $23.400 millones a Somos K. La razón: en la licitación en que les fue adjudicada la operación de la segunda fase del sistema, en 2002 (segundo gobierno de Antanas Mockus), se incluía la prestación del servicio en el corredor vial que conecta a Bogotá con Soacha. Según el cronograma incluido en esa licitación, esa ruta debía entrar en operación en mayo de 2005 (alcaldía de Luis Eduardo Garzón). Sin embargo, la circulación de articulados por allí se puso en marcha casi nueve años después, en diciembre de 2013 (administración de Gustavo Petro).

La tesis que defendieron ambos concesionarios y que adoptó la mayoría de los árbitros fue que sin ese corredor vial tuvieron que mover sus buses por las otras rutas de la fase II que tenían asignadas, durante un tiempo equivalente a 16 meses adicionales, con el fin de cumplir con los más de 400 millones de kilómetros para los que fueron contratados. Y operar ese tiempo extra, aseguraron, los llevó a incurrir en gastos que no les correspondían y por los que Transmilenio debe indemnizarlos.

“El objeto de la licitación consiste en la explotación del servicio público de transporte en Bogotá y su área de influencia (Soacha) sobre las troncales de Transmilenio, por lo que la construcción y la entrega de dicha infraestructura resulta esencial para el cumplimiento de la concesión otorgada. Y es que sin la existencia de la troncal se haría imposible la circulación de los vehículos”, se lee en el laudo de 307 páginas donde se expone el caso.

Los árbitros cuestionaron, además, “la falta de gestión” de Transmilenio para adelantar la implementación de ese corredor vial. “Si bien es cierto que TM no construye los corredores troncales, puesto que dicha facultad recae directamente en el IDU o, para el caso de Soacha, en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Tribunal censura el desinterés y la falta de gestión administrativa de Transmilenio en la coordinación interinstitucional necesaria para la entrada en operación oportuna del corredor”.

La decisión no fue compartida por todo el tribunal. Su presidenta, Carmenza Mejía Martínez, se distanció radicalmente de los demás árbitros. En su salvamento de voto expuso que es un error que sus colegas se hayan basado en las funciones que tiene Transmilenio como ente gestor del sistema, que incluyen el desarrollo de su infraestructura. Para ella, no debía decidirse teniendo en cuenta esas obligaciones, sino a partir de lo expresamente pactado en el contrato con los concesionarios. Dentro de esa lógica, TM estaba obligado a permitir la explotación del servicio a los operadores, mas no a entregarles esa infraestructura.

Mejía agregó que el cronograma que establecía que el corredor a Soacha fuera entregado en 2005 era tentativo y, frente a los concesionarios, TM no estaba obligado a cumplirlo. “Esta sola circunstancia era suficiente para que en el laudo se hubiesen declarado infundadas las pretensiones sobre incumplimiento contractual de Transmilenio”, asegura.

Para ella, no hubo incumplimiento, entre otras razones porque la remuneración de los concesionarios no se obtenía por la operación de una troncal específica, sino por la vinculación de los buses al sistema y el recorrido de los kilómetros pactados. “Podía haber sucedido que esa troncal nunca hubiera entrado en operación y eso no habría impedido la prestación de los servicios y la explotación del Sistema por parte de los concesionarios, como en efecto se ha dado”, sostuvo.

Aunque Transmilenio puede interponer recursos contra esta decisión ante la justicia ordinaria, la determinación de los árbitros es un golpe contundente contra las finanzas de un sistema que el año recién terminado demostró estar al borde de la bancarrota. El 2016 terminó siendo así otro año difícil para la empresa, si se tiene en cuenta el embargo que ordenó en noviembre la Contraloría contra la gerente, Alexandra Rojas, por el presunto detrimento patrimonial que generó su manejo de la crisis del SITP.

Para 2017 está anunciada una reingeniería.