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'Timochenko' y el Presidente podrán redactar la Constitución que quieran: Procurador

'Timochenko' y el Presidente podrán redactar la Constitución que quieran: Procurador

El jefe del Ministerio Público le envió una carta a la Cámara de Representantes en la que cuestiona la aprobación del acto legislativo para la paz.

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En una carta de cuatro páginas enviada a los Representantes a la Cámara el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado cuestionó la aprobación del acto legislativo No. 157 al considerar que se presentaron vicios de trámite puesto que se otorgan facultades excepcionales en el marco del proceso de paz que se adelanta con la guerrilla de las Farc.

Para el jefe del Ministerio Público con la aprobación del acto legislativo para la paz se vinculó el Acuerdo Final que se firme en La Habana (Cuba) a un bloque de constitucionalidad aumentándole la categoría a un Acuerdo Especial, hecho por el cual el proceso de refrendación no es obligatorio y no se tendrá en cuenta. (Ver 'Es mentira que el pueblo tenga la última palabra de lo acordado en La Habana')

En la misiva consideró que los representantes no tenían la competencia para aprobar el acto legislatibo superándo los límites impuestos por la Consitución Política. "Sumado a la inobservancia del principio de consecutividad en el trámite legislativo". En este sentido consiera que la jurisprudencia establece unos límites cuando se habla de reformar la Carta Política.

Ordóñez Maldonado aseguró que este acto legislativo le otorgó "poder constituyente ilímitado a la Mesa de Conversaciones de La Habana para cambiar la Constitución". En este sentido, indica la carta, que se podrán hacer modificaciones a la Carta Magna sin un control establecido, hecho que va en contra del ordenamiento jurídico.

"Timochenko y el Presidente Santos podrán redactar la Constitución que quieran, al incluir en el bloque de constitucionalidad en sentido estricto el Acuerdo Final, que aún no existe", precisa Ordóñez al manifestar que se redujo la función del Congreso de la República a una condición de notario frente a las reformas a la Constitución.

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