Casi 600 servidores públicos presos por estar en nómina de 'los Úsuga' [Archivo]

Heráclito

06-08-2015, 23:28:41

Mientras mi Dr. Uribe "chuza" a las Fuerzas Militares para armar el culebrón del helicóptero, la fiscalía y las fuerzas del orden prosiguen su lucha contra el clan Üsuga.

Casi 600 servidores públicos presos por estar en nómina de 'los Úsuga'

Megaoperación contra la banda pone al descubierto su red de corrupción. Esta semana, 44 capturados.

Por: JUSTICIA | 10:21 p.m. | 6 de agosto de 2015

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Foto: Archivo particular
En los últimos tres días, 44 personas fueron capturadas señaladas de pertenecer a la banda.

Un concejal activo de Guranda, Sucre, y un patrullero adscrito a la Policía de César están entre los 44 capturados esta semana en todo el país por supuestos nexos con el ‘clan Úsuga’. Los dos se suman a una lista de casi 600 funcionarios y servidores públicos que, según la justicia, estaban en la nómina de la banda criminal y que fueron detenidos en los últimos dieciocho meses.

De esa magnitud es la red de corrupción que han tejido ‘Otoniel’ (Dairo Antonio Úsuga David) y sus principales socios criminales, y que les ha servido para ponerse a salvo de decenas de operaciones en su contra.

La más grande de esas ofensivas es ‘Agamenón’, que empezó a finales de enero pasado con más de 1.200 policías en la región de Urabá y que esta semana se vistió de luto por la caída de un helicóptero Black Hawk que dejó dieciséis uniformados muertos. (Además: Santos dice que 'clan Úsuga' será doblegado)

A la par de la cacería a la cúpula del clan, la Policía y la Fiscalía están ahondando en la millonaria nómina que cada mes mueven esos capos en la administración pública. Un informe de la Dijín da cuenta de que desde el primero de enero del 2014, 593 funcionarios públicos, entre ellos miembros o exintegrantes de la Fuerza Pública, fiscales, alcaldes y concejales, han sido capturados por su presunta relación con la banda, la principal estructura narcotraficante en el país y a la que el Gobierno y EE. UU. les declararon la guerra frontal.

“Cada vez que realizamos una operación, hallamos documentos que evidencian pagos. Se mencionan alias, y con labores de inteligencia se determina quiénes pueden ser integrantes de la banda y quiénes son funcionarios”, dice el general Ricardo Restrepo, director de la Policía Antinarcóticos y uno de los oficiales que están al frente de ‘Agamenón’.

Movimiento y ubicación de aeronaves, traslado de tropas y hasta las coordenadas de ubicación de los buques que combaten el narcotráfico en altamar, hacen parte de la información que la banda recibe de su nutrida red de informantes oficiales. Ellos, según las cuentas de César Daniel Anaya Martínez, alias ‘Tierra’, capturado en Turbo en octubre, habrían recibido el año pasado al menos 13 mil millones de pesos en sobornos y otros pagos.

En esa maraña de informantes aparece un coronel retirado del Ejército que, según las informaciones de Inteligencia, era cercano al asesinado abogado Ignacio Londoño. Por cada dato recibe, en promedio, 8 millones de pesos.

“La banda fija tarifas de acuerdo con la persona con la que está hablando –dice una fuente de Inteligencia– (...) Un soldado, un patrullero o un funcionario de alcaldía pueden recibir entre 1 millón y 1,5 millones de pesos mensuales.

Un oficial, dependiendo de su área y especialidad, entre 2 y 8 millones, a veces 40 millones. Un abogado, entre 20 y 1.000 millones de pesos”. También hay sospecha sobre jueces y empleados de juzgados.

Regalan mercados

Agrega que en la nómina también aparecen pagos a líderes religiosos en veredas en Chocó, a médicos, profesores de colegios y líderes comunales, quienes, señala el oficial de la Policía, se encargan de promover denuncias de supuesta violación de Derechos Humanos por parte de tropas, con el objetivo de que sean retiradas de la zona.

También, a través de estas personas, dice la Policía, hacen llegar a las comunidades mercados, útiles escolares y productos de aseo con los que logran ganar su confianza. La meta es que terminen uniéndose a la red de informantes ilegal.

Por eso, la Policía optó por organizar, paralelamente, patrullajes a caballo en zonas rurales, para romper los lazos de afecto con la banda criminal.

Los responsables de ‘Agamenón’ también han detectado cómo los movimientos de sus hombres en el Urabá son reportados a la seguridad de ‘los Úsuga’ por personas que trabajan en los aeropuertos de la región, incluido el de Rionegro.

Como hacían los Rodríguez Orejuela, ‘los Úsuga’ controlan redes de taxistas que utilizan como informantes. El mes pasado, la Policía ocupó la Cooperativa de Transporte Panamericana, Cootranspan, empresa de taxis que –de acuerdo con la Dijín y la Fiscalía– el clan había adquirido para que sus fichas se instalaran especialmente en el aeropuerto y así fotografiaran a los uniformados que llegaban a Carepa y alertaran el arribo y despegue de naves.

A cada uno de los informantes, señalan dos investigadores, la red los surte con teléfonos celulares y les paga recargas diarias o semanales para que informen cada detalle de lo que ocurre en el Urabá antioqueño y chocoano. A ellos, conocidos como ‘puntos’, les pagan 700.000 pesos mensuales, sin importar qué información aportan.

Fuente: el Tiempo