¿Justicia del espectáculo y espectáculo de la justicia?

[Ayudante De Santa]

[PEDROELGRANDE]

César Torres, EL TIEMPO

A los 13 capturados por los estallidos de cargas explosivas en Bogotá se los ajustició erróneamente, pues ninguno de ellos está vinculado al caso.

30 de julio de 2015
En la primera semana de julio estallaron varias cargas explosivas en Bogotá, dos de ellas en oficinas de la empresa Porvenir. Se dijo que el Ejército de Liberación Nacional (Eln) celebraba así su natalicio. El 8 de julio fueron capturadas 15 personas a las que se les señaló como responsables de esos ataques.

El Presidente de la República, el Vicefiscal General de la Nación y el comandante de nuestra Policía Nacional dijeron, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, que esas 15 personas habían puesto las bombas en Porvenir y tenían vínculos con el Eln.

En pocas horas el país supo todo acerca de estas personas: profesión y oficio, nivel de ingresos, vida privada, entre otras cosas. Prensa, radio y televisión –sin asomo de duda y sin verificación previa– los llamaron terroristas. Los comentaristas gratuitos de periódicos y emisoras, profesionales del matoneo mediático que parecen recibir un pago por cada insulto que profieran, se apresuraron a hacer coro con algarabía: culpables, terroristas, asesinos, a la cárcel con ellos, si son de la Nacional o de la Pedagógica son comunistas, y si son comunistas son guerrilleros, y si son guerrilleros son terroristas. Porque en este país lo que hay es terrorismo y no una guerra, apostilló alguien para sumarse a la fanfarria.

Y así, la acción de la justicia se convirtió en un show, en algo para mostrar y recibir aplausos. Lo que debió haber sido un ecuánime proceso investigación-capturas-imputación de cargos, realizados de manera responsable, sobria y con apego a la ley, se convirtió en un espectáculo que presenta ante la opinión pública una serie de indicios, rumores, fotos, videos, versiones, inferencias que deberían hacer parte de la reserva del sumario. Se realizó un espectáculo de ilusionismo verbal que hizo ver como ciertas e indudables las responsabilidades que aún no se han comprobado. Justicia de puro espectáculo que alerta a los culpables y puede condenar públicamente y sin juicio previo a algunos inocentes.

Toda esta puesta en escena atenta contra el debido proceso, contra la presunción de inocencia, contra los mínimos derechos que tiene un acusado. Los abogados defensores y decenas de organizaciones y grupos que desarrollan legal y abiertamente sus actividades de promoción social, organización comunitaria o defensa de los derechos humanos reclamaron garantías judiciales y cumplimiento de la ley. Hasta la ONU pidió una especie de cese el juego para que el proceso jurídico se adelante con seriedad y respetando los mandatos jurídicos vigentes.

Los medios de comunicación empezaron a dudar. Pusieron en cuestión la solidez de las supuestas pruebas y la validez de los argumentos esgrimidos. Se pronunciaron columnistas, profesores universitarios, académicos, y personas de gran respetabilidad en el ámbito jurídico. Las acciones nacionales e internacionales de solidaridad inundaron las redes sociales y grupos de personas que creen en la inocencia de quienes fueron detenidos sientan su protesta en las afueras de los juzgados de Paloquemao.

Desde el momento de la captura de los 15 hasta ahora, se ha podido ver a la justicia convertida –ella misma– en un espectáculo que da grima: de los 15 detenidos, 2 fueron puestos en libertad antes de ser presentados ante el juez porque contra ellos no había ningún cargo. Los otros 13 han sido separados en dos grupos con imputaciones diferentes: tres de ellos han sido acusados de terrorismo y rebelión y los 10 restantes deberán responder por fabricación, transporte y uso de explosivos usados durante una protesta estudiantil en la que hubo varios policías heridos con este tipo de artefactos.

Ninguno de los 13 está vinculado con el caso por el que fueron públicamente señalados. Pero ningún funcionario de alto rango sale a dar la cara y a reconocer públicamente la equivocación.

Esto no puede estar ocurriendo si de verdad se quiere construir un país en paz. Construir la paz implica, entre otras cosas, fortalecer la Fiscalía y la Rama Judicial: que a ellas lleguen las personas más capacitadas, y, sobre todo, las más honorables. Personas que hagan su trabajo para impartir justicia y no para lograr notoriedad, que sepan resistirse a ser instrumento jurisdiccional del gobierno de turno. El espectáculo debe terminar.

César Torres