Universidad San Martín, el 'Saludcoop' de la educación

[Ayudante De Santa]

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Peleas internas y compra de servicios 'inflados' a firmas del mismo grupo corrompen a este sector.

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Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante
El anuncio del Ministerio de Educación de intervenir a la San Martín hizo que los estudiantes marcharan para exigir garantías.

Entre la Fundación Universitaria San Martín (FUSM), intervenida esta semana por el Ministerio de Educación, y la Universidad Incca de Colombia, también bajo la lupa de las autoridades del sector, hay más en común que una crisis administrativa y académica de varios años.

María Villamizar Bonilla, la nueva rectora de la Incca, es hija del rector de la San Martín, Jaime Villamizar, y exfuncionaria de ese claustro. Su vicerrector y mano derecha es Jairo Cotrina, quien hasta hace unos meses era asesor de la rectoría de la San Martín.

Esa conexión concentra la atención de los funcionarios del Gobierno y de varios organismos de control que siguen la pista de los manejos que tienen en la incertidumbre a los 20.156 estudiantes de la San Martín.

Mientras tanto, el sindicato de la Innca cuestiona cómo dos fichas de la administración señalada de postrar a la FUSM pueden contribuir a revivir una universidad que tiene casi 60 años, pero que desde la muerte de su fundador, Jaime Quijano, en 1991, viene de capa caída.

Villamizar y Cotrina llegaron cuando María Solita Quijano, hija del fundador, retomó el control de la Innca. El anterior rector, Enrique Conti Bautista, salió fuertemente cuestionado por sus decisiones financieras y académicas, que tienen a la institución en riesgo de millonarias condenas. Una sola de las demandas, entablada por la Corporación Desarrollo Educativo y Social (Cordes), por un supuesto incumplimiento de contrato, asciende a 21.000 millones de pesos.

En medio de la pugna interna por el poder, la Incca ha sorteado varios amagos de paro de profesores y estudiantes. Fuentes consultadas por este diario no descartan que el Gobierno tenga que tomar decisiones en el corto plazo para garantizar la educación de miles de estudiantes.

Casos como este están evidenciando que la educación superior se contagió de los mismos males que han aquejado al sector salud. De hecho, el expediente de la San Martín recuerda mucho al de la EPS Saludcoop.

En ese sentido, el consultor Francisco Cajiao considera que es urgente crear una Superintendencia de Educación, que se encargue de regular e intervenir estas instituciones, tal y como sucede con en el sector de la sanidad.

El gran problema con este tipo de instituciones universitarias, explica el experto, es que nacieron como fundaciones de grupos familiares, sin un respaldo fuerte. “Fueron creadas como fundaciones, porque así lo permite la ley, pero en la realidad son negocios privados que, a la hora de la verdad, tienen un gran ánimo de lucro”, dice.

“No estamos hablando de universidades de mala calidad, sin capacidad académica. No son de garaje, porque tienen instalaciones que cualquier otra envidiaría –como Saludcoop–. Sin embargo, la manera en que manejan los recursos y se mueven frente a la ley no es clara”, agrega Cajiao.

¿Qué irregularidades se ven en el sector? Por ejemplo, que las cabezas de algunas universidades incluyen en sus consejos directivos a su núcleo familiar, incluidos cónyuges e hijos, con honorarios elevados. Esta es una razón de fondo para las peleas familiares por el control de las universidades, algunas de las cuales arruinan las finanzas de las instituciones e incluso terminan con funcionarios en la cárcel.

También es frecuente la integración vertical, una de las venas rotas del sistema de salud. Mediante este esquema, que consiste en contratar con firmas del mismo grupo económico, se hacen compras de servicios –por valores superiores a los del mercado– a empresas relacionadas con las familias de los fundadores de los centros de educación superior.

En el caso de la San Martín, se investigan los convenios de prácticas para los estudiantes de Veterinaria y Zootecnia con Cibre, un centro de investigación en reproducción que registra un patrimonio de 58.000 millones de pesos y cuyas cabezas son los mismos miembros del Plenum (consejo directivo) de la universidad. Arriendos y servicios como aseo, alimentación y papelería suelen contratarse bajo las mismas condiciones.

Otra mala práctica recurrente es el incumplimiento en los aportes pensionales y parafiscales. Precisamente, la Fiscalía le imputará el cargo de fraude procesal al representante legal de la San Martín por no cumplir fallos judiciales que obligan a esa Fundación a pagar las prestaciones no cubiertas.

Las autoridades del ramo verifican también la situación de la corporación universitaria Rafael Núñez, de Cartagena, después de que la Fiscalía le abrió una investigación al exrector Miguel Henríquez Emiliani por un supuesto desvío de 25.000 millones de pesos.

Control sin dientes

Tomar medidas preventivas como la que se adoptó en días pasados, cuando se le ordenó a la San Martín que creara una fiducia para garantizar que la plata de las matrículas no se vaya a otra parte, no era posible hasta hace apenas una semana. Fue un decreto firmado el 31 de octubre por el presidente Juan Manuel Santos el que por fin le dio algunos dientes al Ministerio.

“Necesitamos mecanismos más eficaces. Nuestras facultades son lentas y no articulan la función que tenemos de vigilar la calidad”, reconoció la ministra Gina Parody. Por eso, el Gobierno alista un proyecto de ley que fortalecería las funciones de inspección y vigilancia de esa cartera.

Uno de los temas por discutir en el Congreso de la República es el de la autonomía universitaria creada por la Ley 30 de Educación Superior, de 1992. La norma, impulsada por sectores políticos que años después terminaron ligados a universidades, limita la capacidad de intervención del Estado, a pesar de que se trata de un servicio público.

Alerta de la Contraloría
Cuestionó operación de la Unad en Estados Unidos

La Contraloría abrió investigación fiscal en contra de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) en la Florida (EE. UU.) por giros de recursos públicos por más de 6.000 millones de pesos que se han hecho desde el 2006. El objetivo de las transferencias es el mantenimiento de esa institución y la construcción de una nueva sede, que es privada. Compulsaron copias a la Fiscalía y la Procuraduría.

Fuente: El tiempo