Polo radica reforma del Estado alternativa

[Ayudante De Santa]

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El Polo Democrático radicará hoy, en la Secretaría General del Senado, un proyecto alternativo de reforma política. Los miembros de la bancada tanto de Senado como de Cámara estarán acompañados por la presidenta del Polo, Clara López Obregón.


La propuesta de la reforma política del Polo plantea que la elección de magistrados y de los altos dignatarios como Procurador, Contralor y Fiscal se soporte mediante concursos de méritos independientes con participación de sectores sociales, la academia y la rama judicial.


Igualmente planteará bajar el umbral o mínimo de votos para llegar al Congreso del 3 al 2 por ciento de la votación.


También incluye la eliminación de la reelección presidencial y de otros cargos públicos. Incluye la eliminación de la Comisión de Acusación de la Cámara, por lo que frente al juzgamiento de la figura presidencial el Polo plantea que este sea investigado y acusado por la Corte Suprema de Justicia, y juzgado por el Congreso en Pleno.


El mantenimiento de la facultad de los partidos políticos de abrir o cerrar sus listas, la silla vacía por corrupción, la prohibición de la puerta giratoria entre el sector público y privado, el fortalecimiento de la carrera administrativa y la función de advertencia de la Contraloría, son otras de las medidas que conforman la propuesta de reforma del Polo.


El proyecto se presenta en momentos en que comienza la discusión y votación de la reforma al equilibrio de poderes que radicó el Gobierno y que acompaña la Unidad Nacional (coalición de gobierno), la cual ostenta las mayorías en el Legislativo.


Algunos de los puntos que contempla la reforma del Polo


Eliminación de la reelección presidencial
La propuesta de reforma del Estado del Polo, al igual que la propuesta presentada por el Gobierno Nacional, contempla que se elimine la reelección presidencial.


También deja establecido que tampoco podrá ser elegido quien, un año antes de la elección, haya ejercido cualquiera de los siguientes cargos: Vicepresidente, Ministro, Director de Departamento Administrativo, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, o del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Comandantes de las Fuerzas Militares, Director General de la Policía, Gobernador de Departamento o Alcaldes.


Juzgamiento del Presidente de la República
Se elimina la Comisión de Acusaciones de la Cámara y el Presidente será investigado y acusado por la Corte Suprema de Justicia, y será juzgado por el Congreso en Pleno.


El representante y vocero de la Cámara del Polo, Alirio Uribe, señaló que “esta es una propuesta que nos parece muy innovadora porque nos parece que el presidente en todo caso debe tener el fuero político para un juicio. Pero en el modelo actual que tenemos es un mecanismo absoluto de impunidad. Aquí nosotros creemos que la Corte Suprema podría investigar y acusar, y el Congreso juzgar”.


Juzgamiento de aforados
Este proyecto contempla la creación de un Tribunal Supremo de Aforados encargado de investigar y juzgar la conducta de los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la Nación y el Vicepresidente, así hubieren terminado en el ejercicio de sus cargos. En este caso conocerá por hechos u omisiones sucedidos en el desempeño de los mismos.


Dicho Tribunal estará conformado por nueve magistrados, y por conductas de las que se derive responsabilidad penal y disciplinaria, este será competente para investigar y sancionar a los aforados.


“Estamos de acuerdo con el Tribunal Supremo de Aforados para que este juzgue pero variamos la forma de elección porque lo hacemos por méritos, pero sí estamos de acuerdo con esta figura”, dijo el representante Uribe.


Prohibición de la ‘puerta giratoria’
Esta reforma establece una inhabilidad para desempeñar altos cargos del Estado para quienes, durante el año previo a su nombramiento, hayan sido directivos de empresas privadas que hagan parte de los sectores relacionados con el cargo a ocupar.


Elección de Magistrados de las Altas Cortes
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo de Aforados, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura serán elegidos mediante un concurso de méritos organizado por las Facultades de Derecho, las organizaciones de jueces y empleados de la Rama Judicial y los colegios de abogados.


Por su parte, quienes conformen la Corte Constitucional serán elegidos por el Senado de una terna que se constituirá por quienes ocupen los primeros tres lugares de un concurso de méritos, organizados también por facultades de derecho, etc.


Medidas contra el clientelismo, la corrupción y el constreñimiento al elector
En esta reforma queda contemplado que se prohíbe el uso de los recursos públicos para obligar a los ciudadanos a votar por un determinado candidato. Deja establecido, en este sentido, que ningún servidor público podrá usar las asignaciones presupuestales o los proyectos de inversión para presionar a los ciudadanos a que voten por un candidato y la violación de estas prohibiciones será causal de pérdida de investidura.


Así mismo, los candidatos a cargos de elección popular tampoco podrán utilizar los proyectos y programas estatales para que los ciudadanos se vean obligados a respaldar a su partido o candidato y la violación de estas prohibiciones será causal de destitución o remoción del cargo.


A este respecto el representante Uribe señaló que, “nosotros planteamos unas medidas muy fuertes contra el clientelismo y la corrupción con la finalidad de que quede a nivel de rango constitucional que genera perdida de la investidura el uso de recursos públicos para que esto sea justificado en los procesos electorales”.


Añadió que para combatir el clientelismo este proyecto propone “fortalecer la carrera administrativa y una reforma más integral al sistema electoral”.


Financiación estatal y fortalecimiento de la democracia
La reforma propuesta por el Polo Democrático prohíbe la financiación privada y plantea la plena financiación estatal en condiciones de igualdad para el funcionamiento de los partidos y las campañas electorales. También se garantiza a todos los partidos y movimientos políticos el acceso a los medios de comunicación y se fortalecen los derechos de la oposición.


Por su parte, queda contemplado que no habrá financiación privada de personas naturales o jurídicas en las campañas políticas destinadas a proveer cargos de elección popular.


Esta reforma establece también que los partidos que hacen oposición tendrán derecho a la réplica cuando el Presidente realice una alocución y podrán elegir por lo menos a dos miembros del Consejo Nacional Electoral.
A este respecto el congresista Alirio Uribe señaló que en la reforma del gobierno “nos vemos afectados como minorías políticas”, por lo que, para fortalecer los partidos de oposición “nosotros planteamos prohibir la financiación privada de las campañas y que esta sea plenamente estatal”.


Elección del Fiscal
Por su parte, el cargo de Fiscal General de la Nación será elegido por la Corte Suprema de Justicia de una terna que se conformará por quienes ocupen los primeros tres lugares de un concurso de méritos organizado por las Facultades de Derecho, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.


Elección del Contralor y del Procurador
Tanto el Contralor como el Procurador serán elegidos por el Congreso en Pleno de una terna que se conformará por quienes ocupen los primeros tres lugares de un concurso de méritos organizado por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Las personas que ocupen estos cargos no podrán ser reelegidas.
Con relación a las facultades de destitución del Procurador, en esta propuesta el Procurador no podrá destituir a los funcionarios en cargos de elección popular. Solo podrá investigarlos y acusarlos ante la Sala Disciplinaria del Consejo de Estado, quien será la competente para definir si deben ser destituidos.


Elección del Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo será elegido por la Cámara de Representantes de una terna que presentarán las Plataformas o Confluencias de Derechos Humanos, las Centrales Sindicales y las autoridades de las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas reconocidas.


Silla vacía por corrupción
Se incluyen los delitos de corrupción como una causal de la silla vacía en las corporaciones de elección popular. “Nosotros fortalecemos esa figura para todas las corporaciones de elección popular cuando haya propuestas por corrupción y otros delitos”, señaló Uribe.