La Comisión contra las chuzadas

[Ayudante De Santa]

[PEDROELGRANDE]

Tras revelaciones de 'Semana'
La Comisión contra las chuzadas
Se pone a prueba la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia, creada para ponerles fin a las interceptaciones ilegales.
Por: Redacción Judicial

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La Comisión contra las chuzadas
Con el fin de evitar que se repitiera la vergonzosa historia tras las chuzadas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a periodistas, magistrados, defensores de derechos humanos y opositores al Gobierno, el Congreso promulgó en 2012 una ley de inteligencia para ponerle un tatequieto a las interceptaciones ilegales. La ley fue sancionada —apenas— en abril de 2013 y hasta ahora es poco lo que se ha hecho para que el deshonroso capítulo de las chuzadas no se repita.
En virtud de la mencionada ley —aprobada por la Corte Constitucional el 12 de julio de 2012— fue creada una Comisión de Inteligencia para que el Congreso controlara las agencias de inteligencia y pudiera pedirles cuentas sobre sus acciones. El objetivo era evitar que el vergonzoso espionaje de otras épocas se reeditara como mecanismo de persecución contra periodistas, dirigentes, sindicalistas y otro largo etcétera de víctimas de estas prácticas durante décadas.
No obstante, los ocho miembros que componen esta Comisión legislativa fueron elegidos, apenas, en noviembre del año pasado. Se trata de los senadores Carlos Emiro Barriga, Juan Lozano, Juan Fernando Cristo y Camilo Ernesto Romero, y los representantes a la Cámara Iván Darío Sandoval, Juan Carlos Sánchez, Hernán Penagos e Iván Cepeda. Según pudo constatar El Espectador, muy a pesar de la tradición de escándalos en esta materia, esta célula legislativa —la única que puede controlar a estas agencias que operan en secreto— sólo se ha reunido una vez.
En palabras castizas: el instrumento ideado por el Congreso para vigilar que en estas entidades no se produzcan abusos, excesos y delitos no ha empezado a funcionar. Tras las revelaciones de Semana, el fantasma de las interceptaciones ilegales volvió a rondar en Colombia. Se espera que hoy a las 9 de la mañana esta comisión trate las denuncias hechas por la revista. “Vamos a sentarnos a evaluar esta situación y a exigir las explicaciones del caso, pues nos corresponde el control político”, sostuvo el senador Juan Fernando Cristo, presidente del Congreso y miembro de esta entidad, de la que apenas vino a conocerse que existía —y que nada ha hecho— ayer.
La controversia no es menor. Este grupo tiene entre sus funciones la de “producir un informe anual dirigido al presidente que dé cuenta del cumplimiento de los controles contenidos en la presente ley y formule recomendaciones para el mejoramiento del ejercicio de las actividades de inteligencia y contrainteligencia”. Por lo que pudo averiguar este diario, lejos está de producirse tal informe. Menos en tiempos electorales.
De la misma forma, por ley quedó establecido que esta célula legislativa debe “emitir un concepto sobre el informe de auditoría de los gastos reservados elaborado por la Contraloría de la República”, documento que, de acuerdo con el senador Juan Manuel Galán, ponente de esta ley, no ha sido elaborado. Galán anunció que enviará un derecho de petición a la contralora Sandra Morelli, “para que se establezca si recursos de fondos reservados fueron desviados para interceptaciones y seguimientos de inteligencia, sin autorizaciones judiciales”.
Igualmente, la Comisión tiene entre sus funciones la de controlar a “los directores de los organismos de inteligencia por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones de la Comisión, o moción de censura a los ministros del ramo correspondiente”. Nada de esto se ha hecho. Ni se han exigido cuentas, ni citado a nadie.
El temor no es sólo que las chuzadas hayan regresado como parte de una interminable pesadilla, sino también que las revelaciones hechas por Semana de presuntas interceptaciones a los negociadores del gobierno en La Habana puedan afectar posibles acuerdos en ciernes para acabar con el conflicto. Hoy se espera que los negociadores de las Farc en La Habana se pronuncien al respecto.
El senador Cristo concluyó: “No puede ser que, después de lo que vivimos en los ocho años del gobierno del presidente Uribe, estemos en lo mismo hoy. Es muy grave que se haya estado chuzando e interceptando a los negociadores de paz. Eso significa ni más ni menos que se estaba chuzando al presidente de la República, quien es el interlocutor permanente de esos negociadores”.

Por ahora, Colombia, un país con una larga y vergonzosa historia de violaciones a los derechos humanos y a la privacidad de quienes no comparten o critican las posiciones de los gobiernos de turno, no cuenta sino con instituciones que, en el papel, controlan los abusos de las autoridades, pero que en realidad no lo hacen. Toda una Comisión se creó para ponerle punto final a estos abusos, pero hasta ahora no ha funcionado. El Congreso sigue en deuda con el país.