Procuraduría y Alcaldía de Bogotá, ahora enfrentadas por contrato de semáforos

[Ayudante De Santa]

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Una exfuncionaria fue destituida mientras que el Distrito intenta revivir polémica contratación.

Un millonario contrato para modernizar los viejos semáforos de Bogotá divide ahora a la Procuraduría y la Alcaldía.


Mientras la primera destituyó este lunes a una alta exfuncionaria por ese tema, tras probar serias irregularidades, el Distrito intenta revivir la polémica contratación, rechazada incluso por asesores jurídicos de la Secretaría de Movilidad.


El contrato tiene que ver con la compra de 26.625 bombillas tipo led, por 6.000 millones de pesos. Hoy, las versiones al respecto son tan disímiles que surge una duda: ¿alguien está mintiendo?


Este lunes, EL TIEMPO conoció que la Procuraduría destituyó a la exsubsecretaria de Movilidad Ángela Piedad Arenas y la inhabilitó para ejercer cargos públicos por 12 años, tras ser hallada culpable de irregularidades en la ejecución de ese contrato.


El fallo, en primera instancia, dejó en claro que las luces presentaron “una falla irreversible en su funcionamiento” y no se pudieron instalar en casi la mitad de los 12.000 semáforos de Bogotá.


El contrato de adquisición de las luces se firmó el 24 de diciembre del 2010 con las firmas Protección Industrial, Multipartes y Korea Electric Traffic. Sin embargo, desde agosto del 2011, los elementos están arrumados en una bodega, pues los conceptos de la Universidad Distrital –a cargo de la interventoría– concluyeron que las bombillas no sirvieron.


En la sanción a la alta exfuncionaria, de la Administración pasada, la Procuraduría la culpó de no verificar que se realizaran óptimos análisis y estudios y de incumplir con su deber de verificar y velar por el correcto funcionamiento de las bombillas.


De hecho, el fallo incluyó el testimonio de Hernán Ceballos, exsubsecretario de Movilidad, nombrado en el 2012, en el gobierno de Gustavo Petro, quien afirmó que las luces no cumplieron con “los requerimientos técnicos funcionales mínimos”.


Pese a esta decisión de la Procuraduría y de las declaraciones de Ceballos –que confirmaron el descalabro–, la administración de Petro sostiene otra tesis y busca revivir el contrato.


Al frente están el secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, y la secretaria general, Susana Muhamad, quienes informaron de una investigación interna que comprobó que, en el segundo semestre del 2011, a los contratistas les exigieron un presunto soborno en Movilidad para que les dieran el visto bueno de las luces.


De lo contrario, les decretarían el incumplimiento, tal como ocurrió, dijo el Distrito. En un comunicado, el 22 de enero, la Alcaldía informó además que por eso firmará un “contrato de transacción” con los contratistas para echar atrás la liquidación (de febrero del 2013), debido a que se hicieron nuevas pruebas y las luces “sí cumplen con las especificaciones técnicas”.


Hoy, el tema sigue dejando más preguntas que respuestas. Este diario conoció un acta del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Movilidad. En el documento, del 14 de enero, firmado por Julieth Prieto Rodríguez, el Comité advierte que el secretario Rodríguez les informó sobre el “contrato de transacción”, pero el documento “no pasó previamente” por esa instancia para su estudio. Por eso, el Comité se apartó de la decisión de Rodríguez.


En vista de estas diferencias entre Procuraduría, Alcaldía y Movilidad, es que surge la inquietud de quién está diciendo la verdad.


Fuente: El Tiempo