Un año perdido columna por laura gil

[Ayudante De Santa]

[INDIVIDUAL]

A un año del fallo de La Haya, el Gobierno todavía busca un camino para hacer frente a las secuelas políticas y jurídicas del nuevo mapa trazado por la Corte Internacional de Justicia. Pero no lo encuentra y, así, enredándose en su propia madeja, está hoy clavándose las agujas. Mucho lo hemos visto hacer, menos lo esencial.
Un pool de abogados nacionales, varios contratos de juristas internacionales, el análisis de los recursos de interpretación y revisión, la exploración de una teoría de conspiración como posible hecho nuevo, la denuncia del Pacto de Bogotá y hasta una demanda para declararlo inexequible de manera retroactiva fueron parte de la respuesta.
Si el desafío político radicaba en lidiar con una opinión pública contraria al cumplimiento de la sentencia, el reto para la Cancillería se presentaba de manera bien diferente. Consistía en poner a la diplomacia en marcha para evitar la prolongación de la controversia fronteriza.
Quienes se oponen al diálogo, esos mismos que condenan al fracaso el proceso de paz con las Farc o al acuerdo nuclear negociado con Irán, dirán que la segunda demanda nicaragüense era inevitable.
Pero, ¿qué hubiera pasado si la Casa de Nariño hubiera ofrecido la negociación del tratado limítrofe, con base en la línea demarcada en La Haya, a cambio del cierre definitivo de la disputa? Quizás, si el Gobierno le hubiera anunciado al país el acatamiento del fallo, no como acto de renuncia a los intereses nacionales, sino como un medio para defenderlos, no estaríamos donde nos encontramos hoy.
Nunca lo sabremos: conscientes de la inminencia de nuevos reclamos, no intentamos detenerlos. Tampoco los actores políticos le dieron al Gobierno margen de maniobra alguno para hacerlo.
Al final, el Gobierno privilegió las demandas internas sobre lo internacional: no arriesgó nada para terminar arriesgando a Colombia. Henos en La Haya una vez más. En poco, posiblemente antes de fin de año, estaremos presentando argumentos ante los magistrados de esa misma corte que este Gobierno calificó de “enemiga”.
Todo indica que la primera actuación colombiana se enfilará a disputar la competencia de la Corte en excepciones preliminares. Nicaragua aboga por una “continuación del caso”, ante lo cual Colombia no tendrá más remedio que alegar cosa juzgada. En otras palabras, el equipo jurídico terminará defendiendo en La Haya la sentencia que tanto desacreditó en Colombia.
Nicaragua solicita el reconocimiento de su plataforma continental extendida. Los dos países se encuentran realizando estudios geodésicos, y los resultados preliminares muestran que la plataforma del vecino país sí se extiende al oriente del archipiélago. De confirmarse, este sería un hecho físico incontrovertible, que expone a Colombia al enclave.
En 1969, López Michelsen decidió declarar una frontera marítima de manera unilateral; los gobiernos posteriores no quisieron o no fueron capaces de dar marcha atrás y el resto es historia. Diga lo que se diga, nada hubiese podido garantizar la completa victoria jurídica.
El gobierno de Juan Manuel Santos no fue en nada responsable del fallo del 19 de noviembre pasado. Pero sí lo es de lo que pasó desde entonces… y no solo él, también buena parte de los colombianos, que prefirió arroparse en un nacionalismo exaltado por los medios de comunicación. Así, al Gobierno le faltó audacia para tomar la decisión dolorosa pero necesaria.
La grandeza de un país no está en los kilómetros cuadrados, sino en la entereza con la cual sus nacionales afrontan la dicha y la adversidad. En esta ocasión, me temo, no hemos pasado el año.
Laura Gil
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