INDIVIDUAL
24-08-2013, 06:55:09
La Corte Constitucional dejó claros los alcances de las concesiones explotadas por particulares.
La decisión de la Corte Constitucional de dejar en firme la obligación de revertir al Estado la infraestructura montada por las dos empresas que manejaron las concesiones originales de telefonía celular (hoy Claro y Movistar) calentó el ambiente de ese negocio en el país.
La Corte avaló una demanda de la Contraloría que buscaba dejar en claro que las empresas móviles, en caso de cesar sus operaciones, deben devolver al Estado el espectro radioeléctrico y las redes e infraestructuras construidas para prestar su servicio. El costo de dichas inversiones, dice la Corte, se entiende amortizado por el valor del servicio que pagaron los usuarios en sus facturas. (Lea aquí: Operadores celulares, a devolver al Estado sus redes / Análisis)
La contralora Sandra Morelli había señalado que “la tesis de limitar la reversión de las concesiones en comunicaciones a la simple devolución del espectro ponía en riesgo la misma obligación que existe en las concesiones “de infraestructura, petroleras, de alumbrado público, acero y en puertos y en aeropuertos”, entre otras. En una apretada votación, cinco magistrados apoyaron esa posición. Cuatro salvaron voto.
Aunque las empresas no se pronunciaron oficialmente sobre el particular, varios expertos anticipan que el fallo se sentirá incluso en el millonario negocio del 4G.
La orden de reversión afecta a Claro y a Movistar únicamente, pues Tigo se rige por una ley posterior que eliminó la obligación de revertir la infraestructura una vez termine la concesión. Las dos primeras empresas sostenían que ellas también estaban cobijadas por el cambio regulatorio. No obstante, expertos como el exministro de las TIC Daniel Medina consideran que en derecho “el contrato original nunca fue modificado”. El año entrante, cuando se deben renegociar las concesiones, el tema será una verdadera papa ‘caliente’ y el debate jurídico será intenso.
En cuanto a la inversión, expertos consultados por este diario señalan que el fallo podría generar nerviosismo para los inversionistas actuales y los que han de venir para la implementación de las redes de cuarta generación (4G), adjudicadas meses atrás. “Es muy preocupante ver cómo la inestabilidad legal y el cambio de reglas de juego afectan de manera importante a unas empresas que durante 15 años han invertido fuertemente, en el marco de un ordenamiento de ley”, señaló Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT).
Otra duda que queda planteada es qué va a pasar con Telefónica/Telecom, de la que el propio gobierno es socio. Esa empresa posee alrededor del 30 por ciento de Movistar, tras la fusión definitiva con Telecom, y hace unos años decidió tercerizar gran parte de su infraestructura: la vendió a otra compañía y ahora paga por su uso un arriendo. Si se da la reversión, le tocará al Gobierno recomprar esa infraestructura para luego ‘autopagársela’.
Dura pelea legal
Los analistas anticipan una agria lucha legal, la cual será el precedente del álgido proceso de negociación de las concesiones que se vencen en el 2014. Incluso se anticipan demandas millonarias contra el Estado.
Uno de los frentes más candentes es que la reversión abre la puerta para que otros operadores puedan acceder a los espectros hoy de exclusivo uso por concesión.
Países como México y Brasil ya trabajan en la creación de una única red nacional de infraestructura que les dé cabida a todos los operadores de telecomunicaciones, radio, TV, etc.
Empresas de celular, blindadas
Según el Gobierno, las millonarias inversiones que realizan las distintas empresas de telefonía celular en Colombia han sido amortizadas en las tarifas de los usuarios. Algunos operadores han vendido sus antenas, aduciendo que la legislación actual no les impide este tipo de negociación.