No es la revolucion, es la democracia

[Ayudante De Santa]

[Joe Quimby]

Por: Juan Manuel Ospina

El acuerdo sobre la tierra producido en La Habana, no es el “decreto número uno” de un gobierno revolucionario, como anunciaban ciertas aves de mal agüero.


Expresa el esfuerzo de gobierno y guerrilla para dejar atrás los maximalismos, tragándose ambos más de “un sapo frío” con el propósito político de facilitar los acuerdos sobre el tema de “la tierra”, que durante medio siglo fue bandera revolucionaria de las FARC. No es el tema de más difícil negociación pero sí es el más cargado de simbolismo, tan importante en política.
Es imposible no pensar que en Colombia algo ha fallado a lo largo de su accidentada historia para que asuntos tan básicos y ya solucionados en cualquier sociedad decente, como es el acceso a los servicios básicos, a la salud, a una vivienda digna, a la educación de las familias rurales, deban hacer parte de los compromisos negociados con la guerrilla para acabar con medio siglo de subversión armada. En otras latitudes esos logros nacieron no de los fusiles sino de las urnas.
El acuerdo (¿o sus bases?) se inscribe en el marco de un reformismo social, que necesita Colombia para iniciar un proceso de cambios progresivos nacidos del debate democrático y de los correspondientes acuerdos políticos, no de la presión de las armas. Reformismo social que en el postconflicto le permitiría al país adelantar su atrasada transición de un estado de irracionalidad económica, exclusión social, clientelismo político y debilidad de las instituciones públicas, a uno donde el debate público impulse los cambios y permita recuperarle sentido y dignidad a la política y a los partidos.
Leyendo entre líneas, se vislumbra una nueva y más contemporánea comprensión de nuestra realidad rural por parte de las FARC que va más allá del fundamental problema de la tierra (“Reforma Agraria”) para plantear una reforma rural que sea integral – tierra, producción y consumo, desarrollo social campesino y protección del medio ambiente – y con un enfoque territorial donde el entorno y la comunidad importan y no la sola parcela; donde más que el tamaño de las explotaciones (“el latifundio”) importa la manera como la tierra se emplea para la producción (“tierras improductivas”); donde no se privilegia la parcela campesina individual sino la
asociación de los pequeños en esquemas de economía solidaria y cooperativa; donde la producción de alimentos permita que todos coman lo necesario (¿un campo y una Colombia sin hambre o con cero hambre a la brasileña?); donde se defina claramente la tierra disponible para el reparto agrario, en un fondo de tierras.
Son grandes líneas que “rayan la cancha” de la inaplazable transformación rural, donde todos los actores y sectores tienen su responsabilidad y su posibilidad. Ello supone a mi juicio que el Estado defina el desarrollo rural como su principal prioridad para los próximos 10 años y proceda a modificar “el modelo de desarrollo” vigente para que su motor sean los sectores productivos y no el financiero. Que reinvente la institucionalidad pública para el desarrollo rural, no solo la nacional sino la territorial, pues la transformación rural es ante todo transformación en lo local y lo regional. Y debe traducir su prioridad política en presupuestos suficientes para el desarrollo rural, que no solo los del Ministerio de Agricultura. Será un proceso transformador liderado por el Presidente de la República desde un Consejo Nacional para la Reforma Rural que trace las líneas de acción, defina las responsabilidades institucionales tanto en lo nacional como en lo territorial y la correspondiente asignación de los recursos presupuestales y luego, supervise su ejecución.
Los departamentos y municipios son fundamentales en la tarea transformadora, con su institucionalidad y presupuestos fortalecidos para asumirla hombro a hombro con las comunidades organizadas, donde las zonas de reserva campesina deben jugar un papel importante; con las organizaciones ciudadanas de jóvenes, ambientalistas y mujeres; con los gremios de productores, no solo los agropecuarios, que tanto tienen para aportar.
La reforma rural que nace es ambiciosa y gracias a un esfuerzo continuado de claro contenido democrático permitirá acabar la tarea inconclusa de transformar y colocar en el siglo XXI a la sociedad, economía y comunidades rurales en sus diferentes componentes y dimensiones.