Los cuestionados casos de Cardona, defensor de víctimas de la Policía [Archivo]

Mashiro

29-04-2013, 11:28:26

ONU cuestiona condena de 4 años de cárcel a uniformados que quemaron a un joven.

La muerte de Wilmer Bernal, de 15 años, tras haber sido quemado por dos policías en Suba (dos queman y uno salva, lo correcto es callar por lo primero y "frentear" con lo segundo), en el occidente de Bogotá, solo le costó a los responsables del crimen cuatro años de cárcel, unas excusas públicas y a la Institución, cerca de 283 millones de pesos, dinero con el que fue indemnizada la familia. Ese fue el final de la brutal historia que se conoció en febrero del 2012, que encabeza cuatro crímenes que en dos años han empañado la imagen de la Policía y que están en manos de Eduardo Cardona, un abogado experto en derecho administrativo que ha decidido acaparar la defensa de las familias que han perdido a uno de sus miembros en confusos hechos (la mayoría en etapa inicial de investigación) y que tienen como común denominador a un uniformado involucrado.

De cuatro muertes de civiles registradas entre febrero del 2012 y abril del 2013 a manos de policías, solo el proceso de Wilmer ha llegado a condena. La decisión judicial, conocida hace apenas una semana, no tardó en generar voces de rechazo. [B]Sobre todo por la baja pena, teniendo en cuenta que por los delitos imputados inicialmente (homicidio agravado y uso ilegal de la fuerza pública) se les habría impuesto 35 años de prisión. Sin embargo, los patrulleros lograron un acuerdo con la Fiscalía, que fue avalado por un juez y que cambió los delitos mencionados a solamente el delito de homicidio doloso.[SIZE="5"] El abogado Cardona no apeló la decisión.

La noticia despertó diversas opiniones. Mario Gómez, de la Fundación Restrepo Barco, dijo que el juez que tomó la decisión y el ente acusador ignoraron la Ley de Infancia y Adolescencia que no permite rebajas a responsables de delitos contra menores de edad(bueno menos mal lo quemaron y no lo usaron como escudo, ya me estaba alarmando) . Manuel López, experto en derecho penal para adolescentes, fue más allá. Dijo que el juez que impuso la condena pudo haber incurrido en el delito de prevaricato. EL TIEMPO intentó comunicarse con la familia de Wilmer, pero no fue posible. El abogado Cardona explica que los allegados del menor prefieren guardar silencio y él toma la palabra. "No solo la cárcel es justicia. También está la reparación, la verdad", señala. Pero para la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la explicación no es tan sencilla.

Según conoció este diario, la ONU ya le puso los ojos al caso. "Estamos preocupados, estamos a la espera de conocer la sentencia y ver cómo se dio el acuerdo que permitió la rebaja de pena. Nos genera dudas que no haya sido apelado y que otros casos que involucren a la Policía en crímenes a población civil coinciden con que el mismo abogado está llevando las defensas de las familias", dijo una alta fuente de ese organismo.

Para Cardona, dicho cuestionamiento no tiene fundamento. "Soy como cualquier otro abogado que lleva varios procesos. Ofrezco mis servicios y ellos aceptan", señala desde una oficina en el norte de Bogotá.

Él reitera que en el caso del joven quemado, la familia quedó satisfecha con la reparación integral. Y en su explicación, insiste en el artículo 90 de la Constitución Política. "El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas", dice el artículo y el abogado se basa en ese argumento para reiterar que aunque la pena impuesta es baja, la familia recibió reparación integral.

"Este es a un antecedente lamentable al que hay que prestarle atención", dijo la fuente de la ONU a EL TIEMPO. Sobre los otros casos que lleva Cardona, también hay preocupación por lo que poco que se ha avanzado.

Jonathan Herrero, esposo de Adriana Jiménez, la joven de 25 años que murió el pasado Día de la Mujer en el sur de Bogotá luego de que un patrullero accionó su arma de dotación contra el vehículo en el que se movilizaba, le dijo a este diario que lamenta la lentitud en el proceso. "La investigación pasó a la Justicia Penal Militar y estamos a la espera de que vuelva a la ordinaria. Ahí estamos estancados", cuenta. Cardona explica que este tipo de casos toma tiempo y que en los próximos días promoverá un conflicto de competencias para que la investigación vuelva a la justicia ordinaria. "Si es necesario haré la petición ante la Fiscalía General", advierte el abogado. Adriana dejó a una hija de ocho años, que quedó al cuidado de su padre, quien asegura que no le importa una indemnización económica. "Quiero justicia", replica.

No muy diferente ocurre con el caso de Michael Suárez, el joven de 17 años que murió en enero pasado por un disparo en la cabeza después de que la Policía realizó un operativo en Soacha. Ahí tampoco hay avances. Según el mismo abogado Cardona, "se está a la espera de que se determine a qué arma pertenecía el proyectil que lo mató, también se está esperando una respuesta a la demanda administrativa que podría tener repercusiones disciplinarias".

El proceso de José Daniel Tavera, de 17 años, y quien falleció en abril pasado por una herida de bala luego de ser requerido por una patrulla de la Policía en Bosa también está en etapa inicial. "Nos constituimos como víctimas y estamos a la espera", dice Cardona, representante de la familia del joven. Adriana, la mamá, asegura que no conoce mucho del proceso judicial, pero que confía en su abogado. "Yo no estoy en capacidad de hablar, el abogado Cardona se me apareció para ofrecer sus servicios y yo acepté, él me dijo que se encargaba de todo", aseguró a EL TIEMPO.

¿Cómo llega Cardona a estos casos? "Muchos ven el asunto con suspicacia, yo lo veo más simple soy abogado y creo que tengo la experiencia necesaria para llevar estos procesos", asegura. Y reitera que para él, la condena a tan solo cuatro años a los policías que quemaron al menor de Suba no es un fracaso. "No me interesa que paguen muchos años de cárcel, solo me importa que las víctimas se sientan que son reparadas integralmente", señala. Mientras tantos, tres familias están a la espera de que la justicia actúe. "Ojalá en el caso de mi esposa, sí se logre una pena ejemplar", advierte Jonathan, el esposo de la joven que murió en un retén.

SALLY PALOMINO C.
REDACCIÓN ELTIEMPO.COM