Si Avenida Longitudianl de Occidente No Se Construye, Se Deben Devolver Terrenos y Revocar Concesion

[Ayudante De Santa]

[Miguelito87]

Este lunes el concejal Javier Palacio advirtió que si la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) no se construye, Bogotá tendrá que devolver los terrenos que compró. En este sentido señaló que la ley prohíbe que se les dé otro uso y agregó que para venderlos primero hay que cancelar las concesiones de algunos de esos predios.
El cabildante recordó lo que dice el artículo 33 de la Ley 9 de 1989: “todas las entidades públicas que hayan adquirido inmuebles a cualquier título o que los adquieran en lo sucesivo, también a cualquier título, deberán aplicarlos a los fines para los cuales fueron adquiridos. En el acto de adquisición se incluirá en forma expresa el fin para el cual fueron adquiridos los inmuebles”.

Palacio señaló que ese tiempo se venció. “Si el alcalde decide no construir la ALO o variarla en su concepción inicial, entendiendo que el proyecto Petro de la ALO incluye colegios y la construcción de un sistema férreo, entonces los motivos de utilidad pública establecidos inicialmente desaparecen”.

Indicó que adicionalmente los predios adquiridos tampoco eran destinados para la construcción de parqueaderos. “De hecho el artículo 10 de la Ley no concibe la construcción de parqueaderos como un motivo válido, por ende los predios adquiridos por el IDU, a raíz de las declaraciones del alcalde de no construir la ALO deben ser enajenados o vendidos sopena de violar el artículo 33 de la Ley 9, entendiendo que los últimos predios se adquirieron en el año 2007”.
Finalmente, dijo que el problema actual es que los bienes no pueden ser enajenados porque están concesionados en parqueaderos y la indemnización sería sumamente costosa, lo simpático del asunto es que los concesionarios de los parqueaderos son de los Nule y habría que indemnizarlos pues la concesión va hasta el año 2015”.
El espectador.

[Ayudante De Santa]

[Miguelito87]

Improvisación de Petro al decidir no hacer la ALÓ además de impedir una mejora en el tráfico de Bogotá, tendría costos económicos bastante grandes para la capital (terrenos, e indemnización a concesionarios).