México, Estados Unidos, Colombia. La legalización de la droga [Archivo]

John Dillinger

28-02-2012, 13:46:51

México. La guerra de las cifras.

Desde el inicio del mandato de Calderón, el número de homicidios en México ha aumentado sistemáticamente. A pesar de las aparentes similitudes con el caso colombiano, el fenómeno mexicano lleva implícitas variables que le hacen potencialmente más complejo. En primer lugar, durante los últimos años los procesos de desmovilización de organizaciones paramilitares y narcotraficantes en Colombia, respaldadas con el aumento sustancial del pie de fuerza a comienzos de la década pasada, desplazó paulatinamente el fenómeno de la producción de marihuana y parcialmente de cocaína hacia territorio mexicano. Adicionalmente, México, a diferencia de los demás países de la región, tiene que confrontar al mismo tiempo el permanente contrabando de armas de fabricación norteamericana a través de la frontera con el país del norte y la salida de droga por los mismos puestos fronterizos. La facilidad con que las mafias de México se dotan de armamento, contrasta con las dificultades que históricamente han tenido que confrontar mafias centro y sudamericanas al buscar canales de importación de armamento ilegal. Actualmente, gran parte del armamento de las mafias mexicanas, no solo es de fabricación estadounidense, sino que es de tecnología reciente.

Dentro de las problemáticas que aborda la sociedad mexicana en el proceso de contención de la violencia narcotraficante, preocupa la ambigüedad de las cifras relacionadas con la violencia asociada a la criminalidad. Paradójicamente, no solamente son las cifras las únicas que hacen parte de los dilemas políticos de la sociedad mexicana, sino también las confusas declaraciones institucionales respecto a la evolución de la violencia del fenómeno. En términos generales existen dos grandes fuentes de información en lo que respecta a asesinatos. La base de datos de la presidencia de la república, que incluye un sistema de consulta de fallecimientos “ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”, y el sistema nacional de seguridad pública.

Homicidios

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A la fecha, a pesar de la presión política y de medios de comunicación, el gobierno mexicano no ha reportado las cifras de asesinatos oficiales del año 2011. Extrañamente las declaraciones públicas de José Óscar Vega Marín -secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)- señalan que 10 estados han “incumplido” con la reducción de homicidios. Este análisis sin embargo desconoce dos elementos fundamentales de la discusión. En primer lugar el fenómeno de la violencia narcotraficante no solamente es nacional, sino internacional. Así, las funciones y responsabilidades de la fuerza pública recaen principalmente en el gobierno nacional y no en las administraciones locales. En segundo lugar, la aseveración respecto a los 10 estados es vaga e insólita, dado el hecho de que en México, solo 7 estados concentran el 57% de los homicidios totales (Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Guerrero, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas).

Evolución de los homicidios. México.

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La solitaria disposición del gobierno mexicano de aferrarse a la línea política estadounidense en lo que respecta a la política antidroga, es una muestra fehaciente de la equivocada comprensión del fenómeno. En medio de la tarea, los compromisos de Estados Unidos deben estar por encima de las reuniones diplomáticas. El escalamiento de la cifra de muertos en la actualidad no tiene antecedentes en la historia moderna mexicana, de no tomarse medidas inmediatas, México puede dar inicio a un tránsito de desinstitucionalización similar al de Colombia en los últimos años.

Estados Unidos. La penalización de la droga como renta corporativista.

En el año 2004, la oficina estadística del departamento de justicia de los Estados Unidos reportó que por primera vez en la historia el número de personas encarceladas en ese país ascendió a más de dos millones de ciudadanos. Desde mucho antes y hasta el día de hoy, los Estados Unidos tiene la más alta tasa de población carcelaria del mundo. Los distintos informes del centro internacional sobre estudios carcelarios, y los reportes del departamento de justicia evidencian desde el año 1980 un incremento excesivo de la población privada de la libertad en el territorio.

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Mientras que desde la década de 1990, los crímenes violentos y los crímenes a la propiedad han disminuido en territorio norteamericano; en los últimos 30 años, el número de personas sentenciadas y puestas tras las rejas ha aumentado en más de cuatro veces. Desde el año de 1980, cuando el gobierno norteamericano endureció las penas por delitos menores vinculados a la posesión de droga, el total de presos por este concepto se multiplicó por 12.

A la fecha, aproximadamente uno de cada 30 ciudadanos norteamericanos se encuentra en proceso de libertad condicional o tras las rejas. La sola cifra genera una reflexión sobre la interpretación de lo que debe ser un orden político liberal y democrático en una sociedad de abundantes recursos materiales con problemas sociales complejos. En comparación la tasa de encarcelamiento en los Estados Unidos es más de dos veces la tasa de encarcelamiento promedio del planeta, y es altamente superior a la tasa de países con poblaciones ostensiblemente superiores y con graves problemas de escases y pobreza como China e India.

El edificio rentista que en las últimas décadas se ha levantado en los Estados Unidos mediante la privación de la libertad de ciudadanos es un escándalo intolerable. Cada año, el incremento presupuestal en materia de construcción de alojamientos penitenciarios, delata la capacidad de presión de corporaciones que se lucran con la vida de personas que viven en condiciones de marginalidad. El 17 de febrero de este año, luego de que Florida experimentara una insólita relación inversa entre la caída de los delitos y el aumento de la población carcelaria en los últimos años, un retroceso preocupante se evidencia. La semana pasada, la legislatura aprobó convertir las 29 prisiones de la zona sur en empresas completamente privadas. En medio del debate, dos corporaciones – Boca Raton-based GEO and Nashville-based Corrections Corporation of America – se dieron a conocer como donantes de al menos dos millones de dólares a candidatos elegidos en el año 2010, incluido el actual gobernador. El hecho evidencia la confusa cadena de intereses políticos y económicos que en los últimos años se ha consolidado a espaldas de una opinión pública ajena a fenómenos complejos que han ocasionado el debilitamiento de la legitimidad institucional en el país del norte.

Entre el año de 1970 -cuando se inició la política de Richard Nixon, de “Guerra contra las drogas”- y el año 2007, el número de arrestos de adultos vinculados al consumo de drogas paso de 322.300 a más de 1.693.000 casos. De los más de dos millones de presos, aproximadamente 900.000 pertenecen a minorías afroamericanas, económicamente y culturalmente marginadas del orden político del país. Dentro de las distintas consecuencias se encuentra la construcción paulatina de una dinámica de desmembración de núcleos familiares y sociales vinculados a definidas minorías étnicas y culturales, que se ha reproducido principalmente a lo largo de los últimos 30 años. El inadecuado abordaje de la problemática, incrementó las probabilidades de incidencia en actividades categorizadas como delictivas de nuevas generaciones vinculadas a familias con antecedentes penales. En suma, una cadena de injusticia reproducida año tras año, empecinada en castigar núcleos sociales pertenecientes a la periferia política y económica, mientras élites corporativas vinculadas a la construcción complejos penitenciarios aumentan su influencia y sus recursos económicos.

En medio de la problemática, los programas de televisión que durante los últimos años pretenden convertir la miseria y el ostracismo de la población carcelaria en show, son una manifestación del cinismo y la hipocresía de un orden político en el que reducidos sectores hacen negocio con la desgracia de otros (En el año 2008, más de 3.450 reos murieron en las prisiones. Más de 9 muertes por día).

En al año 2009 un informe de la fundación PEW, con sede en Washington, encargada del análisis de estudios políticos en materia social, reporto como la insólita política de encarcelamiento masivo por faltas menores, en vez de contribuir a la disminución de las estadísticas de crimen de las ultimas décadas, había incrementado el número potencial de personas en capacidad de convertirse en delincuentes de alto impacto. Adicionalmente el incremento de la detención de personas sin antecedentes, no violentas, había significado un aumentado del presupuesto federal carcelario de un 349%. Entre 1987 y el año 2008, los Estados Unidos incremento el presupuesto en materia de educación superior en un 24%. En el mismo periodo el aumento presupuestal para la construcción y mantenimiento de correccionales, aumentó en un 137%. Hasta hace pocos años, el gasto nacional destinado a las correccionales ascendió a la cifra de 21.17 billones de dólares, lo que a la fecha implica un sustancial componente de sostenimiento de corporaciones con influencia en Washington.

John Dillinger

28-02-2012, 13:49:09

Colombia

Colombia no puede ser cómplice de una medida dictada en concordancia con los intereses de ciertas poblaciones y corporaciones ubicadas en su propio territorio y en los Estados Unidos. El impacto político de la producción y comercialización de la droga surge a partir del abordaje del prohibicionismo como política concebida en el orden cultural e histórico estadounidense. Los niveles de consumo de drogas de la ciudadanía estadounidense, británica y española, son los principales motores de la industria delictiva localizada en países de renta baja como Colombia, México, Guatemala, Honduras, Venezuela o Bolivia.

En los últimos días, la Junta Internacional de Estufefacientes de las Naciones Unidas, reportó que aproximadamente el 90% de la cocaína que se consume en los Estados Unidos, es producida en Colombia. En el último decenio, Europa ha duplicado los niveles de consumo de droga (principalmente producida por Bolivia, Colombia y Perú). Mientras que las sociedades estadounidenses y europeas mantienen e incrementan el consumo de marihuana, cocaína, drogas sintéticas y heroína; diariamente países como Colombia, México, Bolivia, Perú, Guatemala y Honduras, hacen esfuerzos ingentes por detener el avance de la criminalidad narcotraficante asociada a la producción de drogas. Mientras que los Estados Unidos y Europa en una cultura de frenetismo convierten la demanda de droga en un componente más de una canasta de consumo capitalista, Latinoamérica pone muertos y desvía sus recursos materiales en una guerra creada artificialmente.

El consumo de droga no es un problema de orden público, es un problema cultural, político y de salud pública. Existen fuertes patrones culturales asociados a la demanda y el consumo de droga. La opulencia y la erosión de mecanismos de construcción de valores como consecuencia de una cultura de consumo han convertido a poblaciones europeas y estadounidenses en victimas fáciles de ese mercado. La droga para muchos sectores poblacionales en estas sociedades es solo un producto más. Mientras tanto la victimización sigue enfocándose en poblaciones, etnias y países periféricos. Latinoamérica no puede ser parte de ese juego.

Urge que exista una discusión internacional frontal respecto al tema, de lo contrario el debate sobre la legalización de la droga tiene que discutirse seriamente solo en el ámbito latinoamericano. Mientras no se encare la situación, sociedades influyentes como la estadounidense tarde o temprano legalizarán la droga con un abordaje corporativista, sin importar las consecuencias sobre las poblaciones de su propio territorio, o la historia que en las últimas décadas en solitario ha afrontado Latinoamérica. El número de muertos, el grado de desinstitucionalización, el monto de los presupuestos destinados a combatir el narcotráfico en Latinoamérica, y la corrupta y creciente industria carcelaria estadounidense destinada a hacer negocio con la miseria de poblaciones marginadas del debate político, son razones de fondo para discutir el equivocado abordaje del problema. Las consecuencias de la elitizada medida liderada por la administración Nixon abruman.

Por: Renny Rueda Castañeda

El Espectador