Indagan trasteo de UN MILLÓN de votantes en 9 departamentos [Archivo]

Mashiro

11-09-2011, 15:10:41

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Donái Correa, candidato a la alcaldía de Campamento, tomó estás fotos de filas cerca de la Registraduría para inscribir cédulas. Fue asesinado poco después de la denuncia.

Ya fueron anuladas 145.000 cédulas. Fiscalía no tiene plata para combatir estas mafias.

Varios copartidarios de Donái Correa, candidato a la alcaldía de Campamento (Antioquia), están seguros de que detrás de su muerte, en mayo pasado, pudo haber algo más que un acto terrorista de las Farc, la hipótesis policial.

Correa tenía en su poder videos, fotos y testimonios de la llegada a su pueblo de 17 buses con más de 500 personas, provenientes de otros municipios, que iban a meterles mano a las elecciones de octubre.

El interés por Campamento no es su presupuesto sino su ubicación. En sus alrededores hay narcocultivos custodiados por las Farc y hace parte del corredor estratégico por donde 'los Rastrojos' (http://www.eltiempo.com/noticias/los-rastrojos) y 'los Urabeños' (http://www.eltiempo.com/noticias/los-urabenos) mueven la coca que sacan del bajo Cauca.

El nombre del supuesto candidato cómplice de estas bandas todos lo saben pero nadie tiene cómo probarlo (Me suena a AUV, perdón, AUC).

En el sur del país, las regalías son el botín de la trashumancia de votantes. En pueblos petroleros, como Puerto Gaitán, Castilla La Nueva y Cabuyaro, en Meta, se inscribieron irregularmente 7.862 personas.

Sin embargo, para evadir la acción de la justicia, el nombre del candidato por el que deben votar aún no lo revelan. Pero el ilícito es tan evidente que en Puerto Gaitán aparecieron grupos de medio centenar de electores, algunos oriundos de Cundinamarca, que registraron la misma dirección: un lote abandonado. Y en Antioquia se presentaron aumentos de inscripción de más de 265 por ciento.
Un millón de cédulas

Por este tipo de hechos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya anuló la inscripción de 144.948 cédulas, la mayoría en Bolívar, Valle del Cauca, Cesar, Norte de Santander y Meta. Y ahora indaga casi un millón de cédulas más en departamentos como Atlántico, Antioquia y Chocó.

Según testimonios recogidos por EL TIEMPO, la tarifa que se paga por votar en un municipio diferente del lugar de residencia oscila entre 50 mil y 100 mil pesos. Pero en Sabaneta (Antioquia) se habla hasta de 200 mil pesos.
El Registrador envió a la Procuraduría un oficio para que indague no solo este caso, sino el de otros 62 puestos de votación de 67 municipios de 21 departamentos.
En las capitales, la campeona de la trashumancia, hasta el momento, es Cúcuta, con 5.624 casos ya reportados.

La Misión de Observación Electoral (MOE) asegura que allí el trasteo de electores se hizo desde municipios cercanos, como Los Patios, Villa del Rosario y Zulia, que llegaron a la ciudad en vehículos que hicieron hasta ocho viajes en un mismo día.
En la capital de Norte de Santander se encontró que en al menos tres puestos de votación, donde se esperaba a 900 electores, se inscribieron 1.200. Y hay evidencia de que usaron como intermediarios a líderes comunales.

Este modus operandi se está aplicando en Córdoba, con la particularidad de que 'reclutaron' a jóvenes que van a inscribir por primera vez la cédula. Ya hay casos denunciados en San Pelayo, donde varios muchachos llegaron desde Lorica solo para inscribir su documento.

Los responsables

Y aunque tanto las personas que accedieron a inscribir sus cédulas de manera irregular, como quienes les pagaron por ello afrontan penas de entre 6 y 12 años de cárcel -por fraude, falso testimonio y corrupción de sufragante-, esta modalidad de trampa electoral no ha pasado de moda.

¿La razón? Las amenazas llevan a los denunciantes a pedir que se omitan sus nombres y los de los políticos que están prestando sus chequeras para delinquir.

Además, en los últimos 5 años, solo 26 procesos culminaron con condenas. La más reciente fue el jueves pasado, cuando la Corte Suprema encontró culpable al gobernador del Guainía, Iván Vargas, por corromper sufragantes al ofrecer 50.000 pesos a indígenas para cambiar su voto.

'No hay plata para una unidad electoral'

Al menos 20 fiscales y unos 100 policías judiciales se necesitan para echar a andar la Unidad Nacional de Delitos contra los Mecanismos de Participación Democrática, que, por ley, debe crear la Fiscalía, Pero, en dos semanas, la entidad le notificará al Congreso de la República que no tiene plata para cumplir con ese mandato, consignado en la Ley Estatutaria de Partidos y Movimientos Políticos, aprobada por el Senado y la Cámara en julio pasado. Altas fuentes de la Fiscalía le dijeron a EL TIEMPO que el principal obstáculo es que la ley no contempla más recursos para ampliar el personal.

"No hay cómo crear la unidad. A la Fiscalía le preocupa este tema porque la norma no nos amplía ni la planta de funcionarios ni los recursos para crearla. Y no se pueden mover fiscales porque también son necesarios en otras dependencias", afirmaron.

No obstante, la entidad está trabajando para castigar estos delitos. Está capacitando a 52 fiscales, que trabajan en unidades de reacción inmediata (URI) de todo el país, para que atiendan las denuncias durante las elecciones.

De igual manera, está indagando 345 denuncias que le han llegado por los 11 delitos electorales, de los cuales más del 80 por ciento tiene que ver con trashumancia, corrupción de sufragante y posesión ilícita de cédulas.

Además, investigadores revisan 24 casos que le remitió el Consejo Nacional Electoral en los últimos meses para evaluar si se abre investigación.

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Fuente: http://www.eltiempo.com/justicia/trasteo-de-votantes-_10335190-4