Ayudante De Santa
06-11-2015, 22:19:08
Ver la Versión Completa Con Imagenes : Valencia cossio y las autodefensas en Antioquia
the_wizard
02-02-2011, 17:20:55
Estos son algunos indicios de cómo Guillermo Valencia Cossio favoreció al paramilitarismo en Antioquia
El juicio contra el ex director de la Fiscalía de Medellín Guillermo León Valencia Cossio entró esta semana en su etapa definitiva, tras el inicio de los alegatos de conclusión de la Procuraduría, la Fiscalía y la defensa ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
http://img694.imageshack.us/img694/3886/valenciacossio.jpg (http://img694.imageshack.us/i/valenciacossio.jpg/)
Valencia Cossio viene siendo procesado desde septiembre de 2008 por haber supuestamente favorecido a miembros de la banda criminal comandada por ‘Don Mario’. La Corte Suprema de Justicia lo juzga por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, violación de asuntos sometidos a reserva, destrucción de documento público y utilización de información privilegiada al tratar de favorecer a Jhon Fredy Manco Torres, alias ’el Indio’, excluyéndolo de manera intencional del organigrama de las Autodefensas Gaitanistas para evitar su identificación y posterior judicialización.
Sin embargo, este acto sería solo la punta de lanza de toda una estrategia aplicada por Valencia Cossio para favorecer desde su cargo el proyecto paramilitar y garantizar la impunidad de sus crímenes en Antioquia. A esta conclusión llegó la investigación Memoria de la impunidad en Antioquia: lo que la justicia no quiso ver frente al paramilitarismo, adelantada durante un año por un equipo de trabajo del Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Corporación Jurídica Libertad a través de la revisión de expedientes, entrevistas y revisiones de prensa.
Una lectura de este libro permite entender cómo el hermano del ex ministro del Interior y Justicia Fabio Valencia Cossio, Guillermo, recurrió a dos prácticas de impunidad específicas: la configuración de “equipos amistosos” de fiscales y la rotación de fiscales.
De acuerdo con los hallazgos de la investigación, Guillermo León Valencia Cossio contaba con un grupo de fiscales de su confianza que evitaban la judicialización de paramilitares. Uno de los casos más interesantes que mencionan es el de Liceth Mayra Álvarez Anaya, quien trabajó como Fiscal Única Especializada en el Urabá durante varios años.
En el Urabá antioqueño, Álvarez Anaya es recordada aún por los reiterados intentos de judicializar a algunos miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó por el delito de rebelión.
Por ejemplo, a Amanda Úsuga, una pobladora de la Comunidad de Paz detenida por el Ejército el 12 de febrero de 2003, fue acusada falsamente de ser miliciana de las FARC en un proceso que inició la fiscal Álvarez Anaya. “La acusada pasó varios meses privada de la libertad y al develarse la existencia de un montaje por parte de integrantes de la Fuerza Pública, un fiscal diferente a Álvarez Anaya le precluyó la investigación y dispuso su inmediata libertad”, cuenta el libro.
Las quejas contra esta funcionaria por favorecer a los paramilitares y sus redes de apoyo nunca prosperaron y en lo que fue calificado por algunos de sus colegas críticos de su labor como un “premio” a su labor, Valencia Cossio desestimó esas denuncias y ordenó su traslado a Medellín en 2005 para nombrarla como Coordinadora de la Unidad de Fiscales Especializados, desde donde se podían conocer los procesos que se llevaban en contra de jefes paramilitares. La fiscal Álvarez Anaya ocupó este cargo hasta el 9 de enero de 2008, cuando renunció y salió del ente acusador.
En abril de ese mismo año, Álvarez Anaya reapareció en la Fiscalía, pero esa vez como abogada defensora de cuatro paramilitares que fueron capturados días antes y cuyos delitos estaban asociados a las operaciones financieras de la cooperativa de vigilancia y seguridad privada conocida como Convivir Papagayo. Es un proceso penal que se adelanta contra varias firmas exportadoras de banano por el delito de financiación de grupos armados ilegales, al vinculárseles con pagos realizados a las AUC durante buena parte de la década de los noventa.
La abogada intentó actuar en un proceso que había conocido en su condición de fiscal única especializada de Urabá, pero la fiscal Alicia Domínguez, que llevaba el caso, rechazó su pretensión apoyándose en normas del Código de Procedimiento Penal y en decisiones de la Corte Constitucional que estipulan la inhabilidad para actuar como abogado en el mismo caso que se conoció como fiscal. La decisión provocó la molestia de Valencia Cossio, quien le llamó la atención a Domínguez, una actitud considerada irregular dada la autonomía de los fiscales para manejar sus casos, y además, pretendió imponerle sanciones disciplinarias, las cuales no surtieron efecto. Un hecho que fue denunciado en su momento por la Revista Cambio.
Para reemplazar a la fiscal especializada en Urabá, Valencia Cossio nombró a Jorge Morales, quien venía precedido de actuaciones cuestionables en el esclarecimiento de crímenes cometidos contra numerosos militantes de la Unión Patriótica (UP), perpetrados en la década de los ochenta por los nacientes grupos paramilitares. Abogados cercanos a esos procesos criticaron que el fiscal Morales presentó estos crímenes como aislados y, en ocasiones, atribuibles a miembros de las fuerzas guerrilleras, desestimando el exterminio que comprometía a agentes del Estado.
“Este funcionario, oficial de la reserva del Ejército, se ha caracterizado también por vestirse ocasionalmente de camuflado y portar armas”, dice el libro. “Quienes conocen su trayectoria profesional llaman la atención sobre su vertiginoso ascenso en la Fiscalía, donde rápidamente fue nombrado Coordinador de Fiscalías Especializadas. Los escándalos mediáticos que afectaron la Fiscalía Seccional Medellín, entre agosto y septiembre de 2008, ocasionaron el traslado de Valencia Cossio a Tunja y luego su captura, así como el traslado de Morales, esta vez a la ciudad de Santa Marta”.
La rotación de fiscales
Otra de las prácticas de impunidad identificadas en el caso de Valencia Cossio están relacionadas con el mecanismo de rotación de fiscales, que le permitía ubicar a sus “hombres de confianza” en procesos difíciles contra los paramilitares para garantizar la impunidad. “La rotación de fiscales es un mecanismo a través del cual se pretende que algunos procesos sean asignados a fiscales que, al parecer, están dispuestos a favorecer a los sindicados a cambio de incentivos económicos o son considerados amistosos al paramilitarismo”, dicen los investigadores citando a otros fiscales. “Los cambios se dan entre la misma unidad especializada. En la práctica, la rotación de fiscales es una manera de reasignar procesos. En ello fue muy hábil el doctor Guillermo Valencia Cossio”.
Para ello se valió de un “espacio en blanco” que dejó el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación. Antes de esa norma, promulgada en enero de 2004, los directores de fiscalías locales, podían rotar, de manera autónoma, los expedientes. No obstante, el abuso de esa práctica llevó a que el nuevo estatuto eliminara esa potestad, la cual recayó en el Fiscal General de la Nación. Pero sí les permitió trasladar fiscales de una unidad a otra, lo que facilitaba el vencimiento de términos o un fallo muy flojo.
De ese “espacio en blanco” se valió Valencia Cossio para reubicar a través de la Resolución N° 193 de marzo 22 de 2006 a varios fiscales especializados en despachos donde se adelantaban procesos en contra de paramilitares o empresarios que respaldaban las autodefensas.
En esa resolución fue incluido Jorge Morales, quien, a través de la rotación ordenada por Valencia Cossio, asumió los procesos de la Fiscalía Especializada N. 24, donde reposaba un expediente sobre despojo de tierras en el que estaban involucrados reconocidos paramilitares y empresarios bananeros de esa subregión, entre ellos testaferros del ex jefe paramilitar Raúl Hasbún Mendoza, hoy preso y postulado a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. El papel de ese fiscal fue reducir una conducta criminal asociada a la extorsión y el concierto para delinquir a un debate meramente civil, que terminó siendo calificado como estafa y constreñimiento.
Valencia Cossio estaba particularmente interesado en este caso. “Versiones aportadas a este trabajo mostraron cómo esa relación del alto funcionario judicial con los productores de la fruta en Urabá condujeron al entorpecimiento de las investigaciones que se adelantaban para esclarecer el engaño del que fueron víctimas los campesinos de Turbo. Cada vez que agentes del CTI visitaban Urabá y trataban de hablar con algunos empresarios, éstos manifestaban que ya habían hablado con “Memo”; en varias oportunidades ocurrió que frente a los propios investigadores llamaban a Valencia Cossio.”, dice el libro.
A través de la misma resolución, Valencia Cossio trasladó al fiscal Guillermo Acevedo a la Fiscalía Especializada N. 23. En ese despacho se llevaba una investigación por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir contra Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias de ’MacGuiver’, ex jefe del Frente José Luis Zuluaga de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.
Según lo describe la investigación del IPC, de acuerdo con las indagaciones preliminares, este paramilitar estuvo involucrado en el homicidio de Luz Adiela Quintero Ramírez y en infringir torturas a Benigno Antonio Hernández, hechos ocurridos el 22 de agosto de 2002 en el municipio de Argelia, Oriente antioqueño, tras ser acusados de pertenecer a la guerrilla. Luego de abrirle instrucción para vincularlo al proceso, llegó la rotación de fiscales y Acevedo, al recibir el expediente, tomó la decisión de precluir la investigación a favor del jefe paramilitar el 22 de noviembre de 2006 por concierto para delinquir, pero omitió vincularlo mediante indagatoria a la investigación penal por los delitos de tortura y homicidio; además, le impuso una caución de dos salarios mínimos legales y emitió una orden de libertad a favor del implicado.
El fiscal Acevedo sustentó su decisión en las normas que le otorgan beneficios a miembros de grupos al margen de la ley en procesos de desmovilización. En esencia, la decisión a favor de alias ‘MacGuiver’ se convirtió en una especie de amnistía, decisión que no era aceptable en ese momento, dado que no reunía los requisitos para recibir ese beneficio jurídico. Así lo concluyó la Procuraduría General de la Nación al conocer la preclusión e interpuso el 29 de noviembre de ese año un recurso de apelación con propósito de revertir la decisión judicial.
Fuente La silla vacia http://bit.ly/fGZ0Wb
El juicio contra el ex director de la Fiscalía de Medellín Guillermo León Valencia Cossio entró esta semana en su etapa definitiva, tras el inicio de los alegatos de conclusión de la Procuraduría, la Fiscalía y la defensa ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
http://img694.imageshack.us/img694/3886/valenciacossio.jpg (http://img694.imageshack.us/i/valenciacossio.jpg/)
Valencia Cossio viene siendo procesado desde septiembre de 2008 por haber supuestamente favorecido a miembros de la banda criminal comandada por ‘Don Mario’. La Corte Suprema de Justicia lo juzga por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, violación de asuntos sometidos a reserva, destrucción de documento público y utilización de información privilegiada al tratar de favorecer a Jhon Fredy Manco Torres, alias ’el Indio’, excluyéndolo de manera intencional del organigrama de las Autodefensas Gaitanistas para evitar su identificación y posterior judicialización.
Sin embargo, este acto sería solo la punta de lanza de toda una estrategia aplicada por Valencia Cossio para favorecer desde su cargo el proyecto paramilitar y garantizar la impunidad de sus crímenes en Antioquia. A esta conclusión llegó la investigación Memoria de la impunidad en Antioquia: lo que la justicia no quiso ver frente al paramilitarismo, adelantada durante un año por un equipo de trabajo del Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Corporación Jurídica Libertad a través de la revisión de expedientes, entrevistas y revisiones de prensa.
Una lectura de este libro permite entender cómo el hermano del ex ministro del Interior y Justicia Fabio Valencia Cossio, Guillermo, recurrió a dos prácticas de impunidad específicas: la configuración de “equipos amistosos” de fiscales y la rotación de fiscales.
De acuerdo con los hallazgos de la investigación, Guillermo León Valencia Cossio contaba con un grupo de fiscales de su confianza que evitaban la judicialización de paramilitares. Uno de los casos más interesantes que mencionan es el de Liceth Mayra Álvarez Anaya, quien trabajó como Fiscal Única Especializada en el Urabá durante varios años.
En el Urabá antioqueño, Álvarez Anaya es recordada aún por los reiterados intentos de judicializar a algunos miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó por el delito de rebelión.
Por ejemplo, a Amanda Úsuga, una pobladora de la Comunidad de Paz detenida por el Ejército el 12 de febrero de 2003, fue acusada falsamente de ser miliciana de las FARC en un proceso que inició la fiscal Álvarez Anaya. “La acusada pasó varios meses privada de la libertad y al develarse la existencia de un montaje por parte de integrantes de la Fuerza Pública, un fiscal diferente a Álvarez Anaya le precluyó la investigación y dispuso su inmediata libertad”, cuenta el libro.
Las quejas contra esta funcionaria por favorecer a los paramilitares y sus redes de apoyo nunca prosperaron y en lo que fue calificado por algunos de sus colegas críticos de su labor como un “premio” a su labor, Valencia Cossio desestimó esas denuncias y ordenó su traslado a Medellín en 2005 para nombrarla como Coordinadora de la Unidad de Fiscales Especializados, desde donde se podían conocer los procesos que se llevaban en contra de jefes paramilitares. La fiscal Álvarez Anaya ocupó este cargo hasta el 9 de enero de 2008, cuando renunció y salió del ente acusador.
En abril de ese mismo año, Álvarez Anaya reapareció en la Fiscalía, pero esa vez como abogada defensora de cuatro paramilitares que fueron capturados días antes y cuyos delitos estaban asociados a las operaciones financieras de la cooperativa de vigilancia y seguridad privada conocida como Convivir Papagayo. Es un proceso penal que se adelanta contra varias firmas exportadoras de banano por el delito de financiación de grupos armados ilegales, al vinculárseles con pagos realizados a las AUC durante buena parte de la década de los noventa.
La abogada intentó actuar en un proceso que había conocido en su condición de fiscal única especializada de Urabá, pero la fiscal Alicia Domínguez, que llevaba el caso, rechazó su pretensión apoyándose en normas del Código de Procedimiento Penal y en decisiones de la Corte Constitucional que estipulan la inhabilidad para actuar como abogado en el mismo caso que se conoció como fiscal. La decisión provocó la molestia de Valencia Cossio, quien le llamó la atención a Domínguez, una actitud considerada irregular dada la autonomía de los fiscales para manejar sus casos, y además, pretendió imponerle sanciones disciplinarias, las cuales no surtieron efecto. Un hecho que fue denunciado en su momento por la Revista Cambio.
Para reemplazar a la fiscal especializada en Urabá, Valencia Cossio nombró a Jorge Morales, quien venía precedido de actuaciones cuestionables en el esclarecimiento de crímenes cometidos contra numerosos militantes de la Unión Patriótica (UP), perpetrados en la década de los ochenta por los nacientes grupos paramilitares. Abogados cercanos a esos procesos criticaron que el fiscal Morales presentó estos crímenes como aislados y, en ocasiones, atribuibles a miembros de las fuerzas guerrilleras, desestimando el exterminio que comprometía a agentes del Estado.
“Este funcionario, oficial de la reserva del Ejército, se ha caracterizado también por vestirse ocasionalmente de camuflado y portar armas”, dice el libro. “Quienes conocen su trayectoria profesional llaman la atención sobre su vertiginoso ascenso en la Fiscalía, donde rápidamente fue nombrado Coordinador de Fiscalías Especializadas. Los escándalos mediáticos que afectaron la Fiscalía Seccional Medellín, entre agosto y septiembre de 2008, ocasionaron el traslado de Valencia Cossio a Tunja y luego su captura, así como el traslado de Morales, esta vez a la ciudad de Santa Marta”.
La rotación de fiscales
Otra de las prácticas de impunidad identificadas en el caso de Valencia Cossio están relacionadas con el mecanismo de rotación de fiscales, que le permitía ubicar a sus “hombres de confianza” en procesos difíciles contra los paramilitares para garantizar la impunidad. “La rotación de fiscales es un mecanismo a través del cual se pretende que algunos procesos sean asignados a fiscales que, al parecer, están dispuestos a favorecer a los sindicados a cambio de incentivos económicos o son considerados amistosos al paramilitarismo”, dicen los investigadores citando a otros fiscales. “Los cambios se dan entre la misma unidad especializada. En la práctica, la rotación de fiscales es una manera de reasignar procesos. En ello fue muy hábil el doctor Guillermo Valencia Cossio”.
Para ello se valió de un “espacio en blanco” que dejó el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación. Antes de esa norma, promulgada en enero de 2004, los directores de fiscalías locales, podían rotar, de manera autónoma, los expedientes. No obstante, el abuso de esa práctica llevó a que el nuevo estatuto eliminara esa potestad, la cual recayó en el Fiscal General de la Nación. Pero sí les permitió trasladar fiscales de una unidad a otra, lo que facilitaba el vencimiento de términos o un fallo muy flojo.
De ese “espacio en blanco” se valió Valencia Cossio para reubicar a través de la Resolución N° 193 de marzo 22 de 2006 a varios fiscales especializados en despachos donde se adelantaban procesos en contra de paramilitares o empresarios que respaldaban las autodefensas.
En esa resolución fue incluido Jorge Morales, quien, a través de la rotación ordenada por Valencia Cossio, asumió los procesos de la Fiscalía Especializada N. 24, donde reposaba un expediente sobre despojo de tierras en el que estaban involucrados reconocidos paramilitares y empresarios bananeros de esa subregión, entre ellos testaferros del ex jefe paramilitar Raúl Hasbún Mendoza, hoy preso y postulado a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. El papel de ese fiscal fue reducir una conducta criminal asociada a la extorsión y el concierto para delinquir a un debate meramente civil, que terminó siendo calificado como estafa y constreñimiento.
Valencia Cossio estaba particularmente interesado en este caso. “Versiones aportadas a este trabajo mostraron cómo esa relación del alto funcionario judicial con los productores de la fruta en Urabá condujeron al entorpecimiento de las investigaciones que se adelantaban para esclarecer el engaño del que fueron víctimas los campesinos de Turbo. Cada vez que agentes del CTI visitaban Urabá y trataban de hablar con algunos empresarios, éstos manifestaban que ya habían hablado con “Memo”; en varias oportunidades ocurrió que frente a los propios investigadores llamaban a Valencia Cossio.”, dice el libro.
A través de la misma resolución, Valencia Cossio trasladó al fiscal Guillermo Acevedo a la Fiscalía Especializada N. 23. En ese despacho se llevaba una investigación por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir contra Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias de ’MacGuiver’, ex jefe del Frente José Luis Zuluaga de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.
Según lo describe la investigación del IPC, de acuerdo con las indagaciones preliminares, este paramilitar estuvo involucrado en el homicidio de Luz Adiela Quintero Ramírez y en infringir torturas a Benigno Antonio Hernández, hechos ocurridos el 22 de agosto de 2002 en el municipio de Argelia, Oriente antioqueño, tras ser acusados de pertenecer a la guerrilla. Luego de abrirle instrucción para vincularlo al proceso, llegó la rotación de fiscales y Acevedo, al recibir el expediente, tomó la decisión de precluir la investigación a favor del jefe paramilitar el 22 de noviembre de 2006 por concierto para delinquir, pero omitió vincularlo mediante indagatoria a la investigación penal por los delitos de tortura y homicidio; además, le impuso una caución de dos salarios mínimos legales y emitió una orden de libertad a favor del implicado.
El fiscal Acevedo sustentó su decisión en las normas que le otorgan beneficios a miembros de grupos al margen de la ley en procesos de desmovilización. En esencia, la decisión a favor de alias ‘MacGuiver’ se convirtió en una especie de amnistía, decisión que no era aceptable en ese momento, dado que no reunía los requisitos para recibir ese beneficio jurídico. Así lo concluyó la Procuraduría General de la Nación al conocer la preclusión e interpuso el 29 de noviembre de ese año un recurso de apelación con propósito de revertir la decisión judicial.
Fuente La silla vacia http://bit.ly/fGZ0Wb
Ayudante De Santa
06-11-2015, 22:19:08
the_wizard
02-02-2011, 17:23:10
El Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, declaró insubsistente al fiscal Acevedo una semana después de producida su decisión, tras considerar que con sus actuaciones había beneficiado de manera irregular a alias ‘MacGuiver’. Y si bien las autoridades anunciaron una investigación contra el fiscal Acevedo por la versión según la cual habría recibido una cuantiosa suma de dinero por favorecer al procesado, hasta el momento no se conoce resultado alguno al respecto.
Al tiempo que obtuvo su orden de libertad, ‘MacGuiver’ apareció en la cárcel de La Ceja, con los jefes paramilitares que fueron recluidos allí por orden de Álvaro Uribe Vélez. La preclusión le permitió al jefe paramilitar abandonar ese sitio el 24 de noviembre, dos días después de proferida la resolución.
El caso del ex director encargado de Fiscalías de Medellín, demuestra, según esta investigación, que la impunidad que rodeó el paramilitarismo en Antioquia no surgió de situaciones aisladas de complicidad, corrupción o de infiltración, sino de garantías institucionales a través de las cuales se evitaron la investigación, el juzgamiento y la sanción de los crímenes perpetrados por miembros de esta organización contrainsurgente.
El libro cuenta cómo ante las denuncias públicas de la “supuesta infiltración” por parte de estructuras paramilitares a la Fiscalía, Valencia Cossio le declaró a la Agencia de Prensa IPC, el 8 de mayo de 2008, que “yo no puedo investigar sobre chismes”.
Tocará ver ahora qué dice ahora la Corte Suprema.
Al tiempo que obtuvo su orden de libertad, ‘MacGuiver’ apareció en la cárcel de La Ceja, con los jefes paramilitares que fueron recluidos allí por orden de Álvaro Uribe Vélez. La preclusión le permitió al jefe paramilitar abandonar ese sitio el 24 de noviembre, dos días después de proferida la resolución.
El caso del ex director encargado de Fiscalías de Medellín, demuestra, según esta investigación, que la impunidad que rodeó el paramilitarismo en Antioquia no surgió de situaciones aisladas de complicidad, corrupción o de infiltración, sino de garantías institucionales a través de las cuales se evitaron la investigación, el juzgamiento y la sanción de los crímenes perpetrados por miembros de esta organización contrainsurgente.
El libro cuenta cómo ante las denuncias públicas de la “supuesta infiltración” por parte de estructuras paramilitares a la Fiscalía, Valencia Cossio le declaró a la Agencia de Prensa IPC, el 8 de mayo de 2008, que “yo no puedo investigar sobre chismes”.
Tocará ver ahora qué dice ahora la Corte Suprema.
karenalga
02-02-2011, 19:01:53
ay como me babeo yo de ver a este triple hijuep***a en la carcel ,ojala en una carcel de verdad
esperemos que las pruebas aportadas lleven a ello!
esperemos que las pruebas aportadas lleven a ello!
Mashiro
02-02-2011, 20:26:34
Mi sentido pésame a la banda de los Uribeños, les esta llegando la hora.
EricCartman
02-02-2011, 20:31:47
Pero veamos, supóngase el mejor de los casos, al tipo lo juzgan , lo condenan, y no le dan casa por cárcel, imaginan ustedes el tipo de celda que le espera?... imaginan las fiestecitas, las visitas? etc,
Se le puede llamar castigo a vivir en una carcel pero con condiciones de vida y con comodidades que superan con creces a las de una familia cualquiera de clase media???
Se le puede llamar castigo a vivir en una carcel pero con condiciones de vida y con comodidades que superan con creces a las de una familia cualquiera de clase media???
OPHIUCHUS
02-02-2011, 23:38:53
Otro delincuente uribista :). Uy, redundante.
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