Petro repite los errores económicos del chavismo [Archivo]

Heráclito

19-01-2026, 23:26:10

Faltan seis meses y dieciocho días para terminarse la pesadilla petrista. Con nuestros votos impediremos que Petro 2.0 sea elegido. El panorama es aterrador. Por fortuna, tenemos instituciones fuertes que han sabido detener las locuras populistas de Petro. Confiemos en que la Coste Constitucional tumbe la emergencia económica y el Banco de la República mantenga o suba los intereses para impedir que la inflación comience a subir.

Petro repite los errores económicos del chavismo

por Leonardo Urrea*

hace 2 horas

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Leonardo Urrea, economista y profesor auxiliar de la Universidad Nacional de Colombia.

Hugo Chávez y Gustavo Petro llegaron al poder con diagnósticos similares: sociedades profundamente desiguales, indignación por la corrupción rampante, instituciones capturadas por intereses particulares y frustración generalizada ante la falta de oportunidades. Ambos prometieron transformaciones redistributivas mediante el poder del Estado. El problema no fue identificar males reales; fue recetar un tratamiento que, en el caso venezolano, terminó por destruir al paciente.

Venezuela exhibe hoy el resultado: una economía que se contrajo aproximadamente 80% entre 2013 y 2024, la peor crisis registrada en América Latina fuera de contextos de guerra. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), más del 90% de la población vive en pobreza. El coeficiente de Gini superó 0,53 en 2024 y el país que prometió eliminar la desigualdad terminó siendo uno de los más desiguales de la región.

Este artículo no argumenta que exista malicia ni conspiración. El argumento es más simple: ambos gobiernos cometieron y cometen errores básicos de política económica. Cuando se fijan precios por debajo del costo de producción, la producción desaparece o migra a mercados paralelos ilegales. Cuando se imprime dinero para financiar déficits, la inflación devora los salarios. Cuando el salario mínimo aumenta muy por encima de la productividad en economías con alta informalidad, se destruye empleo formal. Estas no son opiniones ideológicas; son regularidades empíricas documentadas en decenas de países.

El error monetario: “La inflación no depende de la liquidez”

El 7 de enero de 2026, Petro publicó en redes sociales: “El Banco de la República ha caído en la falacia de creer que la inflación en Colombia depende de la liquidez monetaria, cuando ésta es escasísima y frena el desarrollo nacional.”

Esta frase podría haber sido pronunciada por Chávez o por Maduro en cualquier momento entre 2003 y 2018. Fue exactamente ese diagnóstico—la inflación no es monetaria, el banco central “frena el desarrollo”—el que justificó la destrucción de la independencia del Banco Central de Venezuela.

El proceso fue sistemático. Entre 1999 y 2006, el BCV entregó al tesoro aproximadamente 19.000 millones de dólares en “ganancias cambiarias” ficticias. Entre 2005 y 2012, se transfirieron 44.000 millones de dólares de reservas internacionales a FONDEN, un fondo paralelo sin controles. En 2009, se reformó la ley del BCV para permitir el financiamiento directo del déficit fiscal. El resultado: la hiperinflación más severa de la historia latinoamericana, superando el millón por ciento anual en 2018.

Colombia todavía tiene un banco central independiente con credibilidad. Pero la declaración de emergencia económica de diciembre de 2025, las críticas constantes al Banco de la República y el nombramiento de miembros afines en la junta directiva constituyen señales de presión creciente. La salida de economistas de primer nivel como José Antonio Ocampo, Jorge Iván González y Cecilia López del círculo gubernamental sugiere intolerancia hacia voces técnicas independientes y críticas.

El espejismo del salario mínimo

Venezuela incrementó agresivamente el salario mínimo durante toda la era chavista. Cada aumento se presentaba como victoria del pueblo trabajador. Sin embargo, en una economía donde la productividad no crece, los aumentos salariales por decreto simplemente se trasladan a precios. Peor aún: los trabajadores informales no reciben el salario mínimo legal. Cuando éste sube, los costos de las empresas formales aumentan, haciéndolas menos competitivas frente al sector informal. Para 2018, el salario mínimo venezolano había perdido prácticamente todo su valor real.

El 30 de diciembre de 2025, Petro decretó un aumento del 23,7% en el salario mínimo—el mayor incremento real en décadas. Lo hizo por decreto, tras el fracaso de las negociaciones tripartitas, fijando un monto superior incluso a la petición sindical. La teoría gubernamental es que mayor ingreso siempre genera multiplicadores de consumo—una afirmación que ningún economista serio haría sin matices sustanciales.

El problema es la estructura del mercado laboral colombiano. Según el Dane, más de la mitad de los trabajadores—aproximadamente 13 millones de personas—gana menos del salario mínimo porque trabaja en la economía informal. Solo el 10% de los ocupados percibe exactamente el mínimo. El “multiplicador” que imagina el gobierno beneficia directamente a uno de cada diez trabajadoras y trabajadores. Para los demás, el efecto puede ser contraproducente: mayores costos laborales formales que incentivan más informalidad y presionan precios al alza.

Gobernar por decreto: el patrón que destruyó a Venezuela

En una entrevista con el Financial Times en 2017, Ricardo Hausmann, exministro de Planificación de Venezuela y profesor de Harvard, describió el momento en que Chávez consolidó su control sobre la economía: “En el año 2000, con la nueva constitución, pidió a la Asamblea Nacional que le otorgara el poder de pasar leyes mediante decreto presidencial. Y en un día pasó 48 leyes por decreto. Nadie había leído las leyes. Nadie había discutido las leyes.”

Esas 48 leyes incluyeron la Ley de Tierras que permitió expropiaciones masivas, cambios al régimen petrolero y controles que sentaron las bases de la destrucción económica posterior. La lógica era simple: cuando el Congreso no aprueba lo que el ejecutivo quiere, se lo rodea.

El 22 de diciembre de 2025, tras el rechazo de su reforma tributaria en el Congreso, Petro declaró una “emergencia económica”—la tercera de su presidencia—para gobernar por decreto durante 30 días. En los días siguientes, expidió el Decreto 1474 con un paquete de medidas tributarias: IVA a licores del 5% al 19%, impuesto al patrimonio con umbral reducido de 3.600 a 2.000 millones, sobretasa del 15% al sector financiero, impuesto temporal a hidrocarburos y carbón, y gravámenes a juegos de azar en línea.

Como señaló Fedesarrollo: “No existe ningún hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de emergencia económica. Los $16 billones de la ley de financiamiento representan menos del 3% del presupuesto para 2026.” El único hecho sobreviniente parece ser la propia política económica del gobierno.

Política fiscal insostenible

Venezuela financió su expansión del gasto público con ingresos petroleros extraordinarios y, cuando estos no alcanzaron, con emisión monetaria. Entre 2004 y 2014, el gasto público se multiplicó varias veces, financiando subsidios generalizados, expansión del empleo estatal y programas sociales sin evaluación de sostenibilidad. Cuando el precio del petróleo cayó en 2014, el déficit fiscal se disparó y el gobierno recurrió a la impresión monetaria.

En Colombia, el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central ascendió a 6,7% del PIB en 2024 y se proyecta en 7,1% para 2025. El aumento del salario mínimo agrava la presión: salarios públicos, pensiones y numerosas tarifas están indexados al mínimo. Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), el incremento añadirá al menos 5,3 billones de pesos (0,3% del PIB) al déficit en 2026 y cerca de 8 billones (0,4% del PIB) desde 2027.

Controles de precios y hostilidad al sector productivo

En Venezuela, los controles de precios completaron la destrucción del sistema productivo. Al fijar precios por debajo del costo de producción, el gobierno hizo inviables negocios que funcionaban. Los productores dejaron de producir. Las estanterías se vaciaron.

Desde 1999, el gobierno expropió más de mil empresas y millones de hectáreas. La siderúrgica Sidor producía 4,5 millones de toneladas de acero con 5.000 trabajadores; hoy tiene 22.000 empleados pero produce apenas 200.000 toneladas. Como resumió Hausmann: “Esencialmente expropiaron la economía y la colapsaron.”

El gobierno Petro no ha implementado expropiaciones masivas, pero ha generado incertidumbre con efectos similares sobre la inversión. En su mensaje del 7 de enero de 2026, celebra los aranceles elevados: “he elevado aranceles en el volumen más alto de la importación.” Esta política de sustitución de importaciones fue lo que Venezuela intentó durante dos décadas. El resultado no fue desarrollo industrial sino escasez y contrabando.

La destrucción del sector petrolero

Pdvsa antes de Chávez producía 3,4 millones de barriles diarios con 40.000 empleados. La producción cayó a 340.000 barriles diarios en agosto de 2020—una pérdida del 88,7% en siete años. Venezuela, con las mayores reservas probadas del mundo, retrocedió a niveles de producción de 1930.

El colapso no fue por sanciones. Comenzó con la politización: 18.000 técnicos despedidos tras el paro de 2002-2003, reemplazados por leales políticos. Los fondos se desviaron masivamente hacia programas sociales. Ese dinero no se invirtió en mantenimiento ni en exploración. Cuando el precio del petróleo cayó, no quedaba capacidad productiva.

Colombia no ha firmado nuevos contratos de exploración petrolera desde 2022. Las reservas actuales equivalen a poco más de siete años de producción. Petro argumenta “transición energética”, pero mientras la demanda global de combustibles fósiles no cambie, abandonar la producción solo transfiere la extracción—y los ingresos—a otros países. Ahora importamos gas desde Qatar, que cuesta varias veces más y emite 50% más de CO2 que producirlo localmente.

Política social insostenible

Durante el boom petrolero (2004-2013), Venezuela distribuyó generosamente: subsidios, programas sociales, aumentos salariales, viviendas. Pero simultáneamente destruyó la capacidad productiva no petrolera. Cuando el precio del petróleo cayó, no había nada que sostuviera la economía. Las empresas habían sido expropiadas. El capital humano había emigrado. La inversión había huido.

La riqueza no es un stock fijo que se redistribuye indefinidamente; es un flujo que depende de la producción e inversión continuas. Cuando las políticas redistributivas destruyen los incentivos a producir e invertir, no hay nada que redistribuir. Venezuela quedó más pobre y más desigual que antes.

La “reforma agraria” de Petro replica la Ley de Tierras chavista de 2001. Venezuela redistribuyó millones de hectáreas. Pero la tierra sin capital, sin crédito, sin asistencia técnica y sin seguridad jurídica no produce. La producción agrícola venezolana colapsó; hoy el país que prometía soberanía alimentaria importa la mayoría de sus alimentos.

Un paralelo Imperfecto

Colombia en 2026 no es Venezuela en 2013. Las instituciones son más sólidas, la economía es más diversificada y el banco central mantiene su independencia pese a las presiones. Pero el gobierno Petro aplica un manual similar: confrontación con el banco central, aumentos salariales por decreto, hostilidad al sector productivo, gasto fiscal insostenible, aranceles y sustitución de importaciones, poderes de emergencia para evadir al Congreso.

El paralelo con la matriz de política económica chavista es difícil de ignorar. Lo que está en juego es el bienestar de millones de colombianos que podrían sufrir las consecuencias de políticas bienintencionadas pero profundamente equivocadas.

*Estudiante de doctorado en economía en la Universidad de Pittsburgh y profesor auxiliar de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Colombia.

Fuente: La Silla Vacía