El presidente no se va a caer

[Ayudante De Santa]

[Heráclito]

Una voz lúcida entre tanta estupidez reinante.

El presidente no se va a caer

por Andrés Caro

Hace 7 horas

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El columnista Andrés Caro. Foto: La Silla Vacía

Ya lo decía Hernando Santos: “Si el presidente se cae, se nos cae encima”.

Y la caída de este, menos gordo que aquel del que hablaba Santos, sería, sin embargo, más apara_tosa.

El presidente actual se vería más grande si estuviera caído. Incomodaría más, y, caído, haría daños más duraderos. Como un gigante tumbado, ocuparía las calles, las plazas y las universidades. Su sombra y el recuerdo de su destitución dominarían el futuro.

Y es que la caída de Samper, que aterraba al director de El Tiempo, habría tenido consecuencias menos graves que la caída de Petro.

Samper no fue un opositor del sistema; pertenecía a él. Fue discípulo de López, líder gremial y hermano de un accionista de El Tiempo. Incluso la crisis del proceso 8000 fue, casi, un chisme de aristócratas. Lo “traicionó” el hijo del pintor más famoso: su ministro de defensa, su sucesor natural.

La destitución de Samper porque su campaña había recibido dinero de narcotraficantes no habría sido una confirmación de la corrupción del régimen, sino una especie de purga: el castigo del sistema a uno de sus operadores más eficaces.

La caída de Petro sería distinta. No se percibiría como un acto de justicia. Mucha gente (los petristas, pero también los centristas bienintencionados que están decepcionados del gobierno pero que insisten en que la clase política y los opinadores lo tratamos mal e injustamente) sentiría que el sistema sacó al presidente porque no lo soportaba.

Y la izquierda, traicionada por el presidente, tantas veces dejada plantada o esperando, sentiría, por el contrario, que fue el sistema el que lo traicionó a él y a su proyecto de reforma.

Si se cae el presidente, por buenas razones o por razones espurias, por leguleyadas o por un golpe, la mitad de Colombia pensaría que el sistema fracasó y que el régimen probó su agotamiento. Tumbarlo sería confirmarlo como víctima, y sería el final del proyecto constitucional de 1991. La izquierda volvería a la revolución.

El presidente ha sugerido que el régimen (los jueces, los partidos, las élites tradicionales, el “gran capital”, los “medios hegemónicos”) le quiere hacer un golpe de estado porque el Consejo Nacional Electoral ha decidido investigar su campaña.

El fuero del presidente está intacto, pero no se extiende a las investigaciones administrativas que pueda hacer el CNE sobre su campaña. Pero hay dudas sobre el alcance del artículo 109 de la Constitución, que dice que “la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo”. Este artículo no excluye a nadie. Ni siquiera al presidente.

Imaginémonos, entonces, que el CNE confirme que la campaña del presidente sí violó los topes. Podría parecer que, si el CNE lo prueba, el juez del presidente (el Congreso), sin mucha libertad, debería destituirlo. No se necesitaría probar ni la intención ni el conocimiento del entonces candidato. Nada de “me acabo de enterar” o de “todo fue a mis espaldas”: la prueba de la violación sería suficiente para destituirlo.

Pero el procedimiento para la destitución no depende de la aplicación inmediata de este silogismo. Y eso está bien.

El estado de derecho depende de que las normas se apliquen y, sobre todo, de que las personas con más poder tengan controles y sanciones que se cumplan estrictamente.

Pero el procedimiento para aplicar esas normas quizás es más importante. Y la destitución depende de instituciones políticas y politiqueras que hacen que la caída de un presidente sea casi imposible y que no importe mucho si cometió faltas, indignidades o delitos graves.

Y eso, nuevamente, es bueno. Porque lo más importante de un estado de derecho y de un orden constitucional no es que las normas se apliquen siempre, absolutamente y siguiendo procedimientos justos, sino que ese régimen dure y que sea más o menos funcional.

No es un ideal muy puro, pero los arreglos políticos existen para que seres imperfectos vivamos juntos.

Y, para durar, un sistema político tiene que encontrar maneras de tragarse sapos. La relativa impunidad de sus líderes es uno de los sapos más grandes que se tiene que tragar, pero una de las maneras más eficaces para garantizar su estabilidad.

Un país que se acostumbra a tumbar presidentes (y a tumbarlos por violar topes de campaña, que son muy fáciles de violar y cuya violación es fácil de probar) es un país con una constitución que no puede durar mucho. Se crearía un sistema de incentivos para que la oposición tumbe a los presidentes, para que los presidentes traten de cambiar las reglas de juego y para que los presidentes caídos organicen revoluciones.

A veces, las repúblicas se encuentran en lo que J.G.A. Pocock llamó “momentos maquiavelianos,” “en los que se enfrentan con su propia finitud temporal e intentan mantenerse moral y políticamente estables en un flujo de eventos irracionales que se conciben como esencialmente destructivos para tales sistemas”.

Para responder a esos momentos, se necesita prudencia, y saber cuándo, por la aplicación de un silogismo legal, se corre el riesgo de provocar una crisis irreparable.

Y, por eso, la Comisión de Acusaciones de la Cámara es un fracaso de la justicia, pero, quizás, es un triunfo de la prudencia política. Nos recuerda, año tras año, la corrupción de nuestros representantes, pero sirve para mantener la estabilidad del sistema político: dos funciones importantes en una democracia liberal.

Y quizás por eso ha resultado virtuosa.

Es probable que el CNE haya abusado de sus funciones al mencionar al presidente en la apertura de la investigación a la campaña. Pero eso no significa que el régimen lo quiera tumbar. Este sistema tiene procedimientos para hacer que eso no pase: para que, en la práctica, esas normas no se apliquen. En Colombia, los presidentes, buenos o malos, útiles o inútiles, terminan su periodo.

El impase en el que se metió el presidente es que se ha puesto a hablar de un golpe de estado que nadie le va a dar.

Al principio, si lo criticaban no lo estaban dejando gobernar. Después, si el Congreso no le aprobaba sus reformas, estaba violando la voluntad popular. Luego, acusó a la justicia de estar organizando golpes blandos en contra de su gobierno. Ahora dice que sus enemigos lo van a tumbar.

Si no se cae, va a quedar como un mentiroso.

Al hablar del golpe de estado como la última jugada de esa oposición imaginaria que se ha inventado para justificar su propia torpeza, el presidente le ha allanado a la oposición real un camino fácil. Ahora el Congreso puede tumbarle las reformas, ahora los jueces pueden actuar con mayor contundencia contra la corrupción de sus funcionarios o contra la ilegalidad de sus decretos.

Y, mientras no lo toquen a él, mientras lo dejen seguir siendo presidente, no le habrán comprado su mentira más grande: la del golpe de estado. Habrá sido derrotado en la narrativa de la victimización, que es a la que le está apostando todo, o casi todo, con el cuento del golpe.

Y no le han parado muchas bolas a ese cuento. El día siguiente al del supuesto golpe fue un día normal en Colombia. Aún más que los procedimientos de impunidad de la Cámara, nuestro sistema político depende, para bien y para mal, de una opinión pública que ha sabido mantener la calma y la normalidad.

La normalidad, ahora, es dejar que el presidente termine su periodo, fracase como gobernante, y no darle el gusto de ser la víctima y el destructor de un sistema al que desprecia.

Fuente: La Silla Vacía