Ayudante De Santa
06-11-2015, 22:19:08
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Heráclito
14-08-2024, 06:41:27
La reforma a la salud regresa: cuatro proyectos competirán en el Congreso
por Jerson Ortiz
Hace 5 horas
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El debate arranca con cuatro propuestas de sectores diferentes.
En el Congreso no hay duda de que se necesita una reforma a la salud. Más de la mitad de los 50 millones de afiliados están en EPS intervenidas por el gobierno o que han pedido retirarse del sistema. El sector tiene pérdidas millonarias y enfrenta un deterioro que puede ser irreparable.
En tres semanas de sesiones ya se han radicado tres proyectos de reforma. Uno del Centro Democrático, otro de Cambio Radical, las dos bancadas de oposición, y otro de los independientes del Verde, Dignidad y Nuevo Liberalismo. Están a la espera de un cuarto del gobierno de Gustavo Petro, que muy probablemente será el que concertó con las EPS a finales de abril, según un borrador que se empezó a mover entre congresistas aliados.
De entrada, entre las cuatro propuestas hay un acuerdo tácito para sacar una reforma acotada, de unos 50 artículos como máximo, en contraste con la primera propuesta de la exministra, Carolina Corcho, que tenía 151. Pero la cuestión sigue siendo la misma: ¿será una reforma estructural para cambiar el sistema de aseguramiento privado o una para mejorar sus fallas estructurales?
Por lo pronto, de las tres propuestas radicadas y la que el gobierno dejó avanzada el semestre pasado, estas son las coincidencias y diferencias en nueve puntos clave.
1— Tipo de ley: entre una reforma estatutaria u ordinaria
Es un asunto de la forma en la que se debe debatir la reforma. Las propuestas del Centro Democrático, Cambio Radical y los independientes dicen que la reforma debe tramitarse como un proyecto de reforma estatutaria.
Eso implica que los primeros debates se hagan por las comisiones primeras (la del Senado es adversa al gobierno), las de las reformas constitucionales, y no por las séptimas, como se hizo con la propuesta del gobierno que se hundió el semestre pasado.
Además del cambio de comisiones, una reforma estatutaria necesita un tipo de votación diferente: debe ser aprobada por la mitad más de uno de los congresistas de una comisión o de la plenaria, lo que hace más difícil conseguir los votos y mantener el quorum.
En números, el cambio es así: en la Comisión de Séptima de la Cámara la anterior propuesta de reforma a la salud se aprobó con 12 votos de 21. Y en la plenaria con 84 de 187. Pero si se va por reforma estatutaria necesitaría 22 de 41 votos de la Comisión Primera y 94 de 187 de la plenaria. Si es en Senado, 12 de 21 votos de la Primera y 53 de los 105 de la Plenaria. Todo en un solo año. A diferencia de las leyes ordinarias, que sí permiten debatir en dos periodos diferentes, la estatutaria debe salir en una misma legislatura.
Además, las reformas estatutarias incluyen un trámite adicional: para poder entrar en vigencia deben pasar por un control automático de la Corte Constitucional. Las reformas ordinarias no.
Aunque los partidos pueden pedir que sus reformas se tramiten como ordinarias o estatutarias – así lo pidieron Centro Democrático y Cambio Radical- es potestad de las mesas directivas de cada Cámara decidir a dónde las envían. Cambio Radical y el uribismo presentaron sus reformas por el Senado, y los independientes por Cámara.
La oposición insiste en que sea estatutaria porque dicen que sus reformas tocan aspectos de la ley estatutaria de 2015, que elevó a derecho fundamental la salud. En todo caso, es un cambio de postura. En 2021, bajo el gobierno de Iván Duque y el apoyo del entonces ministro de Salud, Fernando Ruiz, Cambio Radical y el Centro Democrático promovieron una reforma a la salud por la vía ordinaria, o sea, por las séptimas.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, no descartó que la del gobierno también opte por esa vía.
2— EPS: gobierno e independientes las transforman, oposición las conserva
Es el primer punto de acercamiento entre gobierno y sectores independientes. Los dos bloques coinciden en transformar a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) en gestoras de salud, en un plazo no mayor a dos años. Pero las dos visiones se vuelven a separar en cuanto a las funciones.
Los independientes hacen una propuesta ambigua. Dicen que las Gestoras deben mantener la gestión administrativa del sistema de salud y también la administración del riesgo financiero. Sin embargo, el responsable final del riesgo financiero del sistema es el Estado, que es el único pagador, a través de la Adres. En este proyecto no es explícito cuánto ganarán las Gestoras por su trabajo.
En el sistema actual, las EPS tienen unos afiliados y reciben un monto fijo del Estado para asegurar su salud, la UPC. Si esas personas se enferman y gastan más de lo que les da el gobierno, las EPS asumen ese excedente de lo que no gastan los que no se enferman. Es decir, asumen el riesgo financiero y buscan reducirlo. Si logran que la persona gaste menos, se ganan ese dinero. En el medio, hacen todo: dan citas, pagan a las clínicas, pagan los medicamentos, hacen campañas preventivas, etc.
En la propuesta del gobierno, las transformadas EPS siguen haciendo todas las gestiones, pero el que paga directamente es la Adres, una entidad del Ministerio de Salud. Si un paciente gasta más de la UPC, el gobierno asume el costo. Las Gestoras reciben a cambio de su trabajo un 5 por ciento del valor de la UPC por cada afiliado, y un 3 por ciento adicional si cumplen con unos estándares de calidad altos. Una EPS como Sanitas, con 5,7 millones de afiliados, recibiría alrededor de 360 mil millones al año, solo con la cuota del 5%, lo que, paradójicamente, salva y mejora el negocio de los privados en la salud.
Las propuestas de Cambio Radical y Centro Democrático no se meten con las EPS, ni para transformarlas, ni para acabarlas. Piden dejarlas operando como lo hacen actualmente. “No pretendemos estatizar el sistema de salud”, dice el senador Carlos Motoa, de Cambio Radical, sobre la apuesta por mantener a los privados en el sistema.
3— La UPC: la puja está en quién y cómo se define
Es la famosa Unidad de Pago por Capitación, UPC. Es decir, lo que se paga por cada colombiano afiliado al sistema de salud. Las cuatro propuestas manejan fórmulas diferentes para definir su valor anual.
Actualmente, la UPC para afiliados del régimen contributivo (cotizantes) es de 1.444.086 pesos anuales; y para el subsidiado de 1.256.076 pesos. La UPC hoy se paga igual para personas jóvenes o viejas, sanas o enfermas. Las EPS se han quejado de que ese monto es insuficiente para cubrir los gastos. El gobierno sostiene que es suficiente, a pesar de las pérdidas que han reportado las EPS y de que varias quieren dejar el negocio, como Sura y Compensar.
El gobierno propone definir la UPC mediante estudios técnicos, que consideren ajustadores de riesgo en función de la edad, el sexo, la ubicación geográfica, las condiciones epidemiológicas y socioeconómicas de la población. Quien toma la decisión de cuánto se paga es el Ministerio de Salud, a partir de “recomendaciones” de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas, y del Consejo Nacional de Salud,
Los independientes van más allá. Piden que los estudios para calcular la UPC sean independiente al gobierno y que tengan en la cuenta otros factores como la distribución de las patologías de alto costo y demás factores determinantes del costo del Plan de Beneficios en Salud, PBS. También proponen que la decisión la tome, no el Ministerio, sino el Consejo Nacional de Salud, un organismo con 15 representantes de pacientes, gestoras de salud, trabajadores de la salud, entre otros.
La propuesta del Centro Democrático dice que la UPC se debe ajustar anualmente al nivel de la inflación “si a 31 de diciembre de cada año el Ministerio no ha aprobado un incremento en el valor de la UPC”.
En Cambio Radical plantean que la UPC se defina en conjunto entre el Ministerio de Salud y el de Hacienda de dos maneras. Por un lado, con un componente fijo que se realizará con base en estudios actuariales y se reconocerá un monto por cada persona de acuerdo con la clasificación o respectivo ajustador del riesgo. Y, por otro lado, uno con variable de incentivos con base en la gestión y el resultado que se efectúe en el territorio por parte de las EPS.
“Es una muy buena noticia que todas las propuestas hablen de mantener un esquema de UPC, porque en algún momento se pensó que no había necesidad de definir cuánto se debía asignar. Uno de los sustratos más tangibles del derecho a la salud es que podamos tener un plan de beneficios sobre el cual se cimente la progresividad del sistema”, dice Juan Carlos Giraldo, presidente del gremio de hospitales y clínicas.
4— El órgano rector del sistema: plural o del gobierno
Es la gobernanza del sector salud que tira línea sobre el funcionamiento del sistema.
La propuesta del gobierno crea un Consejo Nacional de Salud que estará conformado por seis representantes del gobierno nacional: el ministro de Salud, quien lo presidirá; el ministro de Hacienda; el ministro del Trabajo; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el ministerio de Ciencia, el director de Planeación Nacional y un (1) representante de los gobiernos territoriales.
Los independientes proponen que ese Consejo Nacional de Salud sea de 15 consejeros entre públicos y privados. Del gobierno, están el presidente de la República o su delegado, quien lo presidirá, y los ministros de Salud, Hacienda, Trabajo, Ambiente, y Ciencia. A ellos se sumarán el director de Planeación Nacional, el director del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud y un representante de los gobiernos territoriales.
Por parte de los privados, tendrían silla un representante de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) privadas y de las Instituciones de Salud del Estado (ISE); un representante de las Entidades Gestoras de Salud (EGS); un representante de las organizaciones nacionales de los trabajadores no profesionales de la salud; un representante de las organizaciones nacionales de los profesionales de la salud; un representante de las organizaciones nacionales de pacientes; un representante de la Academia Nacional de Medicina; un representante de las facultades y escuelas de salud; y un representante de los grupos étnicos, campesinos y víctimas del conflicto armado.
El proyecto de Cambio Radical también menciona la creación de ese Consejo Nacional de Salud, pero como un organismo asesor del Ministerio de Salud. Y coincide con los independientes de que debe tener 15 consejeros, pero saca del listado al presidente de la República y, en su lugar, mete a un delegado de los proveedores de servicios de salud.
La iniciativa del Centro Democrático no menciona la creación de un consejo de gobernanza del sistema.
5— La elección de gerentes de hospitales: meritocracia vs. influencia regional
La hundida reforma a la salud tuvo un capítulo especial cuando se debatió la manera en la que se deben elegir los gerentes de entidades públicas de salud. Actualmente, los aspirantes deben cumplir con un chequeo de la Comisión Nacional del Servicio Civil y después pueden ser nombrados por los gobernadores y alcaldes.
En el trámite de esa fallida reforma el gobierno propuso que se debía premiar a la meritocracia y facultar al Ministerio de Salud para hacer una lista de elegibles con base en un concurso. Los congresistas se opusieron y votaron a favor de dejar el trámite tal como está, pues hoy favorece a sus estructuras políticas regionales.
En la nueva propuesta del gobierno se conserva ese pedido de los políticos para que gobernadores y alcaldes sostengan la discreción para poner sus gerentes, pero le mete un nuevo requisito: que los aspirantes hayan validado sus competencias mediante examen nacional organizado por el Ministerio de Salud a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Es un modelo similar al que usa el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que hace una convocatoria, realiza unos exámenes de competencias y define un listado de aprobados entre los cuales el gobernador o alcalde elige al ganador.
En este apartado, los independientes y el Centro Democrático no proponen cambios, es decir, dejan las cosas como están. Cambio Radical pide que todo se haga a través de concursos de méritos, quitándoles, en el caso de entidades regionales, el poder a gobernadores y alcaldes para designar al gerente.
6— El giro directo: todo o una parte
El manejo de la plata de la salud es una discusión fundamental de la reforma. Actualmente, el Estado les gira los recursos a las EPS del régimen contributivo y a un 30 por ciento del subsidiado, para que luego estas les paguen a los prestadores de salud, como hospitales y clínicas.
Este esquema ha tenido problemas: demoras en los pagos, deudas por más de 23 billones de pesos y corrupción. Las cuentas entre las deudas del gobierno a las EPS, de las EPS a la clínicas, y de las distintas bolsas desde las que paga el gobierno, básicamente, se perdieron.
Las propuestas de reforma del gobierno y los independientes coinciden en establecer el giro directo como una herramienta para automatizar el pago a los prestadores del servicio de salud. En ese sentido, es quien asume el riesgo financiero de todo el sistema.
La del gobierno dice que la Adres será el pagador único tanto a públicos como privados: “Realizar los pagos, asumir como pagador único del sistema de Salud, efectuar giros directos a los prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías en salud, de naturaleza pública, privada y mixta”.
La de los independientes copia la idea de la Adres como pagador único, pero complementa la movida con una reglamentación posterior que se debe hacer en un plazo de dos años. Es decir, pagador único, sí, pero de manera progresiva y no inmediata. “Durante los dos años previstos en este artículo, el Ministerio de Salud y Protección Social determinará, de acuerdo con las capacidades de la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud, la forma como se implementará el giro directo para todas estas entidades”.
Cambio Radical dice que el giro directo se puede hacer, pero en hasta en un 90 por ciento de los recursos que deben pagarse a los prestadores de servicios. Mientras que la propuesta del Centro Democrático señala que el giro directo solo se pueda aplicar cuando las EPS sean intervenidas, es decir, que las EPS o gestoras que cumplan con sus funciones puedan seguir manejando la plata de manera autónoma.
“El mecanismo de giro directo se aplicará a las EPS que no cumplan las normas de habilitación financiera, o se encuentren en medidas de vigilancia especial, intervenidas o en liquidación”, dice el documento del uribismo.
7— Las deudas: hacer o no otra ley de punto final
Las deudas de las EPS liquidadas con la red pública están creciendo cada día más. Según estimativos de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, esos pasivos están por el orden de los 2.3 y los 5 billones de pesos. La distancia entre ambos extremos habla de lo difusas que son las cuentas.
Las cuatro propuestas de reforma plantean una nueva versión de una ley de “Punto Final”, como la que hizo Iván Duque y que expertos han considerado necesaria.
La del gobierno dice que las deudas que las EPS liquidadas han dejado con las Empresas Sociales del Estado serán pagadas gradualmente, con vigencias futuras. Y establece que siempre se garantizará el pago al personal de salud que los prestadores adeuden. No menciona un término límite.
Los independientes sí fijan un plazo. Hablan de un máximo de tres años para saldar esas deudas con cargo del presupuesto público. Y añaden que en el caso de las deudas a los trabajadores de la salud, estas se pueden convertir en créditos. “Las deudas que a la fecha tenga cualquiera de los actores del Sistema de Salud con el talento humano en salud se clasificarán como créditos de primer orden, independiente de su origen contractual”, dice.
En Cambio Radical creen que el camino para solucionar esos pasivos es crear un fondo de garantías y dar un paso a la reglamentación de leyes de insolvencia o quiebra para los jugadores del sistema. Es decir, abre la puerta para que, a través de un fondo, el Estado puede liberar recursos para las EPS y tratar de evitar la liquidación.
“Aquí ha hecho falta, como hay en otros sectores, una especie de ley de quiebras y un régimen de insolvencia que permita que antes de que una entidad entre en crisis, pues se le pueda dar o aportar liquidez para evitar que se colapse”, dice Juan Carlos Giraldo de la asociación de hospitales.
Giraldo propone que, independiente de la propuesta, también se abra el debate sobre el velo corporativo de las EPS que salen del mercado con millonarias deudas. “Y así seguir a los dueños reales de las instituciones y ponerlos a responder. Eso no ha pasado”.
8— El talento humano: becas para aumentar el número de profesionales
En este punto, gobierno e independientes confluyen completamente. Los artículos que recomiendan para incentivar la formación de personal de la salud se basan en el fortalecimiento de un programa de becas públicas. Y que así se puede fomentar la oferta de profesionales tanto en el pregrado como en especializaciones.
De acuerdo con los últimos datos de la Ocde, Colombia tiene 2,5 médicos por cada mil habitantes, versus 3,7 en promedio del club de países ricos. En enfermeros, Colombia tiene 1,6 por cada mil habitantes contra 9,2 en promedio de esa organización (datos de 2021, los últimos disponibles). Colombia gradúa a 11,7 médicos por año por cada 100 mil habitantes, mientras el promedio de la Ocde es de 14,2 médicos.
Las propuestas de gobierno e independientes sostienen que se creará un programa de becas para cubrir los costos académicos y de sostenimiento que se distribuirán, en el caso de pregrado, en las universidades públicas que aumenten los cupos para estos programas de salud.
En el caso de posgrado, el programa de becas aplicará entre los profesionales de medicina, enfermería y otras profesiones del sector salud que el Ministerio de Salud y Protección Social considere priorizadas.
La única diferencia entre los dos textos está en cómo se seleccionan los estudiantes. El gobierno dice que se debe priorizar a los provenientes de municipios pequeños y de zonas afectadas por el conflicto (Pdet y Zomac).
Cambio Radical y Centro Democrático no mencionan en sus proyectos programas de becas.
Fuente: La Silla Vacía
Continúa:
por Jerson Ortiz
Hace 5 horas
https://i0.wp.com/www.lasillavacia.com/wp-content/uploads/2024/08/saludreforma2024.jpg?w=1200&ssl=1
El debate arranca con cuatro propuestas de sectores diferentes.
En el Congreso no hay duda de que se necesita una reforma a la salud. Más de la mitad de los 50 millones de afiliados están en EPS intervenidas por el gobierno o que han pedido retirarse del sistema. El sector tiene pérdidas millonarias y enfrenta un deterioro que puede ser irreparable.
En tres semanas de sesiones ya se han radicado tres proyectos de reforma. Uno del Centro Democrático, otro de Cambio Radical, las dos bancadas de oposición, y otro de los independientes del Verde, Dignidad y Nuevo Liberalismo. Están a la espera de un cuarto del gobierno de Gustavo Petro, que muy probablemente será el que concertó con las EPS a finales de abril, según un borrador que se empezó a mover entre congresistas aliados.
De entrada, entre las cuatro propuestas hay un acuerdo tácito para sacar una reforma acotada, de unos 50 artículos como máximo, en contraste con la primera propuesta de la exministra, Carolina Corcho, que tenía 151. Pero la cuestión sigue siendo la misma: ¿será una reforma estructural para cambiar el sistema de aseguramiento privado o una para mejorar sus fallas estructurales?
Por lo pronto, de las tres propuestas radicadas y la que el gobierno dejó avanzada el semestre pasado, estas son las coincidencias y diferencias en nueve puntos clave.
1— Tipo de ley: entre una reforma estatutaria u ordinaria
Es un asunto de la forma en la que se debe debatir la reforma. Las propuestas del Centro Democrático, Cambio Radical y los independientes dicen que la reforma debe tramitarse como un proyecto de reforma estatutaria.
Eso implica que los primeros debates se hagan por las comisiones primeras (la del Senado es adversa al gobierno), las de las reformas constitucionales, y no por las séptimas, como se hizo con la propuesta del gobierno que se hundió el semestre pasado.
Además del cambio de comisiones, una reforma estatutaria necesita un tipo de votación diferente: debe ser aprobada por la mitad más de uno de los congresistas de una comisión o de la plenaria, lo que hace más difícil conseguir los votos y mantener el quorum.
En números, el cambio es así: en la Comisión de Séptima de la Cámara la anterior propuesta de reforma a la salud se aprobó con 12 votos de 21. Y en la plenaria con 84 de 187. Pero si se va por reforma estatutaria necesitaría 22 de 41 votos de la Comisión Primera y 94 de 187 de la plenaria. Si es en Senado, 12 de 21 votos de la Primera y 53 de los 105 de la Plenaria. Todo en un solo año. A diferencia de las leyes ordinarias, que sí permiten debatir en dos periodos diferentes, la estatutaria debe salir en una misma legislatura.
Además, las reformas estatutarias incluyen un trámite adicional: para poder entrar en vigencia deben pasar por un control automático de la Corte Constitucional. Las reformas ordinarias no.
Aunque los partidos pueden pedir que sus reformas se tramiten como ordinarias o estatutarias – así lo pidieron Centro Democrático y Cambio Radical- es potestad de las mesas directivas de cada Cámara decidir a dónde las envían. Cambio Radical y el uribismo presentaron sus reformas por el Senado, y los independientes por Cámara.
La oposición insiste en que sea estatutaria porque dicen que sus reformas tocan aspectos de la ley estatutaria de 2015, que elevó a derecho fundamental la salud. En todo caso, es un cambio de postura. En 2021, bajo el gobierno de Iván Duque y el apoyo del entonces ministro de Salud, Fernando Ruiz, Cambio Radical y el Centro Democrático promovieron una reforma a la salud por la vía ordinaria, o sea, por las séptimas.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, no descartó que la del gobierno también opte por esa vía.
2— EPS: gobierno e independientes las transforman, oposición las conserva
Es el primer punto de acercamiento entre gobierno y sectores independientes. Los dos bloques coinciden en transformar a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) en gestoras de salud, en un plazo no mayor a dos años. Pero las dos visiones se vuelven a separar en cuanto a las funciones.
Los independientes hacen una propuesta ambigua. Dicen que las Gestoras deben mantener la gestión administrativa del sistema de salud y también la administración del riesgo financiero. Sin embargo, el responsable final del riesgo financiero del sistema es el Estado, que es el único pagador, a través de la Adres. En este proyecto no es explícito cuánto ganarán las Gestoras por su trabajo.
En el sistema actual, las EPS tienen unos afiliados y reciben un monto fijo del Estado para asegurar su salud, la UPC. Si esas personas se enferman y gastan más de lo que les da el gobierno, las EPS asumen ese excedente de lo que no gastan los que no se enferman. Es decir, asumen el riesgo financiero y buscan reducirlo. Si logran que la persona gaste menos, se ganan ese dinero. En el medio, hacen todo: dan citas, pagan a las clínicas, pagan los medicamentos, hacen campañas preventivas, etc.
En la propuesta del gobierno, las transformadas EPS siguen haciendo todas las gestiones, pero el que paga directamente es la Adres, una entidad del Ministerio de Salud. Si un paciente gasta más de la UPC, el gobierno asume el costo. Las Gestoras reciben a cambio de su trabajo un 5 por ciento del valor de la UPC por cada afiliado, y un 3 por ciento adicional si cumplen con unos estándares de calidad altos. Una EPS como Sanitas, con 5,7 millones de afiliados, recibiría alrededor de 360 mil millones al año, solo con la cuota del 5%, lo que, paradójicamente, salva y mejora el negocio de los privados en la salud.
Las propuestas de Cambio Radical y Centro Democrático no se meten con las EPS, ni para transformarlas, ni para acabarlas. Piden dejarlas operando como lo hacen actualmente. “No pretendemos estatizar el sistema de salud”, dice el senador Carlos Motoa, de Cambio Radical, sobre la apuesta por mantener a los privados en el sistema.
3— La UPC: la puja está en quién y cómo se define
Es la famosa Unidad de Pago por Capitación, UPC. Es decir, lo que se paga por cada colombiano afiliado al sistema de salud. Las cuatro propuestas manejan fórmulas diferentes para definir su valor anual.
Actualmente, la UPC para afiliados del régimen contributivo (cotizantes) es de 1.444.086 pesos anuales; y para el subsidiado de 1.256.076 pesos. La UPC hoy se paga igual para personas jóvenes o viejas, sanas o enfermas. Las EPS se han quejado de que ese monto es insuficiente para cubrir los gastos. El gobierno sostiene que es suficiente, a pesar de las pérdidas que han reportado las EPS y de que varias quieren dejar el negocio, como Sura y Compensar.
El gobierno propone definir la UPC mediante estudios técnicos, que consideren ajustadores de riesgo en función de la edad, el sexo, la ubicación geográfica, las condiciones epidemiológicas y socioeconómicas de la población. Quien toma la decisión de cuánto se paga es el Ministerio de Salud, a partir de “recomendaciones” de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas, y del Consejo Nacional de Salud,
Los independientes van más allá. Piden que los estudios para calcular la UPC sean independiente al gobierno y que tengan en la cuenta otros factores como la distribución de las patologías de alto costo y demás factores determinantes del costo del Plan de Beneficios en Salud, PBS. También proponen que la decisión la tome, no el Ministerio, sino el Consejo Nacional de Salud, un organismo con 15 representantes de pacientes, gestoras de salud, trabajadores de la salud, entre otros.
La propuesta del Centro Democrático dice que la UPC se debe ajustar anualmente al nivel de la inflación “si a 31 de diciembre de cada año el Ministerio no ha aprobado un incremento en el valor de la UPC”.
En Cambio Radical plantean que la UPC se defina en conjunto entre el Ministerio de Salud y el de Hacienda de dos maneras. Por un lado, con un componente fijo que se realizará con base en estudios actuariales y se reconocerá un monto por cada persona de acuerdo con la clasificación o respectivo ajustador del riesgo. Y, por otro lado, uno con variable de incentivos con base en la gestión y el resultado que se efectúe en el territorio por parte de las EPS.
“Es una muy buena noticia que todas las propuestas hablen de mantener un esquema de UPC, porque en algún momento se pensó que no había necesidad de definir cuánto se debía asignar. Uno de los sustratos más tangibles del derecho a la salud es que podamos tener un plan de beneficios sobre el cual se cimente la progresividad del sistema”, dice Juan Carlos Giraldo, presidente del gremio de hospitales y clínicas.
4— El órgano rector del sistema: plural o del gobierno
Es la gobernanza del sector salud que tira línea sobre el funcionamiento del sistema.
La propuesta del gobierno crea un Consejo Nacional de Salud que estará conformado por seis representantes del gobierno nacional: el ministro de Salud, quien lo presidirá; el ministro de Hacienda; el ministro del Trabajo; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el ministerio de Ciencia, el director de Planeación Nacional y un (1) representante de los gobiernos territoriales.
Los independientes proponen que ese Consejo Nacional de Salud sea de 15 consejeros entre públicos y privados. Del gobierno, están el presidente de la República o su delegado, quien lo presidirá, y los ministros de Salud, Hacienda, Trabajo, Ambiente, y Ciencia. A ellos se sumarán el director de Planeación Nacional, el director del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud y un representante de los gobiernos territoriales.
Por parte de los privados, tendrían silla un representante de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) privadas y de las Instituciones de Salud del Estado (ISE); un representante de las Entidades Gestoras de Salud (EGS); un representante de las organizaciones nacionales de los trabajadores no profesionales de la salud; un representante de las organizaciones nacionales de los profesionales de la salud; un representante de las organizaciones nacionales de pacientes; un representante de la Academia Nacional de Medicina; un representante de las facultades y escuelas de salud; y un representante de los grupos étnicos, campesinos y víctimas del conflicto armado.
El proyecto de Cambio Radical también menciona la creación de ese Consejo Nacional de Salud, pero como un organismo asesor del Ministerio de Salud. Y coincide con los independientes de que debe tener 15 consejeros, pero saca del listado al presidente de la República y, en su lugar, mete a un delegado de los proveedores de servicios de salud.
La iniciativa del Centro Democrático no menciona la creación de un consejo de gobernanza del sistema.
5— La elección de gerentes de hospitales: meritocracia vs. influencia regional
La hundida reforma a la salud tuvo un capítulo especial cuando se debatió la manera en la que se deben elegir los gerentes de entidades públicas de salud. Actualmente, los aspirantes deben cumplir con un chequeo de la Comisión Nacional del Servicio Civil y después pueden ser nombrados por los gobernadores y alcaldes.
En el trámite de esa fallida reforma el gobierno propuso que se debía premiar a la meritocracia y facultar al Ministerio de Salud para hacer una lista de elegibles con base en un concurso. Los congresistas se opusieron y votaron a favor de dejar el trámite tal como está, pues hoy favorece a sus estructuras políticas regionales.
En la nueva propuesta del gobierno se conserva ese pedido de los políticos para que gobernadores y alcaldes sostengan la discreción para poner sus gerentes, pero le mete un nuevo requisito: que los aspirantes hayan validado sus competencias mediante examen nacional organizado por el Ministerio de Salud a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Es un modelo similar al que usa el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que hace una convocatoria, realiza unos exámenes de competencias y define un listado de aprobados entre los cuales el gobernador o alcalde elige al ganador.
En este apartado, los independientes y el Centro Democrático no proponen cambios, es decir, dejan las cosas como están. Cambio Radical pide que todo se haga a través de concursos de méritos, quitándoles, en el caso de entidades regionales, el poder a gobernadores y alcaldes para designar al gerente.
6— El giro directo: todo o una parte
El manejo de la plata de la salud es una discusión fundamental de la reforma. Actualmente, el Estado les gira los recursos a las EPS del régimen contributivo y a un 30 por ciento del subsidiado, para que luego estas les paguen a los prestadores de salud, como hospitales y clínicas.
Este esquema ha tenido problemas: demoras en los pagos, deudas por más de 23 billones de pesos y corrupción. Las cuentas entre las deudas del gobierno a las EPS, de las EPS a la clínicas, y de las distintas bolsas desde las que paga el gobierno, básicamente, se perdieron.
Las propuestas de reforma del gobierno y los independientes coinciden en establecer el giro directo como una herramienta para automatizar el pago a los prestadores del servicio de salud. En ese sentido, es quien asume el riesgo financiero de todo el sistema.
La del gobierno dice que la Adres será el pagador único tanto a públicos como privados: “Realizar los pagos, asumir como pagador único del sistema de Salud, efectuar giros directos a los prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías en salud, de naturaleza pública, privada y mixta”.
La de los independientes copia la idea de la Adres como pagador único, pero complementa la movida con una reglamentación posterior que se debe hacer en un plazo de dos años. Es decir, pagador único, sí, pero de manera progresiva y no inmediata. “Durante los dos años previstos en este artículo, el Ministerio de Salud y Protección Social determinará, de acuerdo con las capacidades de la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud, la forma como se implementará el giro directo para todas estas entidades”.
Cambio Radical dice que el giro directo se puede hacer, pero en hasta en un 90 por ciento de los recursos que deben pagarse a los prestadores de servicios. Mientras que la propuesta del Centro Democrático señala que el giro directo solo se pueda aplicar cuando las EPS sean intervenidas, es decir, que las EPS o gestoras que cumplan con sus funciones puedan seguir manejando la plata de manera autónoma.
“El mecanismo de giro directo se aplicará a las EPS que no cumplan las normas de habilitación financiera, o se encuentren en medidas de vigilancia especial, intervenidas o en liquidación”, dice el documento del uribismo.
7— Las deudas: hacer o no otra ley de punto final
Las deudas de las EPS liquidadas con la red pública están creciendo cada día más. Según estimativos de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, esos pasivos están por el orden de los 2.3 y los 5 billones de pesos. La distancia entre ambos extremos habla de lo difusas que son las cuentas.
Las cuatro propuestas de reforma plantean una nueva versión de una ley de “Punto Final”, como la que hizo Iván Duque y que expertos han considerado necesaria.
La del gobierno dice que las deudas que las EPS liquidadas han dejado con las Empresas Sociales del Estado serán pagadas gradualmente, con vigencias futuras. Y establece que siempre se garantizará el pago al personal de salud que los prestadores adeuden. No menciona un término límite.
Los independientes sí fijan un plazo. Hablan de un máximo de tres años para saldar esas deudas con cargo del presupuesto público. Y añaden que en el caso de las deudas a los trabajadores de la salud, estas se pueden convertir en créditos. “Las deudas que a la fecha tenga cualquiera de los actores del Sistema de Salud con el talento humano en salud se clasificarán como créditos de primer orden, independiente de su origen contractual”, dice.
En Cambio Radical creen que el camino para solucionar esos pasivos es crear un fondo de garantías y dar un paso a la reglamentación de leyes de insolvencia o quiebra para los jugadores del sistema. Es decir, abre la puerta para que, a través de un fondo, el Estado puede liberar recursos para las EPS y tratar de evitar la liquidación.
“Aquí ha hecho falta, como hay en otros sectores, una especie de ley de quiebras y un régimen de insolvencia que permita que antes de que una entidad entre en crisis, pues se le pueda dar o aportar liquidez para evitar que se colapse”, dice Juan Carlos Giraldo de la asociación de hospitales.
Giraldo propone que, independiente de la propuesta, también se abra el debate sobre el velo corporativo de las EPS que salen del mercado con millonarias deudas. “Y así seguir a los dueños reales de las instituciones y ponerlos a responder. Eso no ha pasado”.
8— El talento humano: becas para aumentar el número de profesionales
En este punto, gobierno e independientes confluyen completamente. Los artículos que recomiendan para incentivar la formación de personal de la salud se basan en el fortalecimiento de un programa de becas públicas. Y que así se puede fomentar la oferta de profesionales tanto en el pregrado como en especializaciones.
De acuerdo con los últimos datos de la Ocde, Colombia tiene 2,5 médicos por cada mil habitantes, versus 3,7 en promedio del club de países ricos. En enfermeros, Colombia tiene 1,6 por cada mil habitantes contra 9,2 en promedio de esa organización (datos de 2021, los últimos disponibles). Colombia gradúa a 11,7 médicos por año por cada 100 mil habitantes, mientras el promedio de la Ocde es de 14,2 médicos.
Las propuestas de gobierno e independientes sostienen que se creará un programa de becas para cubrir los costos académicos y de sostenimiento que se distribuirán, en el caso de pregrado, en las universidades públicas que aumenten los cupos para estos programas de salud.
En el caso de posgrado, el programa de becas aplicará entre los profesionales de medicina, enfermería y otras profesiones del sector salud que el Ministerio de Salud y Protección Social considere priorizadas.
La única diferencia entre los dos textos está en cómo se seleccionan los estudiantes. El gobierno dice que se debe priorizar a los provenientes de municipios pequeños y de zonas afectadas por el conflicto (Pdet y Zomac).
Cambio Radical y Centro Democrático no mencionan en sus proyectos programas de becas.
Fuente: La Silla Vacía
Continúa:
Ayudante De Santa
06-11-2015, 22:19:08
Heráclito
14-08-2024, 06:44:19
Continuación:
9— Salud preventiva: el acuerdo sobre lo fundamental
Hay unanimidad en las cuatro propuestas sobre la necesidad de definir el modelo de salud con un enfoque en la prevención, una de las banderas del presidente Petro.
La del gobierno lo eleva a política de Estado y lo fundamenta en la Atención Primaria en Salud. Esa definición la comparten los independientes. “Con un primer nivel conformado por Equipos Básicos de Salud y Centros de Primer Nivel de Atención en Salud -CAPS-, que constituyen el primer contacto con el Sistema de Salud, que integran y coordinan el proceso de atención, y que forman parte de las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud”, dice la propuesta independiente.
Acá, Cambio Radical se acerca, con matices. Por ejemplo, dice que, a diferencia de la idea del gobierno, no debe ser obligatorio que una persona se suscriba a un CAPS determinado, sino que puede elegir el que quiera. “Toda persona estará adscrita a un prestador primario y a un médico con enfoque de familia y comunidad altamente resolutivo, de su libre elección, ubicado cerca al lugar de residencia o trabajo, de acuerdo con la reglamentación que el Ministerio de Salud y Protección expida”.
Y, pegado a su propuesta de mantener vivas a las EPS, les entrega esa tarea de coordinación de esa atención primaria. “La coordinación de la atención individual primaria y complementaria estará a cargo de las EPS y deberá ser ejecutada de manera integrada por los diferentes miembros de su red de servicios”.
Fuente: La Silla Vacía
9— Salud preventiva: el acuerdo sobre lo fundamental
Hay unanimidad en las cuatro propuestas sobre la necesidad de definir el modelo de salud con un enfoque en la prevención, una de las banderas del presidente Petro.
La del gobierno lo eleva a política de Estado y lo fundamenta en la Atención Primaria en Salud. Esa definición la comparten los independientes. “Con un primer nivel conformado por Equipos Básicos de Salud y Centros de Primer Nivel de Atención en Salud -CAPS-, que constituyen el primer contacto con el Sistema de Salud, que integran y coordinan el proceso de atención, y que forman parte de las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud”, dice la propuesta independiente.
Acá, Cambio Radical se acerca, con matices. Por ejemplo, dice que, a diferencia de la idea del gobierno, no debe ser obligatorio que una persona se suscriba a un CAPS determinado, sino que puede elegir el que quiera. “Toda persona estará adscrita a un prestador primario y a un médico con enfoque de familia y comunidad altamente resolutivo, de su libre elección, ubicado cerca al lugar de residencia o trabajo, de acuerdo con la reglamentación que el Ministerio de Salud y Protección expida”.
Y, pegado a su propuesta de mantener vivas a las EPS, les entrega esa tarea de coordinación de esa atención primaria. “La coordinación de la atención individual primaria y complementaria estará a cargo de las EPS y deberá ser ejecutada de manera integrada por los diferentes miembros de su red de servicios”.
Fuente: La Silla Vacía
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