Condenado a 40 años de cárcel el expolicía que asesinó a Javier Ordóñez

[Ayudante De Santa]

[Heráclito]

Sanción ejemplar para un asesino uniformado.

Condenado a 40 años de cárcel el expolicía que asesinó a Javier Ordóñez

Un juzgado de Bogotá sentenció a Harby Damián Rodríguez por el asesinato y la tortura del estudiante de Derecho, una muerte que desató el caos en Bogotá en 2020

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Dos policías reducen a Javier Ordóñez en el barrio de Santa Cecilia, en imágenes difundidas en redes sociales.

EMMA JARAMILLO BERNAT

Bogotá - 12 DIC 2023 - 23:20 COT

La jornada de protesta más violenta de la historia reciente de la capital colombiana tuvo este martes un desenlace. El expatrullero de policía Harby Damián Rodríguez fue condenado a 40 años de prisión por el asesinato y la tortura a Javier Ordóñez, quien falleció en la noche del 8 de septiembre de 2020. Un juez penal especializado de Bogotá encontró que el expolicía es responsable de homicidio agravado y tortura agravada, dos de los delitos más graves de la legislación colombiana.

Aquel día, el video en el que quedó documentada la agresión se hizo viral. Él aparecía tirado en el suelo, sometido por dos policías. “Por favor, por favor”, decía Javier, instándolos a que pararan, mientras lo reducían en el suelo. Uno de ellos era Juan Camilo Lloreda, quien asumió su responsabilidad cuando el proceso iniciaba y fue condenado a 20 años de cárcel en abril de 2021. El otro era Rodríguez, quien inicialmente también se había acogido al arreglo, pero luego se retractó y se declaró inocente. El proceso en su contra siguió su curso y este martes la justicia dictó sentencia.

La muerte de Ordóñez, un hombre de 44 años al que le faltaba un examen para convertirse en abogado —primero había estudiado aeronáutica, pero trabajaba como conductor de taxi—, desencadenó al día siguiente una jornada de protestas de gran magnitud, conocida como el 9-S. Miles de personas salieron a las calles a manifestarse contra el acto de violencia policial. Las imágenes también mostraban a los policías haciendo varias descargas con una pistola eléctrica o ‘taser’, un arma etiquetada como “no letal”. Juan David Uribe, un amigo que presenció la escena, habría de relatar: “El policía la emprende contra él, le meten como 5 o 6 choques eléctricos. El último se lo dejan demasiado tiempo”.

En medio de las restricciones decretadas por la pandemia de COVID-19, Javier Ordóñez estaba en su apartamiento tomando licor con algunos amigos. Salieron a comprar más bebidas a una tienda. Una patrulla los detuvo y les pidió sus documentos. La tensión escaló y tanto Ordóñez como Wilder Andrés Salazar, un amigo que lo acompañaba, fueron subidos a un vehículo policial y conducidos al CAI (Comando de Atención Inmediata) del barrio Villa luz, en el noroccidente de la ciudad. El coronel Alexander Amaya dijo que la Policía llegó a atender una riña, y el patrullero Lloreda apuntó en ese mismo sentido: aseguró que Ordóñez los había increpado. Pero los testigos señalaban que Javier ni fue agresivo ni estaba armado.

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Familiares de Javier Ordoñez cargan su ataúd luego de la misa funeraria en Bogotá, el 16 de septiembre de 2020.
FERNANDO VERGARA (AP)

Durante una posterior sesión en el Congreso, la representante del Partido Verde Katherine Miranda amplió el testimonio de Wilder Andrés Salazar, un amigo de Ordóñez. “Los policías nunca se detuvieron. Le golpearon en varias oportunidades en el rostro, y seguían con la pistola taser, pero las descargas ya no se la hacían sobre la ropa, porque él ya tenía la camiseta desgarrada. Se las hacían sobre la piel”, dijo.

En un relato divulgado en varios medios de comunicación, Salazar explicó que en el CAI los policías nunca lo ayudaron. “Solo se acercaron para agredirlo física y verbalmente. Llegan muchos más policías, tal vez cuatro o cinco, no estoy seguro de la cantidad, pero eran varios. Entran al CAI, ven a mi amigo Javier en el piso, esposado. Me ven a mí contra la pared, esposado, ven que lo están lastimando y no le prestan ayuda. No lo ayudan”. Cuando finalmente Javier fue llevado a la Clínica Santa María del Lago, en la madrugada del 9 de septiembre, los médicos confirmaron lo que él ya presentía: que su amigo había llegado muerto.

La ira al día siguiente se enfocó en los CAI, pequeñas infraestructuras barriales de la Policía de las que hay cientos repartidas por la ciudad. Varias zonas de la ciudad se convirtieron en un campo de batalla. Policías y ciudadanos se enfrentaban con una violencia que incluso superaba la vivida en el estallido social de finales de 2019. Las autoridades utilizaron armas de fuego y apuntaron a quemarropa. Supuestos “policías uniformados o presuntos policías vestidos de civil” —según denunció la alcaldesa Claudia López― participaron en la respuesta. Por su parte, la Policía señalaba que los ataques en la ciudad hacían parte de un presunto operativo organizado por grupos urbanos de izquierda y organizaciones subversivas. En Bogotá reinaba el caos.

La situación dejaba en evidencia las tensiones entre la Policía y la ciudadanía, que se venían evidenciando desde las protestas de 2019 y que habían aumentado con las restricciones por la pandemia. En ese momento, los uniformados tuvieron una carga aumentada de tareas vinculadas con el cerco epidemiológico; con un pie de fuerza reducido y escasa capacitación, recibieron un mayor poder. Lo ejercieron frente a una población cansada y frustrada en medio de la crisis económica y social generada por el confinamiento.

Se calcula que al menos 14 personas murieron y cerca de 140 resultaron heridas en la jornada; más de la mitad eran policías. La ola de violencia se extendió a Cali y a Medellín. El análisis de las causas de la muerte de Ordóñez evidenció que sufrió nueve fracturas de cráneo y que uno de sus riñones se había estallado. Esto llevó a que la Fiscalía argumentara que había sido golpeado con sevicia. Tras las protestas, la Policía y el Gobierno de Iván Duque anunciaron reformas para evitar y sancionar los abusos policiales. La familia de Javier aceptó el perdón que le ofreció el general Gustavo Moreno, entonces director encargado de la Policía Nacional, en nombre de la institución. Pero solo hasta este martes hubo una decisión de la Justicia.

Fuente: El País de España