Corte Constitucional tumba el decreto de Petro de estado de emergencia en La Guajira

[Ayudante De Santa]

[Heráclito]

Las chambonadas imperiales de Petro. Quiere saltarse la ley y legislar por voluntad propia. Igual que hizo en Bogotá. Gobernar con el deseo y no con la institucionalidad. Por fortuna, la Corte Constitucional lo puso en su lugar.

Corte Constitucional tumba el decreto de Petro de estado de emergencia en La Guajira

Según el alto tribunal, el decreto es inconstitucional y tanto el Congreso como el Gobierno tendrán que adoptar medidas para superar la crisis humanitaria.

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Presidente de la república en la Corte Constitucional por el caso de emergencia en La Guajira
© José Vargas

El decreto con el que el presidente Gustavo Petro declaró el estado de emergencia en La Guajira el pasado 2 de junio perdió su batalla en la Corte Constitucional. El mandato, que le otorgaba al jefe de Estado poderes extraordinarios, como la posibilidad de promulgar decretos de ley sin necesidad de que pasen por la aprobación del Congreso, fue tumbado por la Sala Plena del alto tribunal por considerar que el primer mandatario incurrió en un error.

La Corte Constitucional decidió que el decreto 1085 de 2 de julio de 2023, “por medio del cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira” es “inexequible”. El alto tribunal decidió también que la decisión empezará a regir a partir de un año, contado a partir de la expedición de decreto.

Asimismo, la Corte invitó “al Gobierno nacional y al Congreso de la República para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ordinarias, adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira constatada en la Sentencia T-302 de 2017 y, con ello, se garantice la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en esa zona del país”.

El alto tribunal tomó la decisión en la sentencia C-383 de 2023, la cual es una ponencia conjunta de la magistrada Diana Fajardo y el magistrado Juan Carlos Cortés. Dentro del documento, salvaron sus votos el magistrado Jorge Enrique Ibáñez y la magistrada Paola Meneses. Por su parte, el magistrado Alejandro Linares reservó su aclaración de voto.

El pasado 23 de septiembre El Espectador conoció la ponencia que presentó la magistrada Natalia Ángel y que iba a estudiar la sala plena. Este diario pudo establecer que lo que propuso la ponente fue darle el visto bueno al decreto de emergencia. No solo porque el Gobierno argumentó de manera correcta la necesidad de declarar un estado de excepción en el departamento, sino porque prácticamente todos los expertos y académicos que enviaron sus conceptos a la Corte coincidieron en un asunto: la cuestión en La Guajira es, primero, de carácter extraordinario; segundo, representa una crisis humanitaria y, tercero, ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño, la situación en la zona podría convertirse en una calamidad. Con datos científicos y de contexto a la mano, la ponente expuso la gravedad del tema.

Explicó, por ejemplo, que lo que existe en La Guajira es una crisis humanitaria por el dificilísimo acceso a los servicios públicos esenciales; un problema que podría ser catastrófico ante situaciones climáticas como el fenómeno de El Niño. ¿Por qué? Porque la sequía que caracteriza este episodio podría agravar una situación ya dramática en materia de mortalidad infantil, acceso al servicio de salud, acceso al agua, saneamiento básico y seguridad alimentaria. Por esta razón, fuentes del alto tribunal señalaron que la ponencia sostiene que lo que vive el departamento no se puede calificar como una situación común u ordinaria, sino todo lo contrario: es extraordinaria y, por eso, Ángel sostiene que el gobierno Petro no incurrió en un error ni fue arbitrario al declarar la emergencia.

Fuente: El Espectador

[Ayudante De Santa]

[Heráclito]

Análisis:

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Ayer un comunicado de la Corte Constitucional reportó que su sala plena había terminado la revisión del decreto 1085 del 2 de julio de 2023 que determinó el Estado de Emergencia Social, Económica y Ecológica en La Guajira. El máximo tribunal declaró la inexequibilidad de la medida tomada con bombos y platillos por el Gobierno Nacional a finales de junio pasado.

La decisión de la alta corte deja sin piso jurídico doce decretos promulgados bajo su sombrilla que tocaban una amplia gama de temas, desde la creación del Instituto de Aguas y una universidad wayúu hasta un nuevo impuesto de mil pesos a los hogares de estratos 4, 5 y 6, pasando por la capitalización por $61 mil millones de las Salinas de Manaure.

Además, el fallo concede “efectos diferidos” de un año con “respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad del agua”. El tercer punto de la comunicación “exhorta” al Gobierno y al Congreso de la República a que “adopten las medidas necesarias” para “superar la grave crisis humanitaria estructural” que afecta a La Guajira, así como para fortalecer la institucionalidad de lucha contra el cambio climático.

En resumen, un duro golpe de la Corte Constitucional al presidente de la República, Gustavo Petro, que había puesto sus esperanzas en estas medidas de emergencia como un ejemplo de intervención ejecutiva, sin las ataduras de pasar por el Legislativo ni de los procesos administrativos regulares.

Los decretos, hoy caídos, así lo ratifican: el piloto de la implementación de la reforma a la salud- todavía en trámite parlamentario-, el salvavidas a las empresas de energía eólica para no cumplir con sus compromisos y la prohibición de la prórroga a contratos mineros y otras limitaciones que afectaba a Cerrejón. De haber sido validada su constitucionalidad por el máximo tribunal, el uso de estos instrumentos extraordinarios podría haberse replicado en otras regiones del país con complejas situaciones sociales y económicas.

La caída de la emergencia social, económica y ecológica en La Guajira le deja varias sonoras lecciones al gobierno de Gustavo Petro. La primera es el reconocimiento de la emergencia como una condición con características excepcionales y sobrevinientes, como lo fue, por ejemplo, la pandemia del coronavirus.

No se puede caer en la lectura fácil y mal intencionada de que esta decisión de la Corte Constitucional demuestra el desdén de los magistrados frente a la difícil situación de los guajiros. Todo lo contrario, el máximo tribunal insta al Ejecutivo y al Legislativo a que empleen sus facultades para un abordaje que garantice los derechos de la gente.

Segundo, no se trata de desconocer la realidad tangible y dolorosa de una región, rica en recursos naturales y capacidad energética, pero golpeada por la pobreza, el hambre, la carencia de necesidades básicas y la vulnerabilidad climática. No obstante, la crisis guajira lleva años gestándose, incluso ante los ojos de sus propios ciudadanos, y su salida no debe pasar por ejercicios gubernamentales más motivados por la ideología de las reformas que por un abordaje concreto a la resolución de las problemáticas.

Una tercera lección toca la institucionalidad que, con sus limitaciones y defectos, cuenta con las herramientas y los procesos para enfrentar el complejo estado de La Guajira. La exhortación de la Corte al Gobierno y al Congreso se refiere precisamente a que ambos poderes cumplan con sus respectivas misiones. En conclusión, un llamado a que la respuesta a los guajiros venga de gestión efectiva y acciones, más que de atajos, retórica e ideología.

Fuente: Portafolio