El choque Petro-Barbosa y su incidencia en la estrategia de la “paz total”

[Ayudante De Santa]

[Heráclito]

El que mucho abarca poco aprieta, dice la sabiduría popular. El afán de Petro por superar a Santos y ganarse de igual manera el Nobel de Paz, le va a pasar factura. Revolver peras con manzanas, delincuentes políticos (aunque degradados) con simples narcos erosiona el Estado de derecho a la par que resulta imposible conciliar tantos intereses donde cada banda quiere ganarse el principal premio, la impunidad a cambio de no delinquir al menos abiertamente o lavar sus fortunas.

El choque Petro-Barbosa y su incidencia en la estrategia de la “paz total”

Historia de Redacción Política • Ayer a las 8:37 p. m.

El fiscal Barbosa dijo que no es “un subalterno del presidente” y que en virtud de la separación de poderes puede negar la suspensión de órdenes de captura. Si bien se trata de un principio constitucional, el choque de trenes podría restarle gobernabilidad a Petro.

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Barbosa sería fiscal general hasta febrero de 2024. Imagen de referencia.
© Cortesía

Uno de los logros más importantes de Gustavo Petro en estos primeros cinco meses de gobierno fue la construcción de gobernabilidad, es decir, consiguió coordinar a distintos sectores de cara a su proyecto político. Pese a algunos tropiezos, anuncios apresurados y errores de comunicación, la conjugación entre ministerios, partidos afines y las ramas del poder público fue preponderantemente positiva. Pero, este año, la “paz total” ya ocasionó el primer choque de trenes, en este caso, entre la Fiscalía y el Ejecutivo.

El pasado 13 de enero, el ente liderado por Francisco Barbosa señaló a través de un documento oficial que no levantaría las órdenes de captura en contra de los miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo. La solicitud la había hecho el Gobierno en el marco del sometimiento a la justicia que negocia para algunos grupos de crimen organizado.

“La ley no habilita al Gobierno Nacional para adelantar negociaciones o celebrar acuerdos de paz con Grupos Armados Organizados sin carácter político, ni con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. En otras palabras, estas organizaciones únicamente pueden someterse a la justicia”, señalaba el documento.

La cosa no se quedó ahí, Barbosa agregó a esa determinación que, si bien “la Fiscalía apoya la ‘paz total’, tiene que haber unos límites. Esos límites para nosotros se producen en este caso en concreto”. Igualmente aseguró a Caracol Radio que no va a cambiar de posición y que él no es “un subalterno del presidente de la República, yo soy subalterno de la Constitución y la ley. El presidente tiene el derecho de solicitar con fundamento de sus competencias el levantamiento de órdenes de captura y yo tengo la facultad de decir que no, cuando no encuentro razones suficientes”.

Al respecto, se despertó el debate sobre la división de poderes, si Barbosa estaría actuando en contravía de las políticas del presidente Petro o si tiene la capacidad de negar la suspensión de las órdenes de captura. Aunque a algunos les parece razonable la decisión del fiscal general, otros cuestionan su permanencia en el cargo y hasta piden su renuncia.

Por eso, para el analista León Valencia Agudelo, director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), esta contradicción entre el poder Ejecutivo y Judicial representa “un conflicto enorme. Sin duda, la bandera del presidente Petro en este momento es la ‘paz total’, que también incluye a los grupos criminales”. Según dijo, esta política “tiene un apoyo muy grande de la opinión pública y de la comunidad internacional, por lo que se esperaba una facilitación de los tribunales y las fuerzas jurídicas”.

Mientras tanto, el ex ministro de Defensa y analista político, Gabriel Silva Luján, argumenta que no se trata de un pulso político sobre la ‘paz total’, pues la discusión no gira alrededor de razones ideológicas, según dice. “Es el ejercicio de la división de poderes (…) La Fiscalía ha esgrimido razones jurídicas, que han querido caracterizarse como personales o ideológicas”, señaló en su cuenta de Twitter. Adicionalmente, dice que “el Gobierno no está facultado para suspender órdenes a su antojo. Es potestad del poder judicial evaluar si las condiciones que permiten ejercer las facultades de la Ley de Orden Público se dan o no”.

Por el contrario, el senador y miembro de la mesa de negociaciones con el Eln, Iván Cepeda (Pacto Histórico), hace referencia al artículo 5 de la ley 2272 de 2022 o ley de “paz total”, que dice que “una vez iniciado un proceso de diálogo y, con el fin de facilitar el desarrollo de los mismos, las autoridades judiciales correspondientes suspenderán las órdenes de captura en contra de los miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz; o de los miembros representantes de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”, dice el texto.

Aunque Cepeda pidió respaldar la suspensión de las órdenes de captura, su copartidario y presidente del Senado, Roy Barreras, dice que hay que ser claros con el tratamiento jurídico que se le dará a cada actor armado que aspire lograr la paz. Reiteró que “las insurgencias con origen político pueden recibir tratamiento jurídico en justicia transicional”, pero que “los narcos y sus organizaciones deben ir a la justicia ordinaria”.

Fiscal, procuradora y registrador

Obviando la separación de poderes legitima que recoge la Constitución, con la existencia de órganos autónomos e independientes; la carta magna también indica que, si bien “tienen funciones separadas, colaboran armónicamente para la realización de sus fines (del Estado)”. Es decir, se supone que Gobierno y Fiscalía deben trabajar unidos y con objetivos similares.

Pero no es exclusivamente Barbosa quien convive con la administración Petro como jefe de uno de los máximo organismos de control del Estado y que viene del gobierno anterior. Igual es el caso de Margarita Cabello Blanco, la actual procuradora general de la Nación que, por cierto, ya salió a respaldar el punto de vista de la Fiscalía. “Debo decir que estoy de acuerdo con la postura del fiscal general de no suspender las órdenes de captura contra los miembros del Clan del Golfo solicitada por el Gobierno. Cómo él lo dijo, no se cumplieron los presupuestos legales ni constitucionales para ello”, dijo este martes Cabello.

Otro es el caso del registrador Alexánder Vega, que aunque no tiene competencia en esta materia, también viene de la administración Duque. Ha intentado caminar con su propuesta de Código Electoral en el Congreso, pero su baja favorabilidad ante la opinión pública y los recientes escándalos a su alrededor pusieron en problemas al Gobierno en el Congreso, especialmente respecto a la coordinación y conformación de la bancada oficialista.

Las opiniones en contra de la reforma al Código Electoral tenían que ver con la creación de nuevos cargos y la celebración de contratos. “El problema es la contratación. Va a ser una feria y se van a robar la plata”, dijo hace unos meses el senador Ariel Ávila (Alianza Verde), por lo que el Gobierno tuvo que echar para atrás el trámite.

Los personajes en cuestión siguen en sus cargos pues todavía les falta completar sus periodos, que no terminaron con el cambio de gobierno. Igualmente, legítimamente no renunciaron, como sí lo hicieron otros al enterarse del nuevo rumbo del Ejecutivo. Barbosa se mantendría en el cargo hasta febrero de 2024, que va su periodo. Mientras tanto, Cabello estará en la Procuraduría General de la Nación hasta el 2025 y Alexander Vega en la registraduría hasta octubre de este año, 2023.

Fuente: El Espectador