Ayudante De Santa
06-11-2015, 22:19:08
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jav01
30-07-2017, 14:12:02
Código de Policía: ahora sí ¡a pagar!
El martes empezará el cobró de multas, que llegan hasta los $700.000. El Distrito dice estar listo, pero hay asuntos por ajustar como el recaudo. Beber en la calle y colarse en Transmilenio, las mayores faltas.
http://www.elespectador.com/sites/default/files/polici.jpg
Se acabaron los comparendos pedagógicos del Código de Policía y a los infractores les llegó el momento de “meterse la mano al dril”. Desde el martes las alcaldías podrán cobrar las multas, que van hasta $786.000. Aunque todo debería estar listo, tras seis meses de proceso, las alcaldías coinciden en algo: faltan ajustes, incluso en Bogotá, que es la más avanzada. El sistema de recaudo, falta de recursos y de personal son algunos de ellos.
Según la Policía, hasta mediados de julio se impusieron 161.695 comparendos pedagógicos en el país. De estos, 3 de cada 10 fueron en Bogotá. Por su parte, la Secretaría de Seguridad reportó que hasta el 9 de julio aplicaron 49.524 comparendos en la capital, siendo el consumo de licor en vía pública la principal causa, con 8.555 casos (17,3 %), seguido por ingresar a Transmilenio sin pagar, con 6.493 (31,1 %); portar armas, con 5.302 (10,7 %), y ocupar el espacio público (vendedores ambulantes) con 4.793 (9,7 %).
Aunque las cifras demuestran trabajo, con un promedio de 300 sanciones diarias en Bogotá, todavía los municipios enfrentan dificultades. Según el secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, tras un diagnóstico que hizo el Distrito con varias alcaldías, se encontró que todas coinciden en falta de información y de reglamentación del Gobierno. “Renovar una norma de 46 años implica actualizaciones prácticas, físicas, de tecnología y de recursos humanos que nadie tenía. No obstante, Bogotá ha tenido un buen proceso, ya que el alcalde ha sido un defensor del Código y ha dispuesto lo necesario para sacarlo adelante”.
Aunque el Distrito es optimista en que cumplirá una buena tarea y marcará el camino a las otras poblaciones, hay preocupaciones. “Fuera de los recursos y de cómo organizar el sistema de recaudo de las multas, estamos tratando de solucionar los despachos comisorios. ¿Qué es eso? El Código les quitó tareas a los inspectores de Policía y quedaron en cabeza de los jueces. Sin embargo, éstos las están delegando en otros funcionarios como los alcaldes locales, que también tienen muchas funciones. Estamos hablando con el Consejo Superior de la Judicatura para encontrar una solución”.
Esta semana, la administración expedirá una serie de decretos reglamentarios y los artículos de un Código de Policía Distrital, que incluirá procedimiento y comportamientos específicos para Bogotá. “Ya establecimos que la Secretaría de Gobierno se encargará del control y la imposición de los comparendos, mientras que la de Seguridad se encargará de las medidas correctivas, como el recaudo y los cursos pedagógicos”, explicó Uribe.
Obvio, una de las dificultades de la puesta en marcha es la falta de personal y, puntualmente, de inspectores de Policía. “Recibimos 45 inspectores y ya tenemos 63. La idea es tener 82 en dos meses y 100 al finalizar el año. Con una particularidad: 17 serán especializados. Además, estamos fortaleciendo las inspecciones con personal y tecnología”, dijo el funcionario.
El cobro
Según el Código, el 60 % del recaudo será para que las alcaldías inviertan en programas de prevención, convivencia y cultura ciudadana, así como los cursos pedagógicos. El resto para inversión en temas de seguridad. Si se hacen cuentas con los datos de las nueve infracciones más frecuentes en Bogotá (ver infografía) y el potencial de recaudo, el cálculo arroja cerca de $9.000 millones.
Sin embargo, para el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, no se pueden hacer cuentas alegres con lo que se podría recaudar en la ciudad, ya que la cifra real es incierta. “El reto es que la gente realmente pague. Si con las multas de tránsito, que las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, el porcentaje de recaudo apenas llega al 50 %, ahora imagínese con esto”.
Son varios los factores que hacen incierto ese recaudo. Por un lado, que en algunos casos los ciudadanos pueden librarse de la sanción económica asistiendo a un curso pedagógico. Por el otro, que quienes paguen en los primeros cinco días tendrían un descuento del 50 %. Es decir, el recaudo final podría llegar al 25 %. ¿Y si el infractor no paga? Aunque la norma dice que una vez se superen los 30 días, empiezan a cobrarse intereses de mora, que podrían alcanzar el 30 % de la multa, y luego de esto se podría iniciar el cobro coactivo, para esto también faltan herramientas.
“Hay que tener en cuenta que pueden ser pocos los que paguen. Y con los que no quieran pagar, nos vemos enfrentados a otro problema: en estos casos no hay posibilidades de embargar nada, como con las multas de tránsito. De ahí que veamos que el tema del recaudo será un asunto difícil. Por eso es que, por ejemplo, estamos dando la pelea para que nos dejen cobrar a través de la factura de teléfono las llamadas de broma a la línea 123”.
Y agrega Mejía: “Hemos trabajado en el tema del recaudo para atarlo con el sistema nacional de medidas correctivas. Con la Secretaría de Hacienda estamos definiendo cómo será y la impresión de los recibos de las multas. Aunque hemos avanzado y comparado con otras ciudades, Bogotá está más adelante, tenemos que seguir afinando detalles para tener una buena implementación”.
Las críticas
Aunque el balance muestra que se ha avanzado, la implementación del Código de Policía no ha estado ajena a las críticas. Algunos lo consideran una medida contra las libertades de los ciudadanos y anuncian protestas, como la fumatón de marihuana o los reproches de los vendedores ambulantes, quienes dicen ser los más perseguidos.
Al menos así lo manifiesta el congresista Inti Asprilla, quien ha tomado la vocería de este sector. “La experiencia con los comparendos pedagógicos nos indica que las autoridades van a cometer atropellos en contra de los vendedores ambulantes con la aplicación plena de las sanciones”, señala el congresista, quien agrega que si les empiezan a imponer multas, el alcalde estaría desconociendo los derechos de esta población vulnerable. “En la Sentencia C-211 de 2017, la Corte Constitucional protege a los vendedores informales y prohíbe la imposición de multas hasta tanto se les haya brindado estrategias para la reubicación o alternativas de trabajo formal”.
Asprilla hizo un llamado al general Jorge Hernando Nieto, director de la Policía Nacional, para que defina un proceso de formación de los policías para que conozcan y respeten las sentencias de la Corte Constitucional y, de esta manera, evitar el hostigamiento a los vendedores ambulantes en Bogotá. “Nosotros continuamos enseñando en las calles a los vendedores informales cómo defender sus derechos por medio de la sentencia de la Corte Constitucional”.
Ahora que llega el momento de pagar, será la verdadera oportunidad para establecer los efectos de este nuevo Código de Policía, que busca mejorar con sanciones los comportamientos de los ciudadanos.
http://www.denunciando.com/attachment.php?attachmentid=2664457&stc=1&d=1501441604
FUENTE: elespectador.com
El martes empezará el cobró de multas, que llegan hasta los $700.000. El Distrito dice estar listo, pero hay asuntos por ajustar como el recaudo. Beber en la calle y colarse en Transmilenio, las mayores faltas.
http://www.elespectador.com/sites/default/files/polici.jpg
Se acabaron los comparendos pedagógicos del Código de Policía y a los infractores les llegó el momento de “meterse la mano al dril”. Desde el martes las alcaldías podrán cobrar las multas, que van hasta $786.000. Aunque todo debería estar listo, tras seis meses de proceso, las alcaldías coinciden en algo: faltan ajustes, incluso en Bogotá, que es la más avanzada. El sistema de recaudo, falta de recursos y de personal son algunos de ellos.
Según la Policía, hasta mediados de julio se impusieron 161.695 comparendos pedagógicos en el país. De estos, 3 de cada 10 fueron en Bogotá. Por su parte, la Secretaría de Seguridad reportó que hasta el 9 de julio aplicaron 49.524 comparendos en la capital, siendo el consumo de licor en vía pública la principal causa, con 8.555 casos (17,3 %), seguido por ingresar a Transmilenio sin pagar, con 6.493 (31,1 %); portar armas, con 5.302 (10,7 %), y ocupar el espacio público (vendedores ambulantes) con 4.793 (9,7 %).
Aunque las cifras demuestran trabajo, con un promedio de 300 sanciones diarias en Bogotá, todavía los municipios enfrentan dificultades. Según el secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, tras un diagnóstico que hizo el Distrito con varias alcaldías, se encontró que todas coinciden en falta de información y de reglamentación del Gobierno. “Renovar una norma de 46 años implica actualizaciones prácticas, físicas, de tecnología y de recursos humanos que nadie tenía. No obstante, Bogotá ha tenido un buen proceso, ya que el alcalde ha sido un defensor del Código y ha dispuesto lo necesario para sacarlo adelante”.
Aunque el Distrito es optimista en que cumplirá una buena tarea y marcará el camino a las otras poblaciones, hay preocupaciones. “Fuera de los recursos y de cómo organizar el sistema de recaudo de las multas, estamos tratando de solucionar los despachos comisorios. ¿Qué es eso? El Código les quitó tareas a los inspectores de Policía y quedaron en cabeza de los jueces. Sin embargo, éstos las están delegando en otros funcionarios como los alcaldes locales, que también tienen muchas funciones. Estamos hablando con el Consejo Superior de la Judicatura para encontrar una solución”.
Esta semana, la administración expedirá una serie de decretos reglamentarios y los artículos de un Código de Policía Distrital, que incluirá procedimiento y comportamientos específicos para Bogotá. “Ya establecimos que la Secretaría de Gobierno se encargará del control y la imposición de los comparendos, mientras que la de Seguridad se encargará de las medidas correctivas, como el recaudo y los cursos pedagógicos”, explicó Uribe.
Obvio, una de las dificultades de la puesta en marcha es la falta de personal y, puntualmente, de inspectores de Policía. “Recibimos 45 inspectores y ya tenemos 63. La idea es tener 82 en dos meses y 100 al finalizar el año. Con una particularidad: 17 serán especializados. Además, estamos fortaleciendo las inspecciones con personal y tecnología”, dijo el funcionario.
El cobro
Según el Código, el 60 % del recaudo será para que las alcaldías inviertan en programas de prevención, convivencia y cultura ciudadana, así como los cursos pedagógicos. El resto para inversión en temas de seguridad. Si se hacen cuentas con los datos de las nueve infracciones más frecuentes en Bogotá (ver infografía) y el potencial de recaudo, el cálculo arroja cerca de $9.000 millones.
Sin embargo, para el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, no se pueden hacer cuentas alegres con lo que se podría recaudar en la ciudad, ya que la cifra real es incierta. “El reto es que la gente realmente pague. Si con las multas de tránsito, que las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, el porcentaje de recaudo apenas llega al 50 %, ahora imagínese con esto”.
Son varios los factores que hacen incierto ese recaudo. Por un lado, que en algunos casos los ciudadanos pueden librarse de la sanción económica asistiendo a un curso pedagógico. Por el otro, que quienes paguen en los primeros cinco días tendrían un descuento del 50 %. Es decir, el recaudo final podría llegar al 25 %. ¿Y si el infractor no paga? Aunque la norma dice que una vez se superen los 30 días, empiezan a cobrarse intereses de mora, que podrían alcanzar el 30 % de la multa, y luego de esto se podría iniciar el cobro coactivo, para esto también faltan herramientas.
“Hay que tener en cuenta que pueden ser pocos los que paguen. Y con los que no quieran pagar, nos vemos enfrentados a otro problema: en estos casos no hay posibilidades de embargar nada, como con las multas de tránsito. De ahí que veamos que el tema del recaudo será un asunto difícil. Por eso es que, por ejemplo, estamos dando la pelea para que nos dejen cobrar a través de la factura de teléfono las llamadas de broma a la línea 123”.
Y agrega Mejía: “Hemos trabajado en el tema del recaudo para atarlo con el sistema nacional de medidas correctivas. Con la Secretaría de Hacienda estamos definiendo cómo será y la impresión de los recibos de las multas. Aunque hemos avanzado y comparado con otras ciudades, Bogotá está más adelante, tenemos que seguir afinando detalles para tener una buena implementación”.
Las críticas
Aunque el balance muestra que se ha avanzado, la implementación del Código de Policía no ha estado ajena a las críticas. Algunos lo consideran una medida contra las libertades de los ciudadanos y anuncian protestas, como la fumatón de marihuana o los reproches de los vendedores ambulantes, quienes dicen ser los más perseguidos.
Al menos así lo manifiesta el congresista Inti Asprilla, quien ha tomado la vocería de este sector. “La experiencia con los comparendos pedagógicos nos indica que las autoridades van a cometer atropellos en contra de los vendedores ambulantes con la aplicación plena de las sanciones”, señala el congresista, quien agrega que si les empiezan a imponer multas, el alcalde estaría desconociendo los derechos de esta población vulnerable. “En la Sentencia C-211 de 2017, la Corte Constitucional protege a los vendedores informales y prohíbe la imposición de multas hasta tanto se les haya brindado estrategias para la reubicación o alternativas de trabajo formal”.
Asprilla hizo un llamado al general Jorge Hernando Nieto, director de la Policía Nacional, para que defina un proceso de formación de los policías para que conozcan y respeten las sentencias de la Corte Constitucional y, de esta manera, evitar el hostigamiento a los vendedores ambulantes en Bogotá. “Nosotros continuamos enseñando en las calles a los vendedores informales cómo defender sus derechos por medio de la sentencia de la Corte Constitucional”.
Ahora que llega el momento de pagar, será la verdadera oportunidad para establecer los efectos de este nuevo Código de Policía, que busca mejorar con sanciones los comportamientos de los ciudadanos.
http://www.denunciando.com/attachment.php?attachmentid=2664457&stc=1&d=1501441604
FUENTE: elespectador.com
Ayudante De Santa
06-11-2015, 22:19:08
jav01
30-07-2017, 14:17:38
Este martes empieza cobro de multas por nuevo Código de Policía
La más cara vale $ 786.898, por agredir a un policía. Botar basura en la calle costará $ 98.362.
http://www.eltiempo.com/files/article_main/uploads/2017/07/29/597d3a327bf97.jpeg
Desde el próximo 1 de agosto, la etapa de socialización y pedagogía del Código culmina y entra en vigencia la aplicación de los cuatro tipos de multa.
Cada hora, 42 ciudadanos fueron sancionados por la Policía por comportamientos contrarios a la convivencia en los últimos seis meses.
Al día, 991 personas recibieron llamados de atención y multas pedagógicas por parte de los uniformados. Ellos incumplieron con alguno de los 243 artículos del Código de Policía, que entró en vigencia el pasado 30 de enero, y que no es más que una guía de normas de convivencia y respeto.
Desde el próximo 1 de agosto, la etapa de socialización y pedagogía del Código culmina y entra en vigencia la aplicación de los cuatro tipos de multa –que van desde los $ 98.362 hasta los $ 786.898– para sancionar a los que no respetan la convivencia. Además, habrá sanciones para otras conductas, como la falta de adopción de medidas especiales para eventos con aglomeración de personas (falta de ambulancias, exceso de ruido), las construcciones sin licencia y la contaminación visual.
El dolor de cabeza de las autoridades a nivel nacional sigue siendo el consumo de bebidas embriagantes en espacio público. Desde el martes, esta infracción costará $ 393.499.
Esa conducta es una de las más reiteradas: se impusieron 35.158 sanciones pedagógicas por esta causa. Las siguientes en la lista fueron el porte de elementos cortopunzantes (17.595); las riñas (13.217); orinar en la calle (10.054) y ocupar el espacio público (9.465). En total se impusieron 288.100 medidas tanto correctivas como pedagógicas en todo el país.
El general Jorge Hernando Nieto, director de la Policía, le dijo a EL TIEMPO que la entrada en vigencia del Código ha contribuido positivamente en los indicadores de seguridad. Nieto dice que hay una disminución en los homicidios por hechos de intolerancia (162 vidas salvadas) y en las lesiones personales (cayeron un 24 por ciento: 14.451 personas heridas menos).
En esta disminución fue clave la mediación de los policías, quienes, a través del diálogo lograron solucionar 48.286 enfrentamientos, muchos de ellos entre familiares y vecinos. La causa más frecuente fue el ruido en horas de descanso.
En total, 49.745 personas participaron en los programas comunitarios o actividades pedagógicas, muchas de ellas después de ser sorprendidas colándose en los sistemas de transporte masivo.
En Bogotá se resalta que paulatinamente los usuarios de TransMilenio han empezado a dejar de lado ese comportamiento, el cual será sancionado con el pago de 196.724 pesos.
Recurriendo al Código, la Policía logró cerrar de manera inmediata 1.004 establecimientos de venta de celulares que no cumplían con las normas y se incautaron más de 632.000 teléfonos.
A pagar
El policía que sorprenda a una persona transgrediendo el Código le explicará inicialmente por qué está incurriendo en una acción o actividad sancionada. Si es receptivo y cambia de actitud, no habrá sanción más allá de la amonestación verbal. Pero si reincide o no acepta la situación, será multado.
Las multas tipo 1 y 2 pueden conmutarse en los cinco primeros días con un curso pedagógico o trabajo social, que será impuesto por el alcalde local. Las sanciones tipo 3 y 4 tendrán pago obligatorio, pero si en los cinco primeros días se toma el curso pedagógico o la labor social, tendrán una reducción del 25 por ciento. Esta gabela estará vigente por un año.
Si el infractor no cumple con el pago de la multa durante el primer mes empezarán a correr intereses en su contra y la deuda será reportada en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. Es decir, el infractor incumplido entrará en la lista de morosos del Estado. En todo caso, la consulta de esos datos solo podrá hacerla la persona o las entidades oficiales.
Quien no pague no podrá ser nombrado o ascendido en cargos públicos, contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado, obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio, obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas e ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública.
Si alguien no está de acuerdo con la multa, tiene tres días hábiles para presentarse ante la autoridad competente y objetar la sanción. También aplica para el cumplimiento del programa comunitario o pedagógico que se le impuso. Los videos, las fotos y el material que puedan recopilar el policía o el ciudadano para dar a conocer una infracción serán tenidos en cuenta por la autoridad competente como prueba para aplicar o retirar la sanción.
Las multas deben pagarse en los bancos establecidos por la alcaldía local.
Policía medió en 48.286 altercados
El general Jorge Hernando Nieto, director de la Policía, dice que el Código de Policía ya se está sintiendo en la vida de los colombianos. Asegura que los ciudadanos tienen más conciencia de comportamientos que afectan la convivencia y que hay más tolerancia.
¿Cómo se va a manejar la posible molestia del ciudadano con las multas?
Aplicando la esencia del Código Nacional de Policía y Convivencia, que es la prevención y la pedagogía. Los artículos rectores de esta norma buscan la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre los ciudadanos y las autoridades, para que en conjunto logremos mejorar la convivencia y reducir al máximo los niveles de intolerancia.
¿Cuáles fueron los logros más representativos de la etapa pedagógica?
Se logró más conciencia ciudadana y se empezaron a ver mejores niveles de cultura, tolerancia y ánimo conciliatorio. Gracias a las 48.286 mediaciones policiales hechas en la etapa pedagógica, se logró evidenciar que el diálogo permite llegar a acuerdos incluso en hechos complejos. Esto, con el apoyo y disposición incondicional de las autoridades de Policía.
¿Y frente al delito?
Desde que entró en vigencia el Código ha contribuido a mejorar los índices de tolerancia entre los ciudadanos. Se ha evidenciado, por ejemplo, una disminución de las riñas y del número de personas lesionadas en un 24 por ciento. Hay una reducción del homicidio del 9 por ciento.
Así mismo, el manejo de las basuras, la formalización de la actividad económica, el ruido o contaminación auditiva, la recuperación de entornos y la responsabilidad frente a la tenencia de mascotas son comportamientos que han mejorado notablemente.
¿Qué falta para aplicar el Código en toda su capacidad?
Más sinergia entre las autoridades para ejecutar todas las tareas que les dejó este marco normativo, como lo son el nombramiento de más inspectores de policía y una mayor adecuación de sitios, bodegas, sistemas y centros de traslado por protección. Igualmente, se requiere un acompañamiento permanente a las autoridades de Policía.
¿Están capacitados en su totalidad los policías para aplicar la norma?
La Policía ha desplegado al máximo la capacitación de su personal por todos los medios presenciales y tecnológicos. En la interpretación del Código seguirán marcando la pauta las decisiones de la Corte Constitucional.
FUENTE: eltiempo.com
La más cara vale $ 786.898, por agredir a un policía. Botar basura en la calle costará $ 98.362.
http://www.eltiempo.com/files/article_main/uploads/2017/07/29/597d3a327bf97.jpeg
Desde el próximo 1 de agosto, la etapa de socialización y pedagogía del Código culmina y entra en vigencia la aplicación de los cuatro tipos de multa.
Cada hora, 42 ciudadanos fueron sancionados por la Policía por comportamientos contrarios a la convivencia en los últimos seis meses.
Al día, 991 personas recibieron llamados de atención y multas pedagógicas por parte de los uniformados. Ellos incumplieron con alguno de los 243 artículos del Código de Policía, que entró en vigencia el pasado 30 de enero, y que no es más que una guía de normas de convivencia y respeto.
Desde el próximo 1 de agosto, la etapa de socialización y pedagogía del Código culmina y entra en vigencia la aplicación de los cuatro tipos de multa –que van desde los $ 98.362 hasta los $ 786.898– para sancionar a los que no respetan la convivencia. Además, habrá sanciones para otras conductas, como la falta de adopción de medidas especiales para eventos con aglomeración de personas (falta de ambulancias, exceso de ruido), las construcciones sin licencia y la contaminación visual.
El dolor de cabeza de las autoridades a nivel nacional sigue siendo el consumo de bebidas embriagantes en espacio público. Desde el martes, esta infracción costará $ 393.499.
Esa conducta es una de las más reiteradas: se impusieron 35.158 sanciones pedagógicas por esta causa. Las siguientes en la lista fueron el porte de elementos cortopunzantes (17.595); las riñas (13.217); orinar en la calle (10.054) y ocupar el espacio público (9.465). En total se impusieron 288.100 medidas tanto correctivas como pedagógicas en todo el país.
El general Jorge Hernando Nieto, director de la Policía, le dijo a EL TIEMPO que la entrada en vigencia del Código ha contribuido positivamente en los indicadores de seguridad. Nieto dice que hay una disminución en los homicidios por hechos de intolerancia (162 vidas salvadas) y en las lesiones personales (cayeron un 24 por ciento: 14.451 personas heridas menos).
En esta disminución fue clave la mediación de los policías, quienes, a través del diálogo lograron solucionar 48.286 enfrentamientos, muchos de ellos entre familiares y vecinos. La causa más frecuente fue el ruido en horas de descanso.
En total, 49.745 personas participaron en los programas comunitarios o actividades pedagógicas, muchas de ellas después de ser sorprendidas colándose en los sistemas de transporte masivo.
En Bogotá se resalta que paulatinamente los usuarios de TransMilenio han empezado a dejar de lado ese comportamiento, el cual será sancionado con el pago de 196.724 pesos.
Recurriendo al Código, la Policía logró cerrar de manera inmediata 1.004 establecimientos de venta de celulares que no cumplían con las normas y se incautaron más de 632.000 teléfonos.
A pagar
El policía que sorprenda a una persona transgrediendo el Código le explicará inicialmente por qué está incurriendo en una acción o actividad sancionada. Si es receptivo y cambia de actitud, no habrá sanción más allá de la amonestación verbal. Pero si reincide o no acepta la situación, será multado.
Las multas tipo 1 y 2 pueden conmutarse en los cinco primeros días con un curso pedagógico o trabajo social, que será impuesto por el alcalde local. Las sanciones tipo 3 y 4 tendrán pago obligatorio, pero si en los cinco primeros días se toma el curso pedagógico o la labor social, tendrán una reducción del 25 por ciento. Esta gabela estará vigente por un año.
Si el infractor no cumple con el pago de la multa durante el primer mes empezarán a correr intereses en su contra y la deuda será reportada en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. Es decir, el infractor incumplido entrará en la lista de morosos del Estado. En todo caso, la consulta de esos datos solo podrá hacerla la persona o las entidades oficiales.
Quien no pague no podrá ser nombrado o ascendido en cargos públicos, contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado, obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio, obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas e ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública.
Si alguien no está de acuerdo con la multa, tiene tres días hábiles para presentarse ante la autoridad competente y objetar la sanción. También aplica para el cumplimiento del programa comunitario o pedagógico que se le impuso. Los videos, las fotos y el material que puedan recopilar el policía o el ciudadano para dar a conocer una infracción serán tenidos en cuenta por la autoridad competente como prueba para aplicar o retirar la sanción.
Las multas deben pagarse en los bancos establecidos por la alcaldía local.
Policía medió en 48.286 altercados
El general Jorge Hernando Nieto, director de la Policía, dice que el Código de Policía ya se está sintiendo en la vida de los colombianos. Asegura que los ciudadanos tienen más conciencia de comportamientos que afectan la convivencia y que hay más tolerancia.
¿Cómo se va a manejar la posible molestia del ciudadano con las multas?
Aplicando la esencia del Código Nacional de Policía y Convivencia, que es la prevención y la pedagogía. Los artículos rectores de esta norma buscan la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre los ciudadanos y las autoridades, para que en conjunto logremos mejorar la convivencia y reducir al máximo los niveles de intolerancia.
¿Cuáles fueron los logros más representativos de la etapa pedagógica?
Se logró más conciencia ciudadana y se empezaron a ver mejores niveles de cultura, tolerancia y ánimo conciliatorio. Gracias a las 48.286 mediaciones policiales hechas en la etapa pedagógica, se logró evidenciar que el diálogo permite llegar a acuerdos incluso en hechos complejos. Esto, con el apoyo y disposición incondicional de las autoridades de Policía.
¿Y frente al delito?
Desde que entró en vigencia el Código ha contribuido a mejorar los índices de tolerancia entre los ciudadanos. Se ha evidenciado, por ejemplo, una disminución de las riñas y del número de personas lesionadas en un 24 por ciento. Hay una reducción del homicidio del 9 por ciento.
Así mismo, el manejo de las basuras, la formalización de la actividad económica, el ruido o contaminación auditiva, la recuperación de entornos y la responsabilidad frente a la tenencia de mascotas son comportamientos que han mejorado notablemente.
¿Qué falta para aplicar el Código en toda su capacidad?
Más sinergia entre las autoridades para ejecutar todas las tareas que les dejó este marco normativo, como lo son el nombramiento de más inspectores de policía y una mayor adecuación de sitios, bodegas, sistemas y centros de traslado por protección. Igualmente, se requiere un acompañamiento permanente a las autoridades de Policía.
¿Están capacitados en su totalidad los policías para aplicar la norma?
La Policía ha desplegado al máximo la capacitación de su personal por todos los medios presenciales y tecnológicos. En la interpretación del Código seguirán marcando la pauta las decisiones de la Corte Constitucional.
FUENTE: eltiempo.com
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