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 | Aunque la mitad de las veredas de Tarazá están libres de cultivos, persisten los problemas
Polémica en el Bajo Cauca antioqueño por efectos del glifosato
Por: Ricardo León Cruz Baena / Reporteros de Colombia*
Con la visita del Gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, al municipio de Tarazá el pasado 4 de marzo, la Administración Departamental dio por conjurada una protesta campesina que amenazaba en convertirse en todo un levantamiento popular sin precedentes en la región.
Foto: Jeremy Bigwood
Fumigación aérea en el Bajo Cauca antioqueño.
Para el Gobierno departamental se trataba de la segunda movilización que debía afrontar en menos de un mes. El 28 de enero, los emisarios de Ramos Botero tuvieron que concentrar todos sus esfuerzos para sacar adelante una tensa negociación con los campesinos de Anorí, Nordeste antioqueño, quienes 15 días antes habían llegado al casco urbano de la localidad en número cercano a los seis mil para exigir el cese inmediato de las fumigaciones aéreas contra los cultivos de hoja de coca como única condición para retornar a sus parcelas.
Superada esta crisis, las autoridades departamentales nunca imaginaron que el 18 de febrero se presentaría una nueva concentración masiva, esta vez en Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, hasta donde llegaron más de dos mil campesinos de toda la subregión para exigir, al igual que los labriegos del Nordeste del departamento, la suspensión de las aspersiones con glifosato.
No era la primera vez que los pobladores del Bajo Cauca formulaban esta petición. En 2008, Tarazá fue epicentro de cuatro desplazamientos masivos en señal de rechazo por las fumigaciones aéreas. En 2009, habitantes de los corregimientos El 12 de esta localidad y Puerto Valdivia, de Valdivia, marcharon nuevamente en contra de las consecuencias del “veneno” que expulsan las avionetas, como suelen llamar al fungicida en estas tierras.
La historia volvió a repetirse en 2011 y, al igual que en los años anteriores, el “tira y afloje” entre los discursos de la oficialidad y los reclamos de los labriegos marcaron la compleja agenda de negociaciones durante dos semanas. Pese a que al final quedaron consignados una serie de acuerdos suscritos por el Gobierno departamental, queda en el ambiente la pregunta sobre el trasfondo de estas protestas.
Y es que mientras para las autoridades civiles y policiales del departamento se trata de una estrategia de los grupos armados ilegales, en especial de las Farc, para evitar la erradicación de cultivos ilícitos utilizando a los pobladores de zonas rurales como escudo, por el contrario para los campesinos la movilización se ha convertido en la única opción de solicitar alternativas viables de sustitución, mejoramiento de los medios de producción agrícola y, principalmente, reparaciones efectivas frente a los daños producidos en los sembradíos de pancoger debido a la aspersión del glifosato.
Los problemas de la coca
Al Bajo Cauca se le considera como el “centro cocalero de Antioquia” por excelencia y las estadísticas así lo confirman. Para el año 2007, el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) registró un total de 9.925 hectáreas sembradas con hoja de coca en Antioquia de las cuales, unas 8.804 se concentraban en los seis municipios del Bajo Cauca. Para ese año, localidades como El Bagre, Tarazá y el propio Cáceres llegaron a registrar los niveles más altos de siembra y producción de la hoja (1.750 Ha, 1.663 Ha. y 562 Ha respectivamente).
Desde su llegada, de mano de los paramilitares por allá en los años noventa según recuerdan sus pobladores, el nuevo “oro verde” no sólo hizo olvidar la tradición minera de la región sino que generó una bonanza económica sin precedentes que fue bien capitalizada por jefes paramilitares como Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy, y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. “El Bajo Cauca fue siempre un territorio minero. De eso vivía la población. Pero llegó la coca y la gente se dedicó masivamente a esa actividad”, recuerda Nury Escobar, actual secretaria de Gobierno de Cáceres.
En el marco del Plan Colombia, desde el 2004 la Policía Antinarcóticos intensificó en el Bajo Cauca el plan de erradicación de cultivos de hoja de coca vía aspersión aérea, el cual se reforzó en el 2006 con procesos de erradicación manual luego de la desmovilización de los Bloques Minero y Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Según la Gobernación de Antioquia, lo anterior ha permitido una reducción cercana al 64% de los cultivos ilícitos en los últimos cinco años en toda la región. A la fecha, las autoridades civiles y policiales tienen registros de 3.306 Ha cultivadas en todo el departamento de las cuales unas 1.200 Ha de encuentran en el Parque Nacional Nudo de los Paramillos y el resto en localidades como El Bagre, Nechí y Zaragoza.
Conscientes que la coca es la “vitamina” que alimenta el duro conflicto armado que padece la región, donde se registra fuerte presencia de Bandas Criminales (Bacrim) como Los Rastrojos, Los Paisas y Los Urabeños así como de los frentes 18 y 36 de las Farc, la Gobernación de Antioquia ha manifestado que continuará con la estrategia de fumigaciones aéreas con glifosato para acabar con los cultivos ilícitos. “Hemos tenido unos problemas muy delicados con los erradicadores manuales porque han sido atacados por las Farc y como ellos han sembrado minas antipersona para cuidar los cultivos que todavía quedan, entonces la opción es fumigar”, acota Carlos Vallejo, director de Derechos Humanos de la Gobernación.
Pero es precisamente la utilización del fungicida la que genera molestias entre el campesinado y no los procesos de erradicación en sí, como ellos mismos aclaran. Las quejas sobre daños producidos por el glifosato en cultivos de plátano, yuca, cacao, caucho, maíz y frijol constituyen una constante entre la población así en las Alcaldías Municipales, oficinas de Acción Social o Personerías no figuren más que un par de querellas por esta situación.
Para los labriegos, lo anterior tiene una sencilla explicación: las exigencias del Estado para acceder a una reparación son tantas que parecen imposibles de cumplir. En la región es popular la historia de Carlos Ciro, un campesino que en el año 2007 decidió sustituir, por su propia cuenta, los cultivos de coca por plátano. Para ello, Ciro invirtió cerca de 20 millones de pesos en una platanera de 20 Ha ubicada en la vereda Santa Clara, en límites con la localidad de Uré, departamento de Córdoba. Pocos meses después, en momentos en que la Policía Antinarcóticos realizaba fumigaciones en la zona, el glifosato cayó en su campo quemándole la casi totalidad de su plátanos.
El veneno que cae del cielo
Entre diciembre de 2010 y enero de 2011, la Policía Antinarcóticos realizó varios operativos de fumigación aérea en el Bajo Cauca antioqueño. Paradójicamente, los propios pobladores afirman que, luego de las aspersiones realizadas en 2008, buena parte de la región se encuentra libre de hoja de coca, por lo que el fungicida resultó afectando sembradíos de pancoger, como el de don Ovidio Conde Salgado.
“Me quemaron más de tres mil palos de yuca que tenía para comercializar. Y con ese veneno, la tierra ya no queda sirviendo. Hay que esperar varios años para que vuelva a producir. Me dejaron aguantando hambre prácticamente”, relata don Ovidio, quien había adquirido un terreno en la vereda Las Acacias, sector del Cañón de Iglesias, y en donde había invertido cerca de dos millones de pesos en su cultivo.
Su caso no es el único. A varios kilómetros de allí, en el corregimiento La Caucana, Jorge Lara vive un drama similar. Con la intención de brindar nuevas fuentes de empleo a los antiguos cocaleros del corregimiento, Jorge conformó en mayo de 2010 una asociación dedicada a la explotación de yuca. Con una inversión superior a los 14 millones de pesos, Jorge y otro cinco campesinos sembraron 60 mil palos del tubérculo en seis Ha que, para su infortunio, fueron fumigadas con glifosato en su totalidad el 4 de febrero de este año.
Lo curioso es que él mismo había llevado a la Policía del corregimiento para que tomaran las coordenadas de su proyecto y le fueron enviadas a los responsables de las aspersiones y así, evitar complicaciones. “Pero vea, es como si les hubiera dado las coordenadas para que me fumigaran. Ahí donde teníamos el cultivo hubo coca, pero hace muchos años. Ahora ahí hay caucho y cacao. Ni siquiera alrededor hay coca, como para decir que se equivocaron. Ya esa yuca se perdió toda”, agrega Jorge.
¿Veneno o herbicida?
¿Qué tan nocivo es el glifosato? Al parecer, las investigaciones realizadas al respecto no arrojan las claridades suficientes. Un estudio realizado en 2005 por la División de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de las Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA), a solicitud de los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y Reino Unido, determinó que la mezcla del fungicida utilizado por las autoridades colombianas para la aspersión en cultivos de hoja de coca representa un nivel bajo o nulo de riesgo para la salud humana.
Sin embargo, una investigación realizada en 2010 por una estudiante de Maestría en Salud Animal de la Universidad Nacional de Colombia, que fue galardonada por institutos internacionales de estudios ambientales, encontró que el glifosato tendría incidencia negativa en la salud de los peces ya que causa una disminución en una enzima que regula la capacidad antioxidante de los organismos de estos animales. Cuando esto ocurre, se produce con mayor facilidad la oxidación dentro del cuerpo de los peces; es decir, se acelera el proceso de envejecimiento debido al daño de las células. Lo interesante del hallazgo es que los humanos también poseen dicha enzima, por lo que el estudio agrega que “así como se da en peces una persona que esté expuesta a glifosato puede llegar a sufrir efectos muy parecidos. Tal vez no produzca la muerte, pero detrás vendrían consecuencias a largo plazo”.
Última edición por armando2007; 19-05-2011 a las 14:33:03 |