¿Qué percepción le quedó de la seguridad en el Aburrá, tras los encuentros en Itagüí y la 13?
"Se hizo una revisión minuciosa de lo que ocurre en Itagüí y la Comuna 13, donde hay fenómenos similares relacionados con estructuras ligadas con el microtráfico de estupefacientes, la microextorsión, ancladas en territorio urbano, que generan alta siniestralidad delictiva expresada en homicidios como consecuencia de disputas por el control territorial o retaliaciones. Ese es un problema persistente, ha habido capturas y judicialización de miembros de estos combos, pero es un trabajo que exige mucha inteligencia y tiempo para tener las órdenes de captura por la Fiscalía.
Tenemos otro desafío, el de garantizar que en las cárceles no delincan. He recibido quejas que desde las cárceles locales se siguen cometiendo delitos, que el sistema de control para impedirlo no es suficiente, se requiere apretar el control para evitar que desde allí se siga extorsionando o dando órdenes de homicidios. Vamos a actuar con severidad frente a los dos temas.
Se ha dispuesto que en un plazo de dos semanas se tenga preparado un plan piloto de seguridad ciudadana con énfasis en microtráfico y microextorsión para Itagüí. Es un municipio que por su topografía, tamaño, densidad y fenomenología criminal reviste las condiciones para convertirse en el epicentro de coordinación y trabajo con unos mecanismos tecnológicos que permita intervenirlo de manera especial.
También hemos establecido que se haga una revisión cuidadosa de los avances de las operaciones, del nivel de coordinación de las instituciones en la Comuna 13, con el objeto de mejorar los resultados. Lo que hemos pedido es un fuerte timonazo para mejorar la integración, la coordinación, el uso de elementos tecnológicos, la inteligencia y los resultados con mayor celeridad".
y si los resultados toman tiempo, ¿cómo hacer para que la comunidad no pierda la paciencia?
"Hay que contarle a la gente que la forma de neutralizar a estos combos criminales en la afectación que le causan, solamente es una una: inteligencia y judicialización.
La afectación principal es extorsión, amenazas e intimidación a la población. La única manera de que neutralicemos estas estructuras es probando la extorsión. Hay un gran problema de judicialización porque la mayor parte de la gente que paga no denuncia y sin ella es muy difícil que un fiscal libre órdenes de captura.
Es más, cuando se presenta la extorsión la disfrazan como si fuera una transacción comercial o el pago de un préstamo. Ahí hay un reto de inteligencia que hemos planteado con toda franqueza a las autoridades para que busquen fuentes de demostración del delito, más allá de la denuncia de la gente, o sea, elementos de inteligencia, tecnológicos, colaboración de los propios delincuentes, pago de recompensas u otros mecanismos que permitan que la justicia pueda individualizarlos sin tener que depender de testimonios de las propias víctimas, porque la gente tiene miedo".
¿Es un cambio en las estrategias?
"Es que también hemos recibido información de que hay gente que se presenta como víctimas, pero hacen parte del negocio de la extorsión. El reto exige una más intensa colaboración de la ciudadanía, insisto en que la gente denuncie. Se deben extender mecanismos para cerrarle el paso a esos circuitos de microextorsión.
Incluso, retos de extender a toda el área metropolitana los proyectos que hay para implementar un sistema de pago del transporte masivo a través de cupones y tarjetas para que no se maneje dinero en efectivo en ese sector tan sensible del transporte".
¿Acaso ampliar a todo el sector el sistema de tarjeta inteligente del Metro?
"Va en esa dirección. Es una buena respuesta institucional que va a las causas del sistema extorsivo que tenemos en Colombia, que trata de cambiar la manera como se pagaba el transporte masivo, que permitía que los conductores manejaran dinero en efectivo y fueran susceptibles de ser extorsionados".
¿La idea es quitar la liquidación día a día al conductor raso?
"Un cambio como este puede tener un efecto descomunal en la reducción de la afectación delincuencial en el área metropolitana. Lo respaldamos, recibimos el informe de cómo marcha ese proceso en Medellín, pero pedimos que se extienda a toda el área, incluyendo el caso específico de Itagüí. Lo importante es que el transporte masivo no maneje dinero en efectivo, sino que los ciudadanos compren y manejen la tarjeta".
¿De pronto no sería poner al delincuente a un cobro mensual?
"Creo que es un avance importante. La lógica de la microextorsión es el tamaño, es tan pequeño que la gente cree que es mejor pagarlo. Y más costoso, engorroso, desgastador y riesgoso, denunciarlo. Pero si ya los obligamos a que no puedan tener ese pedacito diario, sino que traten de ir cada mes, aumenta la extorsión y por lo tanto mucha gente empieza a pensar que es mejor denunciar.
Esa es la lógica de reacciones como ésta. Pero también hay que enfrentar la microextorsión y delincuencia vinculada con el paga diario, con el gota a gota, todo ese sistema que hay de usura.
Pedimos a la Policía que frente a dos temas específicos: la usura y la venta de minutos en la calle, que están muy asociadas con el sistema de redes criminales en el Aburrá y el país, presentemos iniciativas al Congreso para buscar herramientas que permitan reaccionar con mayor vigor frente a modalidades que tienen apariencia de informalidad, pero vinculadas con redes que terminan en delitos más graves".
¿No sería volver a la discusión del pasado gobierno de hacer ilegal la venta de minutos?
"Hoy se recordó esa iniciativa y el fracaso que tuvo en el Congreso. Lo pedido a la Policía es que revise otra vez esa iniciativa, la actualice con base en las lecciones que hemos tenido desde que se dio ese debate, para estudiar la viabilidad de volver a presentar el tema a consideración del Congreso".